El fiscal Pleé irá a la Corte Suprema para apelar el cierre la causa dólar futuro contra Cristina Kirchner y Axel Kicillof

Otra causa contra la vicepresidenta Cristina Kirchner rumbo a la Corte Suprema. El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal Raul Pleé apeló hoy la decisión de ese tribunal que había sobreseído a la vicepresidenta y al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la causa dólar futuro. “Consideramos que la sentencia incurrió en una causal de arbitrariedad”, dijo el fiscal.

En un escrito de unas 40 páginas a las que accedió Infobae, Pleé afirmó que la sentencia de Casación ha producido “un gravamen al Ministerio Público” porque el sobreseimiento “cierra definitivamente la posibilidad de cuestionar lo resuelto mediante una sentencia arbitraria y se frustra la pretensión acusatoria, sin considerar los argumentos formulados por el Ministerio Público sobre la relevancia de la interpretación de la norma federal en cuestión (el articulo 18 de la Carta Orgánica del Banco Central de la Republica Argentina) y sobre la consecuente necesidad de realizar el juicio para posibilitar una valoración completa de las probanzas de la causa”.

El fiscal también se quejó de la importancia que se le asignó al peritaje de la Corte Suprema de Justicia que había establecido que los balances del BCRA habían arrojado ganancias en 2015 y 2016 y por lo tanto no había producido existido un perjuicio al Estado: “Esto revela que, en verdad, la argumentación completa de la Cámara pretendió dar apariencia de legalidad a una solución arbitraria”.

“De otra manera no se comprende cómo la Sala defendió con tanto ahínco la necesidad de valorar únicamente el peritaje para definir si de él surgía con evidencia la inexistencia de delito, pues termina renunciando a su deber de pronunciarse sobre las cuestiones jurídicas e incurriendo en la arbitrariedad de ponderar aisladamente un elemento de prueba, desoyendo los argumentos aportados por esta parte durante trámite del recurso”, afirmó.

Tras citar precedentes de la misma sala, el representante del Ministerio Público afirmó que en los casos anteriores nunca se tuvo en cuenta “un derecho del procesado a poner fin a la acción” y aseguró: “ello revela que la sentencia recurrida, en este punto, fue una aplicación de la mera voluntad de los jueces que se pretendió revestir de legitimidad. Así las cosas, esta decisión tiene fundamentación solo aparente, que se apoyó en una genérica afirmación que prescindió de las normas aplicables y que no fue acompañada por la expresa consideración de las circunstancias concretas de los acusados en la causa”.

Pleé busca así llegar a la Corte Suprema de Justicia para que revoque la decisión adoptada el 13 de abril pasado por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, a cargo de los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa. En ese fallo, los jueces aseguraron que las cuestiones de política económica no son judiciables. También hablaron de la inexistencia de perjuicio y el cumplimiento de las normas de la carta orgánica

El sobreseimiento se dictó para Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Alejandro Vanoli Long Biocca, Pedro Biscay, Sebastián Andrés Aguilera, Bárbara Domatto Conti, Mariano Beltrani, Juan Miguel Cuattromo, Miguel Ángel Pesce, Guillermo Mario Paván, David René Jacoby, Cristian Alexis Girard, Germán David Feldman, Alejandro Formento y Flavia Matilde Marrodán. Casación también dispuso remitir las actuaciones al Tribunal Oral para cesar las medidas cautelares. El fallo añade, como sucede en cada sobreseimiento: “DEJAR A SALVO el buen nombre y honor del que gozaren los nombrados en este proceso”.

Precisamente el dictamen de apelación llegó cuando el Tribunal Oral Federal 1, que tenía la causa, ya había dispuesto levantar la inhibición de bienes a los procesados en base al fallo de Casación.

La Corte Suprema ya tiene numerosos recursos presentados sobre causas que afectan a la vicepresidenta: desde la causa de la obra pública, en donde la ex jefa de Estado está acusada de ser jefa de una asociación ilícita, hasta recursos por los expedientes de cuadernos, Los Sauces-Hotesur y el espionaje de Lomas de Zamora -en donde, a diferencia de las otras causas, CFK es víctima y no acusada-.

El 4 de marzo pasado Cristina Kirchner les habló a los jueces desde su despacho del Senado. “El doctor (Carlos) Beraldi me dijo que pida el sobreseimiento. Yo no voy a pedir ningún sobreseimiento. ¿Sabe qué, Dr. Petrone? Yo le pido que apliquen la ley y la Constitución”, dijo la vicepresidenta luego de un alegato sin juicio en donde, casi en cadena nacional, habló de lawfare y del endeudamiento en la gestión macrista con el FMI. Allí acusó de cómplice al Poder Judicial por haber abierto esta causa.

