Diecisiete días atrás Alberto Fernández estaba sentado frente a una cámara anunciando un paquete de medidas restrictivas que traía escondido en su interior la suspensión de las clases presenciales en el AMBA. Minutos antes les había confesado a Santiago Cafiero y Carla Vizzotti su voluntad de avanzar sobre las clases sin acordar la medida con Horacio Rodíguez Larreta. En ese instante dio pie a un conflicto.
Fernández tomó aquellas medidas en soledad. No solo no habló con el jefe de gobierno porteño, sino que tampoco lo hizo con los gobernadores, sus fieles aliados a lo largo de la pandemia. La mayoría de ellos escuchó en la televisión que el Presidente los invitaba a adherirse a las medidas que había tomado para el AMBA. Se molestaron. Se sintieron ninguneados. Ni siquiera los habían llamado por teléfono antes del anuncio.
Los gobernadores no se movieron ni un paso. En la Casa Rosada esperaban que replicaran las medidas. No sucedió. Y entonces, por los despachos oficiales, empezaron a hablar de la “irresponsabilidad” de los mandatarios y la falta de “perspectiva” para mirar más allá del momento en que se tomaron las medidas. La relación se tensó. Por lo bajo, en las sombras y sin chicanas públicas.
El Presidente no tuvo apoyo político en aquella decisión. Los gobernadores no acataron su pedido. Rodríguez Larreta decidió ir a la Justicia para discutir la presencialidad en los colegios. Axel Kicillof cumplió a rajatabla el DNU. Incluso, hizo algunos ajustes más restrictivos en la provincia de Buenos Aires.
Pero para enfrentar este nuevo esquema de medidas Fernández necesitaba un consenso más amplio. Seguir la misma dinámica iba a volver a derretir su autoridad presidencial. Una vez más.
Ese malestar se diluyó entre el martes y miércoles de esta semana, cuando se llevaron adelante dos Zoom en el que participaron Fernández y los gobernadores con el fin de negociar nuevas medidas para afrontar el impacto de la segunda ola. En esta oportunidad, a diferencia de la anterior, los convocó a un encuentro para conocer la realidad de todas las provincias. Ningún gobernador entiende por qué no lo hizo antes.
“Esta vez por lo menos convocó y escuchó”, reflexionó un gobernador de la oposición después de estar sentado, durante una hora, esperando a que el Presidente y sus ministros se conecten a la videconferencia. Entre los mandatarios ya saben que le horario presidencial no suele suele ser puntual, pero tampoco les cae demasiado bien esperar una hora frente a una pantalla en silencio.
Los gobernadores son parte de la raza más pragmática dentro de la política. No suelen confrontar con la Casa Rosada, se alineen al poder central o, en muchos casos, mantienen una relación cordial con el Gobierno y, tierra adentro, en sus provincias, imponen su mirada de gestión, aunque esta sea diferente a las del Presidente. Ahora que bajó la espuma, volverán a retomar el diálogo habitual.
Que hace quince días Fernández no haya llamado a los gobernadores y esta semana sí lo haya hecho fue una decisión exclusiva del Jefe de Estado. Algunos mandatarios quizás lo hubiesen acompañado en el DNU anterior. No lo hicieron porque no se los pidió, pero también por dos motivos concretos.
Primero para no pagar el costo político en sus provincias con un escenario que aún no estaba al límite. Segundo porque les cayó muy mal haberse enterado por televisión del pedido del Presidente para que se sumen a las medidas.
Para este nuevo decreto Alberto Fernández necesitó obtener un mayor respaldo político. Siguió la misma hoja de ruta que le dio resultado en el 2020. Una serie de consultas a especialistas médicos, gobernadores y funcionarios. Un consenso amplio para determinar un paquete de medidas que tengan cierta aceptación en la sociedad y que no obligue a los mandatarios a tomar distancia pública. Era el camino más lógico. Lineal. Sencillo. Sincero.
La única puerta que quedó abierta es la de la clases presenciales. El Presidente no transó con la idea de Horacio Rodríguez Larreta de acordar la suspensión de la presencialidad en la secundaria y los terciarios, pero mantener el resto con la modalidad presencial.
Fernández decidió no dar un paso atrás en esa decisión y extendió la suspensión de clases en el AMBA hasta el 21 de mayo. Ahora espera el fallo de la Corte Suprema que determine si la gestión porteña está obligada o no a cumplir con el DNU y volcar todas las clases al plano virtual.
Hay una razón central por la que los gobernadores no se sumaron al decreto del Presidente dos semanas atrás, y no dudaron en hacerlo a partir de este viernes. Tiempo atrás el escenario epidemiológico y sanitario de las provincias no eran tan grave como el actual.
No consideraban que hiciese falta suspender las clases presenciales en su totalidad, ni sumar más restricciones nocturnas. Mucho menos cortar las actividades recreativas. No había consenso para avanzar con ese tenor de medidas. Pero con el paso de los días el escenario cambió. Y la mirada estratégica de los gobernadores, también.
“Desde ese día la situación sanitaria se complicó más. Pero en ese momento no había consenso. Los gobernadores no tienen tanto margen de acción y no quieren empeorar más sus economías regionales”, explicó a este medio la mano derecha de un gobernador peronista.
En los últimos 15 días la mayoría de los gobernadores empezaron a ajustar medidas. Pero lo hicieron con la metodología que el Gobierno ya les había recomendado. Aplicarlas según la realidad epidemiológica de cada municipio. En la actualidad ese es el camino que siguen. Hacen equilibrio, como también lo hace Alberto Fernández.
En Balcarce 50 no pueden creer que los mandatarios no hayan podido ver con antelación el comportamiento del virus. Fue igual al del año pasado. Primero se concentra en la Ciudad de Buenos Aires, luego de expande por el conurbano, atraviesa la barrera del AMBA y corre hacia el interior bonaerense. Después, empieza la expansión hacia el resto del país.
Según entienden en el Gobierno los gobernadores no tuvieron la capacidad de leerlo con antelación. O, tal vez, no lo quisieron hacer. La segunda ola empezó a expandirse por todo el país y para evitar un colapso sanitario tuvieron que respaldar la creación de un nuevo semáforo epidemiológico y apoyar las medidas nacionales al pie de la letra.
La relación de la gobernadores con la Casa Rosada se reencausó. Las partes retomaron el diálogo y la línea de los acuerdos. Ese camino le dio buenos resultados a Alberto Fernández durante su gestión. Volver al principio es también volver a una lógica de trabajo más basada en el diálogo y la negociación, que en la decisiones unilaterales y la confrontación.
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