Las denuncias contra la obra social de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas (IOSFA) no son nuevas. Pero se profundizaron durante la pandemia. “Llegamos a recibir 2000 reclamos mensuales en la Subsecretaria de Bienestar, desde recorte de prestaciones hasta falta de atención en las farmacias; hay que repensar todo el sistema”, admite un alto funcionario del Ministerio de Seguridad. Hasta los altos mandos de Gendarmería y Prefectura (la PSA ya estaba incorporada a UP) habrían reclamado una solución urgente. En la cartera que conduce Sabina Frederic admiten que las negociaciones están muy avanzadas y que trabajan con el aval del presidente Alberto Fernández: el proyecto implicaría el traspaso de todos los efectivos de Gendarmería y Prefectura a la obra social de UPCN. En cambio, los integrantes de las fuerzas armadas seguirían en IOSFA, que profundizaría su grave situación financiera.
“Fue una buena idea lo de IOSFA pero en los últimos años la estructura interna se sobredimensionó. Hoy tiene 4500 empleados para casi 600 mil afiliados, casi el doble que IOMA. Esos empleados se pagan con los aportes de los afiliados. En cada viaje por el interior del país escuchamos reclamos de todo tipo. No adecuaron la estructura de la obra social al despliegue de las fuerzas seguridad en todo el país”, se lamenta un funcionario del Ministerio de Seguridad ante la consulta de Infobae.
La creación de IOSFA se remonta a 2013, apenas comenzaba la primera gestión de Agustín Rossi en el Ministerio de Defensa. Pero el proyecto había sido ideado por la ex ministra Nilda Garré. De esa manera se fusionó la cobertura para el Ejército y Gendarmería, que estaban a cargo del Instituto de Obra Social del Ejército (IOSE); la Marina y Prefectura bajo la Dirección de Bienestar de la Armada (DIBA); y la aeronáutica militar por la Dirección de Bienestar del Personal de la Fuerza Aérea (DIBPFA).
Los efectivos de la PSA tienen Unión Personal desde la creación de esa fuerza, aunque pueden derivar aportes a otras obras sociales. A fines del año pasado, tras un nuevo acuerdo con UP, también se sumaron los retirados y pensionados que no tenían la antigüedad mínima como afiliados. “Era una demanda histórica y una injusticia, sobre todo para quienes habían dedicado tanto tiempo de trabajo al Estado en general y en particular a la PSA”, dijo en ese momento el director nacional José Glinski.
El decreto que creó el IOSFA planteaba que era “imperioso adoptar medidas de saneamiento integral y unificado, tendientes a la normalización del acceso y ejercicio de un derecho tan importante como es el de la salud”. Nada de eso ocurrió.
“Tuvimos una reunión con Díaz Pérez (el presidente de IOSFA) y nos confirmó que hay una intención del Gobierno de sacar a los efectivos de Gendarmería y Prefectura. Representaría un 38% de afiliados menos. Esto pone a la obra social al borde del desfinanciamiento y en peligro a unos 1500 trabajadores”, denuncia un delegado de ATE de Punta Alta en un audio que circula entre las fuerzas de seguridad.
Ante la consulta de Infobae, el presidente de IOSFA, Dario Díaz Pérez, relativizó la posibilidad concreta de un traspaso aunque admitió las complicaciones que generaría: “Si se concreta lo que están diciendo implosiona la obra social, mucho más en la situación que estamos viviendo con la pandemia. Quedarían 375 mil afiliados sobre un total de casi 600 mil. El funcionamiento sería inviable por la estructura de aportes y la distribución en el país que tiene la obra social”.
Mas allá del traspaso, la situación de IOSFA es realmente preocupante. El diputado nacional Gustavo Menna acaba de presentar un pedido de informes en el Congreso luego de escuchar al personal civil y a los militares retirados de la base Almirante Zar, en la ciudad de Trelew. “Están abandonados, nadie les da una respuesta. La situación de la obra social es caótica. Pero si sacan a los efectivos de Gendarmería y Prefectura se va agravar todo. Además no lo pueden hacer por decreto porque es un ente autárquico”, dijo Menna en diálogo con Infobae.
En la base Almirante Zar se acumulan denuncias sobre las prestaciones médicas de IOSFA. “La situación es gravísima, no tenemos cobertura médica. Una compañera que estaba embarazada y tenía fecha de parto tuvo que pagar $180 mil para que la atiendan. Otra compañera jubilada de IOSFA tuvo que poner $70 mil para conseguir una cama para su marido. De esos casos hay decenas. Estamos cautivos de una obra social que está en graves problemas”, se quejó ante este medio Aldo Galarza, referente de los “autoconvocados”. Ese grupo, que reúne a unas mil familias, propone que se realice una auditoría profunda de IOSFA para conocer la verdadera situación financiera.
En el Ministerio de Seguridad admiten que las conversaciones con las autoridades de UPCN están avanzadas. “Hay que pensar en un sistema solidario, que cubra a los retirados. Nuestra responsabilidad es que las fuerzas tengan mejores prestaciones, especialmente en un año de pandemia. Hay varias opciones sobre la mesa, todavía no hay nada definido”, dijo ayer un alto funcionario de esa cartera.
En el gremio que conduce Andrés Rodríguez también confirmaron que están muy cerca de un acuerdo. “Si nos pasan a los efectivos de las fuerzas con los aportes como corresponde no vamos a tener problema. Pero requiere de un plan especial, porque Gendarmería y Prefectura están en todo el país. Son unos 70 mil efectivos, aunque el número de afiliados se triplica por los grupos familiares”, ratificó un dirigente de UPCN ante una consulta de este medio.
Díaz Pérez admite que la situación de IOSFA es crítica, aunque carga las tintas sobre la gestión anterior. “Cuando asumimos el estado de la obra social era caótico. Teníamos $6.000 millones de deuda, lo que empezó a generar cortes de servicios en todo el país. Con el tiempo ordenamos los números y hoy la deuda es de $1.200 millones. Le entregamos los elementos que encontramos a la Oficina Anticorrupción y se hizo una denuncia penal contra tres civiles y tres militares”, resumió el ex intendente de Lanús.
La denuncia -que recayó en el juzgado de Daniel Rafecas- apuntaba al ex ministro de Defensa Oscar Aguard, el entonces presidente de IOSFA, a dos tesoreros y a dos gerentes.
En el Ministerio de Seguridad, en tanto, acumulan denuncias sobre el funcionamiento de IOSFA pero también sobre los sueldos de los miembros del directorio, monopolizado por representantes de las fuerzas armadas. Según datos publicados en el sitio web de la obra social, en febrero de 2020 el presidente de IOSFA cobraba $ 271.471. Y los vocales que representan al personal civil $ 246.564. Pero ya pasó más de un año.
En la cartera que conduce Frederic aseguran que las cifras reales duplican o triplican esos montos. Díaz Pérez lo desmintió, aunque no dio cifras concretas: “Gastamos $500 millones entre sueldos (son 3700 solo los civiles), estructura y pagos de servicios”.
La falta de información oficial sobre las negociaciones multiplica los rumores y las operaciones cruzadas. “No es cierto que los retirados vayan a ir al PAMI”, advirtió ayer una fuente de Seguridad.
Las internas políticas dentro del Gobierno agravan la situación. El proyecto Frederic tiene el aval del presidente Alberto Fernández pero no cuenta con el apoyo del Ministerio de Defensa, que debería controlar el funcionamiento de IOSFA. Tampoco lo avalaría la vicepresidenta Cristina Kirchner, que esta semana mandó a su hijo a ponerse en tema.
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