Carlos Emilio Liuzzi fue subsecretario de Legal y Técnica durante todo el kirchnerismo. De muy bajo perfil, secundó al poderoso Carlos Zannini en aquella oficina en la que se controlaban todos los papeles sensibles que firmaron Néstor y Cristina Kirchner mientras estuvieron a cargo de la presidencia.
Hoy Zannini, vacunado contra el coronavirus como personal de salud, es el Procurador del Tesoro de la Nación. En cambio Liuzzi, alejado de la función pública y dedicado a sus negocios privados, debe explicarle a un fiscal cómo fue su evolución patrimonial en un expediente en el que se investiga su enriquecimiento ilícito.
El 14 de abril pasado, el fiscal federal Ramiro González , después de analizar un peritaje contable, intimó a o Liuzzi para que justifique el aumento de su patrimonio. La intimación por parte del fiscal en un caso por enriquecimiento ilícito es el paso previo al llamado a indagatoria.
Luizzi secundó a Zannini desde 2003 a 2015 y mantuvo siempre un bajo perfil. Su nombre se hizo más conocido cuando en marzo de 2014 Infobae reveló que el entonces juez Norberto Oyarbide había confesado -en un sumario interno realizado por la Cámara Federal- que ante un llamado de Liuzzi suspendió un allanamiento a una cueva financiera investigada por lavado de dinero. Guillermo Greppi, dueño de esa cueva que admitió entonces tener contactos con lo más alto del poder del kirchnerismo, aseguró que le había pedido a Liuzzi que hiciera algo para evitar el allanamiento. Oyarbide para entonces, tenía una excelente relación con Zannini.
Desde aquella vez cambió la suerte judicial de Liuzzi. Es que Oyarbide- a quien el ex segundo de Zannini había llamado para interceder por su amigo Greppi- había archivado un expediente iniciado en 2012 en el que se investigaban dos cosas: el enriquecimiento de Liuzzi y su relación con una empresa que prestaba servicios a la secretaría Legal y Técnica. Según sus declaraciones juradas Liuzzi pasó de un patrimonio de $265.000 al final de 2003 a uno de $7.482.000 al cierre del año 2014.
Luego de la admisión del llamado a Oyarbide, el fiscal del caso Patricio Evers (fallecido en abril de 2017) pidió que se desarchivara el expediente porque quedó al descubierto la relación entre el juez que había cerrado la causa y el beneficiario de esa decisión. Ante la negativa del juez resolvió la Cámara Federal que ordenó la reapertura del expediente y apartó a Oyarbide. El caso pasó al juzgado de Luis Rodríguez.
En febrero de 2016 Rodríguez había sobreseído a Liuzzi. Lo hizo a pesar de que en dos informes de uno de los integrantes del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se señaló que el ex funcionario había aumentado su patrimonio sin relación sus ingresos como servidor público.
En noviembre de 2015 el perito de la Corte Héctor Roccatagliata, había concluido que “no se puede aseverar que está justificado el incremento o variación patrimonial del imputado Carlos Liuzzi y su grupo familiar”. En tanto, el contador que había puesto Liuzzi para controlar el peritaje, Martín Diego Della Rocca, señaló que al ex funcionario sí le cerraban los números.
Luego de aquellas primeras conclusiones, Rodríguez pidió más precisiones. Y el 21 de diciembre de 2015 el perito reiteró lo que había afirmado: que el incremento del patrimonio había sido injustificado. El contador Roccatagliata había señalado varias inconsistencias tanto en el patrimonio de Liuzzi como en el de su pareja Thaiss del Corazón de Jesús Hidalgo, también empleada pública en Legal y Técnica.
En febrero de 2016 Rodríguez sobreseyó a Liuzzi. Pero la Oficina Anticorrupción (OA) de entonces apeló esa decisión. La Sala II de la Cámara Federal revirtió la decisión del juez, reabrió la causa y apartó a Rodríguez del expediente. El caso quedó en manos del juez Marcelo Martínez De Giorgi, con la intervención del fiscal González.
