El ministro de Justicia, Martín Soria, asistirá este lunes al Congreso de la Nación para impulsar la reforma del Ministerio Público Fiscal, el proyecto que apunta a que el jefe de los fiscales se designe por mayoría absoluta del Senado. Desde Juntos Por el Cambio adelantaron que no asistirán como forma de expresar su rechazo a la iniciativa.
Soria expondrá por videoconferencia desde hoy a las 18 ante el plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales, que presiden los legisladores oficialistas Rodolfo Tailhade y Hernán Pérez Araujo.
El proyecto tiene vital importancia, ya que el cargo a discutir es el de los jefes de los fiscales. Coincide además con la implementación del sistema acusatorio en la Justicia, que le dará mayor protagonismo en las investigaciones al Ministerio Publico, relegando a los jueces al rol de garantes del proceso.
Semanas atrás el ex diputado se reunió con un grupo de fiscales que le hicieron sugerencias que Soria se comprometió a tener en cuenta en busca de mejorar la iniciativa. Desde su entorno señalaron que buscan encontrar más puntos en común con la oposición para que el proyecto avance.
El proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal que quiere llevar al recinto el oficialismo, y que cuenta con media sanción del Senado, tiene dos puntos que generan una fuerte oposición de parte de los legisladores de Juntos por el Cambio. Uno tiene que ver con la forma en que se designa al procurador y otro con el plazo en el que se debe mantener en su cargo. En la actualidad la elección y el plazo es similar al de los presidente de la Corte Suprema: hacen falta dos tercios del Senado y el cargo es permanente.
En estos puntos, el Frente de Todos no está dispuesto a ceder. La intención de Soria y del oficialismo es que para designar al Procurador haga falta una mayoría absoluta de los presentes en la Cámara alta y ya no una mayoría calificada (2/3 de los votos). También buscan que el cargo deje de ser vitalicio y que dure cinco años.
Otro punto que también está en discusión es la injerencia del Congreso en el Ministerio Público Fiscal. El proyecto original establece cambios en el proceso de remoción de los fiscales ya que prevé otorgarle a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público facultades que, para los legisladores de la oposición, resultan “cuestionables desde la perspectiva constitucional”.
En este punto, el nuevo texto le otorga a la Comisión Bicameral facultades para designar al subrogante del PGN/DGN; opinar respecto de la creación de nuevas estructuras; participar en el trámite de los procesos disciplinarios e integrar tanto el tribunal de enjuiciamiento de magistrados como el jurado para los concursos públicos de oposición y antecedentes.
La convocatoria para esta tarde está centrada solamente en el proyecto de elección del jefe de los fiscales y el plazo de duración de su mandato, aunque no se descarta que se refiera a la reforma judicial, que también cuenta con media sanción de la Cámara Alta. Es que, el último viernes, desde Rosario, Alberto Fernández le pidió a la Cámara de Diputados que avance con el tratamiento del proyecto que él mismo envió el año pasado. A priori, el Frente de Todos no cuenta con los 129 votos necesarios para la sanción de ambos proyectos. Sin embargo confían en lograr acuerdos con los bloques provinciales para tratar de aprobar en primer término los cambios en la ley que regula la actividad de los fiscales, ya que es esa iniciativa es central para avanzar con la elección de un nuevo Procurador, cargo que hoy ocupa Eduardo Casal en forma interina desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó en noviembre del 2017.
El proyecto aprobado también establece que la postulación y designación del candidato no podrá realizarse durante el año electoral en el cual se elija presidente de la Nación. Asimismo, se establece que el procurador dure en sus funciones cinco años, pudiendo ser nuevamente designado en forma consecutiva por un único período a propuesta del Poder Ejecutivo Nacional y con nuevo acuerdo del Senado. Por otro lado, el Procurador General de la Nación al momento de su designación no podrá superar los 75 años de edad.
El proyecto también dispone que el procurador sólo puede ser removido por razones de mal desempeño, crímenes comunes o delito en el ejercicio de sus funciones. En ese caso, para la acusación ante el Senado de la Nación, se requerirá la aprobación de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, en tanto que para la remoción se necesitan los votos de los dos tercios. No obstante, la Cámara Alta podrá suspender al procurador, mientras dure el proceso de remoción, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros.
La respuesta de la oposición
Juntos Por el Cambio avisó este domingo que no asistirá al plenario que encabezará Martín Soria. A través de un comunicado, el principal bloque opositor acusó al oficialismo de “garantizar la impunidad de sus ex funcionarios” en el “momento más duro de la pandemia”.
“No asistiremos al plenario de comisiones porque quieren quebrar la independencia de todos los fiscales de la Nación”, acusó JxC. “Afectar la independencia del Ministerio Público Fiscal significa debilitar el sistema republicano de gobierno. El objetivo de la reforma es terminar con la independencia de todos los fiscales y desplazar al Procurador Eduardo Casal, quien ocupa el cargo en nombre de la ley y lo ejerce con independencia”, agregaron.
“No es el momento, no es el modo, no es el contenido. Si al Gobierno le interesa garantizar la impunidad y consagrar esta ley inconstitucional no será con nuestro aval. No seremos cómplices de la destrucción de la República”, insistió Juntos Por el Cambio.
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