El Gobierno nacional presentó ante la Corte Suprema sus argumentos para suspender las clases presenciales en CABA y metió a Axel Kicillof en la pelea judicial

El Gobierno Nacional teme que la Corte Suprema de Justicia haga lugar a la demanda de Horacio Rodríguez Larreta sobre las clases presenciales y habilite el desafío de cuestionar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) restringiendo la circulación en medio de la nueva ola pandémica de coronavirus. Por eso, la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini, presentó sobre la medianoche del lunes su escrito ante la Corte Suprema -casi sobre el filo del tiempo límite-, en donde justificó a lo largo de 113 fojas la necesidad de instaurar las clases virtuales en la zona del AMBA hasta el 30 de abril como “una protección de la vida y la salud pública”. Mostró estadísticas, disparó alguna munición sobre la propia Corte y reclamó que se ratifiquen “la constitucionalidad del DNU”.

Pero los argumentos sanitarios y jurídicos no quedaron allí y por eso el Gobierno Nacional decidió exigir al máximo tribunal que, antes de tomar alguna resolución, se convoque al gobierno de Axel Kicillof para que también pueda opinar en la causa, dado que permitirle a la administración de Rodríguez Larreta mantener las clases presenciales afectará directamente en los problemas sanitarios del conurbano bonaerense.

Con este pedido expreso, el Gobierno Nacional parece buscar dilatar una respuesta inmediata por parte del máximo tribunal, justo cuando las autoridades están definiendo cómo seguirá el escenario de restricciones a partir del próximo sábado, 1 de mayo, fecha en que termina el plazo fijado por el DNU.

Apuntando sobre la Corte Suprema por haber permitido que la administración de Rodríguez Larreta pudiera litigar ante el máximo tribunal como si fuera una provincia más, el texto que prepararon los funcionarios de la Procuración del Tesoro sostuvo: “Ya que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se autopercibe autónomo, en términos tales que no advierte que sus actos y omisiones proyecten efectos y consecuencias más allá de los límites territoriales de la Ciudad, en particular a la esfera del AMBA”, entonces corresponde citar al juicio al Gobierno de la provincia de Buenos Aires para hacer valer “la garantía del debido proceso y del ejercicio de derecho de defensa”.

Según se resaltó, si se cambiara lo resuelto en el DNU en relación a la ciudad de Buenos Aires, “aumentaría la circulación de personas entre las jurisdicciones involucradas y por lo tanto se incrementaría la velocidad en el crecimiento de los contagios poniendo en riesgo así la salud de la población y el sistema sanitario no sólo de CABA sino también de la provincia en tanto resulta parte integrante de este aglomerado urbano”. En ese sentido, el Gobierno advirtió que “cualquier decisión que eventualmente adopte” la Corte cambiando los efectos del DNU, como piden los funcionarios porteños, “tendrá efectos ineludiblemente de una u otra forma sobre la esfera de la provincia de Buenos Aires”.

La jugada del Gobierno Nacional fue estudiada desde el mismo momento en que la Corte Suprema le corrió vista para que opinara. Más allá del fallo de la Justicia porteña que le permitió a Rodríguez Larreta mantener clases presenciales en la órbita de la Capital Federal, la administración de Alberto Fernández decidió tomarse todo el tiempo previsto para responder los argumentos con los que, a las apuradas, fue a la Corte el alcalde metropolitano el viernes 16 de abril.

El pedido de una acción declarativa de inconstitucional que reclamó Larreta, que incluía el pedido de una cautelar, se fundó en que la suspensión de las clases presenciales “no se encuentra justificada en datos empíricos, resulta arbitraria porque obedece exclusivamente a la voluntad de quien detenta el Poder Ejecutivo Nacional” y “constituye una clara violación al principio de igualdad, porque se evidencia una discriminación arbitraria con relación a las restantes provincias, que pueden decidir respecto de la continuidad o suspensión del ciclo lectivo 2021″.

En ese contexto, la demanda de Rodríguez Larreta aseguró que el DNU “viola la autonomía de la Ciudad” e “implica una virtual intervención federal, porque se arroga potestades sobre competencias locales, en salud y educación”. “Por el contrario, está científicamente demostrado, en el ámbito internacional y local, que el grado de contagio en establecimientos escolares es mínimo”, aseveró aquella presentación.

Apenas recibida la demanda, la Corte corrió traslado a la Procuración General de la Nación: Laura Monti dijo de inmediato que el caso era competencia del máximo tribunal, en base a reciente jurisprudencia. La Corte Suprema, por cuatro votos a uno, coincidió. La decisión mayoritaria fue de Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti. Pero fue Elena Highton de Nolasco la que disintió con esos argumentos, en sintonía con el propio Alberto Fernández que también aseguró que el caso no puede ser “un juicio originario” de la Corte Suprema porque CABA no es una provincia y debe escalar la pirámide judicial esperando su suerte hasta llegar a la cúspide. “De la mayoría del tribunal se entiende que puede por vía interpretativa corregirse la letra expresa de la ley fundamental”, afirma la presentación.

Fue por eso que Zannini también decidió cuestionar la semana pasada la legitimidad de CABA contra el Estado Nacional en la demanda por el reparto de dinero de coparticipación, pese a que la demanda se había iniciado en setiembre pasado. Ocurrió cuando Alberto Fernández, en medio de protestas de policías bonaerenses al gobernador Kicillof en reclamo de aumentos salariales, le sacó dinero entregado por su antecesor Mauricio Macri a la Capital Federal.