Esta causa se abrió con una denuncia de un grupo de diputados del PRO y de la UCR cuando se estaba definiendo quién gobernaría en la Casa Rosada. Allí se sostuvo que entre agosto y noviembre de 2015, el Banco Central vendió contratos a “dólar futuro” a $10,6 y $10,8 por unidad al sector privado para liquidar entre febrero y junio-julio de 2016. Para esa época, el dólar “blue” se cotizaba a 16 pesos. Y el precio de mercado de esos contratos (en Nueva York y otras plazas) era de entre $14 y $15.

A criterio del juez Claudio Bonadio, el Banco Central llegó a tener por esta operatoria contratos abiertos en el ROFEX y el MAE a diciembre de 2015 casi 17 mil millones de dólares. En mayo de 2016, Bonadio procesó a Cristina Kirchner, Axel Kicillof –en su rol de ministro de Economía– y a los entonces responsables del Banco Central. En ese fallo aseguró que la autoridad monetaria reportó quebrantos para su patrimonio por más de 77 mil millones de pesos: la cifra exacta es $77.325.739.338,60. La Cámara Federal confirmó el fallo y la causa se elevó a juicio en mayo de 2017.

La imputación se basó en que “existió un acuerdo y coordinación de los más encumbrados funcionarios del Estado, quienes desde sus cargos arbitraron las medidas necesarias para la consecución de esta maniobra tendiente a defraudar al Estado Nacional”. De acuerdo a “las instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional, las autoridades del B.C.R.A., con la necesaria intervención de la Comisión Nacional de Valores, vendieron en un breve período un importante volumen de contratos de dólar futuro a valores ficticios, obligando abusivamente a la entidad y, por consiguiente, a la sociedad como soberana de los bienes públicos”.

A raíz del pedido de la defensa de Pesce, a cargo de Andrea Casaux, hecho en 2017 y al que adhirieron otros imputados, el TOF 1 ordenó un estudio contable. Los analistas del Cuerpo de Peritos de la Corte Carlos Alberto Campodónico, Alejandro del Acebo y Stella Maris Castaño –junto a los peritos de parte– finalmente se reunieron, analizaron la documentación y contestaron, en 82 páginas, las 81 preguntas que confeccionó el tribunal. Allí se sostuvo que “las operaciones de liquidación de dólar futuro están informadas en los balances del BCRA al 31/12/2015 y 31/12/2016 y en dichos años los balances arrojaron ganancias por $147.116.885.000 en 2015 y $67.448.520.000”. La información, adelantada por Infobae, se conoció el 8 de agosto.

Frente a eso, las defensas de los ex responsables del BCRA pidieron el sobreseimiento al Tribunal Oral Federal 1. Los jueces Jose Michilini y Ricardo Basilico rechazaron el pedido. Dijeron que el fiscal mantenía la acusación en base a otras pruebas y que no todos los acusados lo habían solicitado. El juez Adrián Grumberg votó por cerrar el caso y se apartó porque no iba a cambiar su postura.

Tal como reveló entonces Infobae, Cristina Kirchner y Axel Kicillof apelaron a Casación. La vicepresidenta pidió una audiencia cara a cara con los jueces y los medios para transmitirla. A las dos cosas les dijeron que no. “Ya ahí dije ‘el lawfare sigue en pleno apogeo’”, advirtió la propia CFK en la audiencia. Después de idas y vueltas, consiguió un zoom con una cobertura online que tuvo el efecto de una cadena nacional.

“Esta es una causa que se armó al calor del proceso electoral (de 2015) y hace cinco años estamos en esta causa. Hay una pericia contable hecha por los peritos de su Corte, Petrone, que dice que no hubo perjuicio y yo sigo sentada acá. Y el otro (por el ex presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger) está en Columbia dando clases, y el otro (por el ex presidente Mauricio Macri) mirando partidos en Qatar... ¿Y ustedes quieren convencerme a mí de que es un poder judicial en serio?”, protestó. “Llegaron al gobierno, devaluaron, usufructuraron la devaluación y los que estamos sentados y acusados acá somos nosotros, que somos los que desendeudamos al país y pagamos la deuda al FMI”, vociferó. “Minga al precio de dólar blue. El dólar cuando yo dejé el Gobierno estaba 9,74 pesos”, dijo. “Hicieron una devaluación catastrófica. Y ustedes, el Poder Judicial, son responsables de lo que pasó”, dijo entonces Cristina Kirchner.

La fiscalía a cargo de Raúl Plee pedía llevar la causa a juicio. “La pericia no es exclusiva prueba ni excluyente del resto de las pruebas”, dijo.

Tras el fallo de Casación, el representante del Ministerio Público decidió apelar. De no haberlo hecho, el sobreseimiento hubiera quedado firme. Ahora será la Casación la que defina si le concede la apelación o si tiene que llegar a la Corte Suprema por la vía de la queja.

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