De Giorgi había ordenado una ampliación del peritaje contable. Se presentó un informe parcial en julio de 2020 y uno total en octubre de 2020. Esos informes fueron firmados por Roccatagliatta y por María Fernanda Sierra, contadora de la OA. En disidencia firmó el perito contratado por Liuzzi. Los peritos oficiales encontraron inconsistencias en varias operaciones y sobre esas tendrán que dar explicaciones tanto Liuzzi como Hidalgo.
Es decir que nueve años después de iniciado el expediente, el fiscal -a partir de lo señalado por los peritos- consideró que Liuzzi y su pareja deben justificar cómo compraron varios bienes. En los casos de enriquecimiento ilícito se invierte la carga de la prueba y los acusados deben demostrar que la adquisición de los bienes se hizo de manera legal.
Según explicaron fuentes judiciales a Infobae, a raíz de las observaciones de los peritos, Liuzzi deberá justificar cómo consiguió comprar en febrero de 2011, un departamento en el piso 35 del edificio Mulieris, sito de Puerto Madero por la suma de 3.272.400 pesos equivalentes a 808.000 dólares de entonces. También deberá justificar cómo adquirió en marzo de 2013, junto a Hidalgo, otro departamento pero esta vez en el piso 42 del mismo edificio que el anterior por una cifra de 7.500.000 pesos. Ese departamento- tal como lo publicó Infobae- fue puesto a la venta en 2018 por 4 millones de dólares.
En tanto Thaiss deberá justificar cómo hizo para comprar un departamento ubicado en Olga Cossettini al 1100, Puerto Madero, cuyo vendedor fue Diego Martín Scotti quien estaba casado con María Silvina Liuzzi, hermana del ex funcionario. La adquisición se hizo en junio de 2012 por un valor de 1.472.000 pesos equivalentes a 220.000 dólares de aquella época.
La pareja de Liuzzi deberá respaldar la compra de un auto BMW realizada en agosto de 2012 por unos 57.000 dólares equivalentes a unos 255.000 pesos . Y también tendrá que justificar con qué fondos adquirió un departamento en la calle Oslo al 7300 de Punta del Este, Uruguay. Esa compra se hizo en noviembre de 2011 por la suma de 895.000 pesos.
En el segundo informe los peritos analizaron los viajes al exterior de Liuzzi e Hidalgo. El ex funcionario entre noviembre de 2008 y febrero de 2015 realizó 37 viajes en Buquebus a Uruguay y 113 viajes en avión a diversos países como como Estados Unidos, Brasil, Uruguay, Panamá, Italia, Gran Bretaña, Francia, España y Sudáfrica . En tanto Hidalgo, entre enero de 2004 y febrero de 2015 realizó 40 viajes en Buquebus a Uruguay y 91 viajes a Estados Unidos, Brasil, Chile, Venezuela, México, Italia, , Gran Bretaña, Colombia, Sudáfrica, Francia y Panamá. El principal destino de la pareja fue Miami, Florida, Estados Unidos.
Los peritos también asentaron en el informe los consumos reflejados en la tarjeta de crédito American Express cuyo titular era Liuzzi, y que tenía varias adicionales a nombre de familiares. Los gastos entre febrero de 2007 y diciembre de 2011 fueron de algo más de 243.000 pesos y de unos 65.000 dólares.
En tanto entre enero de 2013 y enero de 2015 los consumos con tarjeta de crédito fueron de unos 180.000 pesos y de algo más de de 56.000 dólares.
En la intimación firmada por González, explicaron las fuentes judiciales, se aclaró que los peritos no hicieron observaciones sobre los gastos con tarjeta y los viajes al exterior por lo tanto Liuzzi e Hidalgo no deben justificarlos. Aunque esa información podrá ser considerada al momento de decidir la situación procesal de los imputados.
Desde que dejaron sus puestos en la secretaría Legal y Técnica, Liuzzi e Hidalgo -los dos abogados- se dedican a la actividad privada. Tienen dos sociedades activas: una creada en 2013 llamada Sybella SRL e inscripta en el rubro de los spa de belleza. La segunda sociedad que integra la pareja investigada por enriquecimiento ilícito se llamada Tecnolife IT Services S.A, fue creada en 2012 y Liuzzi e Hidalgo se incorporaron a ella cuatro días después de que Mauricio Macri asumiera la presidencia.
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