En el juicio por los trenes chatarra un ingeniero en ferrocarriles declaró: “Yo no los habría comprado ni mamado”

Norberto Rosendo tiene 63 años, es ingeniero en ferrocarriles e intregra la ONG “Salvemos al tren”. Trabaja de certificar el buen estado de las formaciones ferroviarias. En ese carácter declaró en el juicio oral y público que se realiza -vía Zoom- para determinar las responsabilidades penales de, entre otros, los ex funcionarios públicos que intervinieron en la millonaria compra de trenes chatarra en España y Portugal realizada durante el kirchnerismo.

En el juicio están acusados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Transporte de entonces, Ricardo Jaime, que está detenido en la cárcel de Ezeiza. También son enjuiciados el testaferro de Jaime, Manuel Vázquez, y dos ex funcionarios del área de Transporte. La acusación es por los delitos de administración fraudulenta y cohecho (coimas).

La consultora de Vázquez –socio y testaferro de Jaime- cobró y facturó coimas por realizar tareas que no hizo en la intermediación de las millonarias compras que se hicieron de Estado a Estado.

En su declaración, Rosendo indicó que él había certificado el buen funcionamiento de algunos de los insumos ferroviarios comprados a partir de 2005 en España y Portugal. Y que algunos de ellos, luego de reparados, están en uso en la actualidad. “Los que pusimos en movimiento en el Patagónico son mejores que los que teníamos antes”, dijo.

Así se refirió a las certificaciones que hizo del tren Patagónico en el que se usa material comprado en Europa y reparado en la Argentina. También contó que había visto algunos de los coches comprados en aquella ocasión funcionando bien en el Ferrocarril Sarmiento antes del recambio de las formaciones por trenes chinos. El trabajo de Rosendo implica que cada cierta cantidad de tiempo certifica el estado de las formaciones a pedido de las concesionarias: “Hago como la VTV de los autos pero en los trenes”, explicó ante el Tribunal Oral Federal 6 en referencia a la Verificación Técnica Vehicular obligatoria que rige para permitir la circulación de los autos.

Rosendo, que fue consultado por algunas empresas para comprar material ferroviario en Europa, criticó el modo en que se hizo aquella adquisición millonaria realizada a partir de convenios internacionales firmados por Néstor Kirchner.

“La compra fue un disparate mayúsculo. Si me hubieran llevado a mí a España y Portugal no los habría comprado ni mamado. Y el precio que se pagó no lo pago ni mamado. Ahora una vez que tengo el material acá lo reparo y lo uso. Tengo la obligación de usarlo porque si no lo pago dos veces”, dijo el ingeniero en ferrocarriles.

Y ante las preguntas de la fiscal Gabriela Baigún y del querellante en nombre de la Oficina Anticorrupción, Arturo Gutiérrez, concluyó : “Si ustedes me hubiesen contratado para asesorar en aquella compra yo no habría traído el material en el estado que lo trajeron porque no se justifica el precio del transporte. Habría que haber estudiado cada vehículo que se compró en el exterior: no es bueno haber comprado al bulto. Pero si me ponen como gerente de una línea ferroviaria el material lo uso. Lo reparo y lo uso”. Parte del material comprado fue reparado y otra no.

Teóricamente con destino de reparación unos treinta coches procedentes de España llegaron a los talleres ferroviarios de la empresa Emepa en Chascomús, provincia de Buenos Aires. Empezaron a llegar en agosto y finalizaron en diciembre de 2007. Habían sido enviados por la subsecretaría de Transporte Ferroviario que dependía de Jaime y sin un remito en el que constara el detalle y estado de los mismos. La idea era que fueran reparados allí, uno de los talleres metalúrgicos especializados en ferrocarriles.

Era tal el estado de los coches españoles que Eugenio Alarcón, jefe de planta de Emepa en Chascomús, llamó un escribano para que quedara asentado no solo la recepción de cada uno sino también en qué condición se encontraban. El escribano Alejandro de Otazua -que también declaró en el juicio- anotó el número correspondiente de cada coche y el de cada uno de los bogies. Y además mandó a tomar fotografías de cada uno de ellos. De ese modo -mediante una actuación notarial- dejaron plasmadas las condiciones en las que estaban los coches llegados desde España.

Alarcón declaró vía Zoom. Trabajó en los talleres de Emepa durante décadas. Ahora está jubilado. Fue quien explicó que había llamado a un escribano porque los coches llegados desde España estaban en mal estado, “ninguno chocado, aunque con la chapa muy corroída”, aclaró.

Mientras declaraba desde el Tribunal Oral Federal 6 mostraban vía Zoom las fotos que se habían tomado en aquel lejano 2007. Y Alarcón las comentaba: “Eso es un coche comedor destruido, ahí se puede ver la cocina. Eso es un vagón de primera clase, ese es un coche con camarotes, ahí se ve un furgón. Muchos llegaron vandalizados, pintados con grafittis”. Se ocupó de recordar que desde la secretaría de Transporte jamás les llegó la orden indispensable para realizar la reparación que necesitaban los coches españoles.

Con cierta pena, porque en aquellos años de la llegada de los trenes les faltaba trabajo en la planta y habían reducido personal, Alarcón dijo que: “Se los podía reparar sin problemas. Nunca nos pidieron un presupuesto. Hubiese sido importantísimo porque no teníamos trabajo y nos habría venido muy bien. Era muy importante trabajar en la reparación de esos coches ya que teníamos muy poco trabajo. Habría sido muy bueno reparar los trenes que llegaron de España”. Pero eso no sucedió.

El caso judicial que llegó a juicio este año comenzó en junio de 2013. Se inició a raíz de una denuncia de legisladores de la oposición que se basaron en un informe del año 2012 de la Auditoría General de la Nación que señalaba las irregularidades en la compra del material ferroviario.

El 22 de mayo de 2014 el juez Julián Ercolini -que tuvo la instrucción del caso- ordenó un allanamiento en la planta de Emepa para comprobar el estado de los coches que habían llegado allí casi siete años antes. Lo realizó mediante exhorto el entonces juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla.

Las fotografías tomadas en aquel allanamiento y que forman parte del expediente judicial no dejan dudas: al deterioro inicial que presentaban los coches dejados en Chascomús en 2007 se le había sumado el hecho de haber quedado a la intemperie. En algunos de los coches comprados para mejorar el sistema de ferrocarriles había crecido una tupida vegetación. No hay fotos de 2021 que documenten qué tanto creció aquella vegetación.

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