Era una reunión que, a priori, debía ser de acercamiento y negociación. Es que el Gobierno necesita convencer a la oposición para conseguir algún apoyo que le permita destrabar un proyecto largamente trabado. Pero no hubo nada de eso. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, se presentó en el Congreso Nacional para defender el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal y, en vez de plantear una actitud dialoguista, se encargó de lanzar fuertes cuestionamientos a la oposición y volvió a fustigar al actual procurador general interino, Eduardo Casal.
“Más temprano que tarde tendrá que irse (Casal). No por esta ley, no porque haya sido funcional a la mesa judicial, no por ir apretando y persiguiendo fiscales mujeres. Se va a terminar yendo porque es eso, un procurador interino. Y aunque hubiese sido el mejor procurador interino de la historia, la temporalidad debe ser ley y no de tres años y medio”, lanzó el funcionario nacional.
Y le envió un mensaje a los legisladores de Juntos por el Cambio que no asistieron a la reunión diciendo que el debate “tiene que darse en el Congreso, no en Twitter, no en sus medios y mucho menos en la Justicia”.
“Ellos pertenecen a un espacio político que decidió judicializar la política. Si van a llevar cualquier diferencia con nosotros a la justicia, no pueden venir a sostener ahora que las reformas judiciales no son un tema importante. Pónganse de acuerdo muchachos”, completó.
Es que el encuentro en Diputados se llevó adelante sin la presencia de los legisladores de Juntos por el Cambio. En ese contexto de soledad y ante los propios, Soria expuso los lineamientos de la norma y los cambios con los que el oficialismo buscará sumar los 23 votos que necesita para avanzar con la reforma. Sin apoyo opositor, la iniciativa no tendrá luz verde y, con su planteo de ruptura y confrontación, difícilmente podría conseguirlo en el corto plazo.
El Frente de Todos hasta ahora no logró el quórum necesario para viabilizar la discusión en el recinto y para eso el ministro Soria decidió ir por la familia judicial. Primero se reunió con Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados y luego con Stella Maris Martínez, defensora general de Argentina y titular de la asociación de defensores. Más tarde, tuvo un encuentro con 13 mujeres fiscales.
En esos encuentros, Soria adelantó que el Gobierno está dispuesto a modificar la media sanción del Senado y avanzó en la posibilidad de un consenso porque, consideran en Casa Rosada, en esos cambios estaría la conformación del tribunal de enjuiciamiento. En el proyecto que tiene media sanción, el Gobierno modificaba el tribunal y quedaba una mayoría de integrantes de la política, lo que deja a los fiscales muy expuestos al poder de turno. Si esto se cambia, la familia judicial estaría dispuesta a discutir, no a avalar, un cambio en la ley.
A la hora de exponer frente a los legisladores, Soria señaló: “El reclamo de un cambio viene sosteniéndose desde hace años. El gobierno anterior, en otro contexto porque había una procuradora elegida por unanimidad, se propuso modificar la ley actual, tanto en el 2016 como el 2017. Pese al diagnóstico común o compartido no se logró el consenso. Tal vez la solución era dialogar”.
A partir de esto, el funcionario le apuntó al bloque de Juntos por el Cambio que se negó a participar de la reunión señalando que “llama la atención que los mismos que querían modificar esta ley, hoy no quieran participar de esta reunión y sin siquiera conocer los cambios y propuestas, adelanten su rechazo” y sentenció: “Esto que muestra su oposición por la oposición misma, como siempre”.
A partir de esto, expuso que iban a avanzar en “los consensos que fuimos identificando” en cada una de las reuniones y que se iban a centrar en cuatro temas.
El primero tiene que ver con el mecanismo de designación y la “necesidad” que el mandato tenga un plazo. Asimismo, sobre la disciplina de los fiscales, las facultades de la comisión bicameral y el fortalecimiento de la perspectiva de género.
Respecto del mecanismo, para implementar el sistema acusatorio, Soria dijo que es “necesario un procurador legítimo, no uno interino que, les guste o no les guste, el que hoy tenemos no tiene legitimación del Senado”.
Respecto de los plazos en el cargo, el Ministro señaló que como ahora el procurador va a tener más poder por el sistema acusatorio “tiene que tener un límite en el cargo” y advirtió que “resulta inaceptable que se mantenga esa rémora monárquica de ese cargo vitalicio”. “Para este punto, hemos tomado lo que planteaba el proyecto del senador Martín Lousteau que planteaba cinco años más otros cinco como límite”.
En esta instancia volvió a apuntar contra la oposición al decir que “esto fue en consenso con los fiscales Rívolo y Tagle” y que “lo que no pudieron lograr con el consenso lo hicieron desde la Casa Rosada, la Quinta de Olivos y la mesa judicial persiguiendo opositores”. Sobre esto, completó: “Nosotros alcanzamos consensos aunque eso signifique modificar el proyecto que viene del Senado”.
Un punto fundamental que generó mucha discusión es el tribunal de enjuiciamiento de los fiscales. La comunidad del Poder Judicial reclamó que el cambio que se proponía dejaba muy expuestos y que debía mejorarse el equilibrio de la representación para lograr una conformación más moderada
A partir de esto, el funcionario de la cartera de Justicia sostuvo: “Sugiero revisar la conformación de ese tribunal de enjuiciamiento como llegó del Senado. Un representante del Ejecutivo de la Nación que cumpla los requisitos de ser procurador general. Dos integrantes de la comisión bicameral, uno por la mayoría, uno por la minoría, un abogado según la competencia, uno por las universidades y dos fiscales que sean elegidos por sorteo entre todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal, en donde uno tiene que ser mujer”.
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