“Operativo Puf”: Stornelli pidió reactivar la investigación analizando los teléfonos del juez Ramos Padilla

Cuando la causa por la investigación por el llamado “Operativo Puf” había quedado herida de muerte, la Cámara Federal porteña –por dos votos a uno- decidió revivirla días atrás y ahora el fiscal Carlos Stornelli, en su rol de querellante, está pidiendo avanzar en una serie de diligencias para demostrar si existió un plan de “presos k” para voltear la causa de los cuadernos. Fue así que Stornelli reclamó investigar los teléfonos del juez federal Alejo Ramos Padilla, que lo procesó en Dolores en la llamada causa D’Alessio. Puntualmente quiere que se estudien los llamados del juez a sus teléfonos fijos –de su casa y del juzgado- y a su celular entre diciembre de 2018 y febrero de 2019.

“Se entiende que la investigación deberá avanzar, ya en este estadio, en determinar, junto a otras responsabilidades, si el Juez Alejo Ramos Padilla pudo haber sido parte de la maniobra investigada”, escribió el abogado Juan Martín Cerolini, representante legal de Stornelli, en una presentación a la que accedió Infobae. El planteo fue hecho esta semana ante el juez federal Julián Ercolini, momentáneamente a cargo del juzgado que comandó Claudio Bonadio, en la causa en la que interviene el fiscal Franco Picardi.

Pero en ese listado de llamados que busca poner bajo la lupa, Stornelli no solo apuntó a Ramos Padilla sino también a los teléfonos del diputado del Frente de Todos Eduardo Valdés y al abogado Carlos Zelkovicks –dos interlocutores de los detenidos Juan Pablo Schiavi y Roberto Baratta, respectivamente, y cuyas conversaciones con los presos sustentan la denuncia inicial-. También se requirió analizar los teléfonos de los abogados María Elizabeth Gasaro, defensora de Lázaro Báez; y de Franco Bindi, otro abogado que representó inicialmente a Leonardo Fariña y a quien se señalaría como uno de los “armadores” del “operativo Puf”. El listado se completa con los teléfonos de los ex policías Néstor Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk, procesados en el juzgado de Dolores en la causa D’Alessio. Por ahora le dijeron en el juzgado “téngase presente”.

La apuesta de Stornelli se juega en varios frentes: en esta causa está presentado como víctima, pero con el avance de esta causa busca revertir la situación en la que quedó en el juzgado de Dolores. Allí el juez Ramos Padilla lo había procesado como integrante de una asociación ilícita que llevó adelante distintos delitos de extorsión y espionaje.

Hoy Ramos Padilla ya abandonó Dolores para convertirse en juez federal de La Plata, con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires. La defensa de Stornelli consiguió que varios de los hechos que le atribuían Ramos Padilla cayeran en la Cámara Federal de Mar del Plata. Sin embargo, aún tiene pendiente la revisión de una ampliación de su procesamiento por más hechos que hizo el juez en octubre pasado. Allí habló de “una asociación ilícita paraestatal que, a través de variadas y complejas acciones vinculadas al espionaje y la inteligencia ilegal, llevó adelante todo tipo de planes y operaciones sobre políticos, empresarios, periodistas, el Poder Judicial y la opinión pública”.

Stornelli aguarda que sea la Cámara Federal de Casación Penal la que revoque sus acusaciones y para eso es clave, para él, el impulso de la causa “Puf”. En Dolores, en tanto, el fiscal Juan Pablo Curi viene pidiendo la elevación a juicio de la causa de lo que hasta ahora ha sido confirmado, haciendo hincapié en que hay personas detenidas hasta hace más de dos años.

Es imposible entender esta historia si no se mira en paralelo cuatro expedientes: el caso cuadernos, la causa D’Alessio, el caso “Puf” y el caso del espionaje que se abrió en Lomas de Zamora. ¿Por qué? Porque la causa cuadernos, que había explotado mediáticamente en agosto de 2018, había logrado avanzar con los dichos de empresarios y ex funcionarios “arrepentidos” que habían desfilado ante Stornelli, como fiscal del caso y habían escalado, de la mano de Bonadio, con una seguidilla de detenciones y el procesamiento de Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita.

La llamada causa “Operativo Puf” nació casi en paralelo a la investigación de Dolores. Fue en febrero de 2019, apenas se conoció que el juez Alejo Ramos Padilla estaba investigando al falso abogado Marcelo D’Alessio, denunciado por un empresario llamado Pedro Etchebest que lo había grabado y filmado, incluso en un encuentro con el fiscal Stornelli en Pinamar. La existencia de la denuncia en Dolores estaba bajo reserva cuando la diputada Elisa Carrió difundió por Twitter que se estaba montando una operación del kirchnerismo contra los cuadernos en Dolores. La información sobre la existencia de esa causa estaba a punto de publicarse.

El día que Carrió emitió ese tuit en el juzgado de Dolores Ramos Padilla preparaba un allanamiento a la casa de D’Alessio. Ese allanamiento cambió la óptica de la causa porque hasta ese momento se analizaba una presunta extorsión (D’Alessio pidiéndole plata a Etchebest para ayudarlo a ‘zafar’ de lo que decía un ‘arrepentido’ en la causa cuadernos que, en rigor, nunca dijo). Sin embargo, en el procedimiento Ramos Padilla encontró armas, teléfonos satelitales, credenciales y numerosa documentación que orientaron la causa al mundo del espionaje.

Mientras en Dolores comenzaba a crecer esa investigación, en Comodoro Py nacía la causa Puf. Fue primero Stornelli el que hizo una denuncia, cuando aseguró que le había llegado anónimamente la desgrabación de unas conversaciones a su despacho. Eran las conversaciones de “presos k”, como Roberto Baratta y Juan Pablo Schiavi, en donde se registraban parcialmente diálogos hablando de “Stornelli, Bonadio, Puf” o se usaban expresiones como “Domingo de Ramo” o “dolor de muela”.

En ese momento el caso cayó en manos del juez Luis Rodríguez y el fiscal Jorge Jorge Di Lello, recientemente fallecido. A las pocas horas, las legisladoras aliadas a Carrió, Paula Oliveto y Mariana Zuvic, radicaron otra denuncia con las mismas conversaciones parciales y pidiendo que se excluyera del sorteo al juez Rodríguez. El caso, esta vez, cayó en el del juez Claudio Bonadio.

Las sospechas contra esos detenidos tuvieron distinta suerte en Comodoro Py. Mientras en el juzgado de Rodríguez, el fiscal Di Lello entendió que no había existido delito y la causa fue cerrada, en el juzgado de Bonadio la causa avanzó, con Stornelli como querellante. Por la causa pasaron seis fiscales, hasta que quedó radicada en manos del fiscal Franco Picardi.

La denuncia se sustenta en interceptaciones telefónicas hechas por un juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, para conocer los diálogos en prisión del narcotraficante Mario Segovia, conocido como el “Rey de la efedrina”, que está detenido en Ezeiza. Precisamente, esas grabaciones también son fundamentales para los ex presos kirchneristas en otra causa: la del espionaje que se abrió en el juzgado federal de Lomas de Zamora y que tiene entre sus víctimas a Cristina Kirchner. ¿Por qué? Porque un grupo de espías de la AFI de la gestión de Mauricio Macri están procesados junto a personal penitenciario por haber vigilado los movimientos de los detenidos en causas de corrupción del gobierno K.

La difusión de las escuchas de los detenidos -algunas con sus familiares o sus abogados- generó una advertencia de la Corte Suprema de Justicia, que llamó a poner límites al uso de las interceptaciones telefónicas: instó a los jueces a disponer escuchas telefónicas solo “con criterio restrictivo” y de forma “fundada”, y exhortó a la Comisión bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia a certificar que la AFI “no realiza tareas de investigación criminal ajenas a las expresa específicamente solicitadas como requerimiento de asistencia por los magistrados judiciales”.

Tras la muerte de Bonadio, el juez Martínez De Giorgi -que lo reemplazó durante un año- evaluó que el caso Puf debía cerrarse. Si la hipótesis era que se buscó poner en peligro la causa de los cuadernos, el caso ya había sido elevado a juicio oral. Con eso, archivó el caso. El fiscal Picardi no apeló. En cambio, Stornelli como querellante sí y fue apoyado por el fiscal de Cámara.

Hace unas semanas, la Sala II de la Cámara Federal -sin el juez Martín Iurzun, su histórico integrante- resolvió por dos votos a uno mantener abierta la investigación hasta que se profundice la investigación. Los jueces Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens entendieron –cada uno con su voto- que la investigación no estaba completa y no podía entonces convalidarse el archivo. “Solo cabe encomendar al juez de grado a que lleve a cabo todas las diligencias necesarias a fin de corroborar o descartar los hechos denunciados”, dijo Bruglia, mientras que Llorens advirtió que la labor del juez “no resultó suficiente para descartar, definitivamente, la inexistencia de un plan que pudiera tildarse de delictivo”.

En disidencia votó el juez Eduardo Farah, quien hizo hincapié en la apertura de la investigación a través de anónimos y el paso del tiempo de la investigación sin avances. “Se han utilizado los términos ‘maniobra’, ‘operación’ o ‘plan’ para referirse a supuestas acciones que pretenderían afectar el curso de diversas investigaciones judiciales”, en especial el caso Cuadernos. Pero no se encuentran acreditados ni tampoco frenaron el curso de esos expedientes – dijo-. Dos años después, no se ha identificado a la fecha un objeto procesal claro, en que exista una hipótesis delictiva identificable y concreta”.

Con ese fallo, ahora, Stornelli pidió analizar los teléfonos de Ramos Padilla, junto a Valdés, abogados y procesados. Según el escrito de Cerolini, el análisis de los llamados para “reconstruir las circunstancias que acaecían inmediatamente antes, durante y después del inicio” de la causa D’Alessio en el juzgado de Dolores tiene como fin “determinar las posibles vinculaciones e interacciones que pudieran haber existido entre distintos actores y protagonistas que surgen del devenir de las comunicaciones telefónicas que constituyen prueba de autos”

En esa presentación se quieren conocer“listados de llamados entrantes y salientes registrados durante ese período, con indicación, en el caso de telefonía celular, de las antenas en que hubiesen impactado tales comunicaciones y cualquier otro tráfico de datos. Y la ubicación geográfica de cada una de las antenas que sean reportadas”. “Con ese mismo norte, entiendo útil conocer, por ejemplo, si el juez Alejo Ramos Padilla había comunicado su permanencia en funciones durante la feria de enero de 2019, en forma total o parcial, y con qué antelación la comunicó, o bien si estando de licencia debió interrumpir la misma. También sería útil que ello sea comparado con idénticos períodos anteriores”, aseguró.

El pedido deberá ser analizado por el juez Ercolini. Por estas horas, Juan María Ramos Padilla –juez, padre de Ramos Padilla y quien se presentó en la causa Puf luego que en la causa se pidieran informes sobre su presencia en una clínica de desintoxicación donde también había estado Valdés- afirmó en radio Cooperativa: “Stornelli quiere hacer ahora con Ercolini lo mismo que hacía hasta hace dos años. Está pidiendo que nos escuchen a Alejo Ramos Padilla, a Valdés, a mí. Inventaron que Valdés y yo habíamos pergeñado un plan para voltear la causa cuadernos”.

Apenas estalló el escándalo Puf, Valdés -autor de la frase “Stornelli, Bonadio, puf” había dicho en una nota con Infobae que su único delito había sido visitar a las personas que están detenidas. Hoy Valdés integra la comisión de la Comisión Bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los organismos de Inteligencia que esta semana denunció que en el Gobierno de Mauricio Macri se montó un “Estado paralelo, clandestino y secreto” de espionaje ilegal y pidió crear una comisión para investigar a los jueces, fiscales y miembros de la Corte que pudieron haberse apartado del Estado de Derecho. La sustentación de ese informe fue la investigación de Ramos Padilla.

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