Resuelta la cuestión de la competencia, la Corte Suprema puso en marcha un trámite exprés a la demanda por las clases presenciales en CABA y corrió vista al Estado Nacional para que opinara. Le dio un plazo de cinco días. La respuesta llegó sobre la medianoche del lunes, sobre el filo del plazo establecido, e incluyó cuestionamientos por parte del propio Gobierno por el apuro. Dijeron que se les impidió tener acceso a “la ampliación de la demanda” por parte de CABA y se reservaron “el derecho de ampliar la presente contestación” cuando pueda tener acceso a ese material.

No obstante, el Estado afirmó que “dada la brevedad de los plazos en curso el interés en la resolución expedita de la presente contienda y a fin de evitar mayor dilaciones en una causa de trascendencia institucional en virtud de la emergencia sanitaria que atraviesa el país contestamos la demanda a la luz de las copias efectivamente recibidas”.

Así las cosas, en 32 puntos, el Gobierno rechazó los términos de la demanda de Rodríguez Larreta. “Negamos todos y cada uno de los hechos invocados por la actora”, dice la presentación arrancando un punteo en donde sostienen que el DNU no lesionó ningún derecho, ni afectó la autonomía porteña ni fue en contra de la Constitución. Y cuestiona que “sean ciertos los datos” de CABA “en relación a la afectación psicológica que estarían atravesando los jóvenes en el marco de la no presencialidad y de la implementación de las clases remotas” hasta las conclusiones aportada por el área de Salud porteño.

Como contracara, en una docena de puntos, el Gobierno defendió la razonabilidad de la medida tomada “para afrontar una situación epidemiológica sin precedentes a fin de evitar un aumento despedido de casos que lleve un colapso sanitario y consecuencia aumento de la morbilidad”.

La administración nacional insistió en que “la velocidad en el aumento en forma sostenida, de los casos registrados en el AMBA, es considerablemente mayor a la que se venia registrando y a la que se registra en otras áreas de alto riesgo epidemiológico y sanitario del país, lo que genera una importante tensión en el sistema de salud en todos sus niveles”. Por ello, se señaló, “resulta primordial recordar que la saturación del sistema de salud tiene como consecuencia directa el aumento de las cifras de mortalidad; así se ha evidenciado, y es lo que enfáticamente se busca evitar”.

Tras afirmar que “es deber del Estado Nacional velar por el derecho a la vida y a la salud y que es una política pública la maximización del proceso de vacunación que ya esta en marcha”, el Gobierno Nacional entendió que “resulta indispensable establecer restricciones en forma focalizada y temporaria, respecto de determinadas actividades o de la circulación de personas para disminuir la velocidad en el incremento de los contagios y para prevenir la saturación de los establecimientos del sistema de salud”.

En ese marco, el Gobierno habló del “negacionismo” de la pandemia y se quejó de que “en forma maliciosa se ha intentado confundir a la población, mencionando a las medidas adoptadas por el Estado Nacional como la ‘cuarentena eterna’; un término que no refleja la realidad y que parece restar importancia a los datos objetivos que se relevaron con los expertos en la materia, para dictar las medidas de protección contra el avance del virus”.

Sobre las clases, la postura oficial fue sostener que “resulta indudable el aumento exponencial de casos en el AMBA lo que hizo necesario incrementar las medidas adoptadas en forma temporaria intensiva localizadas geográficamente y orientadas a las actividades y horarios que conllevan situaciones de mayor riesgo de circulación del virus”. Y dijo que “el fundamento principal por el cual se suspendió la presencialidad de las clases por 14 días no fue únicamente la posibilidad de contagio que podrían haberse producido dentro de las escuelas sino el hecho de que la asistencia dichos establecimientos genera una gran movilidad de personas en el AMBA”. La Procuración destacó que “hay más de tres millones de niños y niñas en edad escolar y 300.000 docentes sumados a los acompañantes que se movilizan diariamente” en el AMBA. Por eso “surge evidente que si para el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires se dejara sin efecto la medida dispuesta por el DNU, ello impactaría necesariamente en la región geográfica de la provincia de Buenos Aires”.

Pero además el Gobierno afirmó que el DNU “no cercenó el derecho a la educación” porque “se adoptó una medida alternativa que pueda compatibilizar los derechos que se hayan comprometidos derecho a la vida a la salud y a la educación”. Y resaltó: “La actividad educativa proseguirá por vía virtual lo que corrobora que no hay cercenamiento del derecho a la educación” ni implicó una afectación a la autonomía de CABA.

Sobre esa base, el Gobierno dejó expuestos sus argumentos. Ahora, la Corte Suprema deberá evaluar si, como se especulaba, corre vista a la Procuración General de la Nación para que se expida sobre la inconstitucionalidad solicitada, sin que su dictamen implique una inclinación para la definición que debe dar el máximo tribunal. O si los planteos que formuló el Gobierno Nacional, demandado sumar a la cancha judicial a Kicillof, pueden demorar los plazos.

Lo que está claro es que tanto Alberto Fernández como Rodríguez Larreta quieren ganar con su postura ante la Corte Suprema. Pero, a esta altura de las circunstancias, en medio de la nueva ola de la pandemia que nadie sabe cuándo comenzará a retroceder, con no perder del todo quizás podría alcanzarles.

SEGUIR LEYENDO: