Una ex funcionaria de Mauricio Macri irá a un segundo juicio oral por corrupción

El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, pidió este miércoles el envío a juicio oral y público de Aída Ayala, ex funcionaria del gobierno de Mauricio Macri y actual diputada nacional de la UCR, por presunto lavado de dinero y asociación ilícita. Se trata del segundo juicio oral para la tres veces intendenta de Resistencia, la capital de Chaco, porque en marzo pasó a esa etapa otra causa por sobreprecios en la compra de herramientas y maquinarias.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que la Fiscalía entendió que la investigación estaba cerrada y le pidió a la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, que envíe el caso a juicio oral. Junto con Ayala están procesadas otras 17 personas. La legisladora nacional está acusada de los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público.

Ayala es diputada nacional por Chaco de Juntos por el Cambio desde 2017 y referente de la UCR en su provincia. Fue tres veces intendenta de Resistencia y en 2015 compitió por la gobernación con el peronista Domingo Peppo, quien ganó las elecciones. Con Macri en la presidencia, Ayala fue designada secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior.

La causa se inició en 2018 por un negociado que desde la intendencia de Resistencia, cuando Ayala estaba al frente en 2014, se montó para beneficiar a la empresa “PIMP SA” con la recolección de residuos en la ciudad. Junto con Ayala serán juzgados Daniel Fischer, ex jefe de campaña de Ayala y ex pareja de su hija, y Jacinto Sampayo, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales.

En su pedido de elevación a juicio, el fiscal Sabadini señaló que como intendenta de Resistencia Ayala “dispuso los mecanismos, personas y empresas que resultaron determinantes para influir en los procesos de licitación lanzados desde el municipio a su cargo” para beneficiar a “PIMP SA”.

“Manejó desde ese lugar cada uno de los procesos, incluso desde antes que los mismos fueran dados a conocer, preestableciendo pautas, condiciones, estructuras, logísticas y todo aquello que pueda imaginarse para que el proceso licitatorio adquiera cierta apariencia de licitud, logrando de esta manera que quienes finalmente resulten adjudicados sean aquellos sujetos que, inscriptos como proveedores, sean de su íntima confianza y fieles a sus intenciones”, agregó en su dictamen.

Por esta causa la ex funcionaria de Macri tuvo una orden de detención que nunca se cumplió por sus fueros como diputada nacional. La jueza Niremperger, a pedido de la Fiscalía, dictó su prisión preventiva porque entendió que había “serios riesgos procesales de que pueda entorpecer la investigación o intentar eludir la acción de la Justicia”. La decisión fue ratificada por la Cámara Federal de Resistencia pero revocada por Casación en marzo de 2019. Ayala nunca fue detenida porque los diputados del PRO y de la UCR no dieron los votos para tratar el desafuero en la Cámara baja.

Con este dictamen de la Fiscalía para que la causa de lavado pase a juicio oral, ahora deberán opinar las defensas de Ayala y el resto de los acusados que podrán negarse a la elevación y pedir la nulidad de la acusación. Luego, la jueza deberá resolver si pasa el expediente a juicio oral.

Primer juicio

El 9 de marzo pasado la jueza Niremperger envió a juicio oral a Ayala por otra causa. Se trata de un expediente en el que está acusada por haber firmado en 2016 como secretaria de Asuntos Municipales un convenio con el municipio de Quitilipi, en Chaco, para la compra de herramientas y máquinas en el que se pagaron sobreprecios.

El expediente está ahora a cargo del Tribunal Oral Federal de Resistencia que deberá fijar fecha para el inicio del proceso en el que se juzgará por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública. Junto con Ayala serán juzgados Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte, dos ex funcionarios suyos en la municipalidad de Resistencia y quienes según la acusación direccionaron la compra, y Claudio Tolosa, dueño de “Service Hogar”, donde se compraron las herramientas y las máquinas para la municipalidad.

Según el dictamen del fiscal Sabadini, se pagaron “exorbitantes precios” en comparación con un informe que se elaboró con otras casas comerciales de la ciudad. En la investigación se determinó que Paiva y Vilte ya habían firmado otros convenios con “Service Hogar”, una empresa que no tiene local comercial y se dedica a la reparación de productos electrónicos de uso doméstico e instalación y ventas de aires acondicionados.

Para la Fiscalía, Ayala como funcionaria nacional era “garante de los intereses del Estado Nacional” y “omitió deliberadamente todo tipo de control de precios de las herramientas y maquinarias adquiridas y continuando el trámite normal, aprobando posteriormente la rendición de cuentas, generando el error en el Estado que desembolsó casi un millón de pesos, siendo que ha podido comprobarse que la adquisición de tales elementos se podría haber realizado por mucho menos que lo que se abonó finalmente”.

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