La causa por el espionaje ilegal pasó a Comodoro Py pero la jueza que la recibió decidió no intervenir porque podría ser una víctima

La causa por el espionaje ilegal que se abrió en Lomas de Zamora, que investiga a las ex autoridades de la AFI macrista y más de una treintena de agentes, ya aterrizó en Comodoro Py, tal como lo indicó después de idas y vueltas la Cámara Federal de Casación Penal y pese al recurso que planteó la vicepresidenta Cristina Kirchner para evitarlo. Sin embargo, apenas el expediente cruzó las puertas del edificio de Retiro, la jueza que lo recibió se excusó de intervenir. ¿Por qué? Porque sostiene que ella misma pudo haber sido víctima de maniobras de espionaje que llevó adelante la conducción de la AFI macrista.

“Lamentablemente me encuentro dentro de las personas que sin motivo aparente habrían sido espiadas y, entonces, sería necesaria mi comparecencia en dicha calidad, lo que excluye mi intervención a cargo de la investigación”, dijo en un escrito al que accedió Infobae la jueza María Eugenia Capuchetti, titular del juzgado federal 5.

Ahora, la Cámara Federal porteña deberá evaluar sus argumentos para saber si respalda su decisión o la revoca. De aceptarla, el tribunal también tendría que analizar quién debe hacerse cargo del expediente: si un juez nuevo o si puede recaer en el juzgado que ya investiga maniobras ligadas a la AFI macrista.

Según pudo saber Infobae, una posibilidad sería el juez Marcelo Martínez De Giorgi. Ese juez ya investiga la denuncia de Dario Nieto, el ex secretario de Mauricio Macri acusado de espionaje ilegal, quien afirmó que fue manipulado su teléfono celular, secuestrado durante un allanamiento en su casa.

La causa que nació en Lomas de Zamora tiene una significativa importancia para el kirchnerismo. Es que desde allí se logró demostrar por un lado la vigilancia sobre la entonces ex presidenta Cristina Kirchner en el Instituto Patria durante 2018, pero además un grupo de WhatsApp dejó al descubierto el espionaje ilegal que se hizo a dirigentes opositores al macrismo y también a integrantes de ese espacio como Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, junto a periodistas y gremialistas. Y también abrió el capítulo sobre las vigilancias a los llamados presos K. Hay más de de 300 hechos de espionaje.

Inicialmente, los ex jefes de la AFI pidieron que el caso quedara radicado en Comodoro Py. Se lo pidieron al juez Marcelo Martínez De Giorgi, que ya los había sobreseído por la presencia de autos de la AFI en la puerta del Instituto Patria. De Giorgi rechazó el planteo. El caso llegó entonces a manos de Capuchetti.

Pero Capuchetti se había opuesto inicialmente a que pasara a Py la causa que nació en Lomas de Zamora. Sin embargo, distintos pronunciamientos de la Cámara Federal y luego de la Cámara Federal de Casación Penal terminaron concretando lo que no querían las querellas y sí los acusados: la radicación del expediente en Comodoro Py.

Desde Comodoro Py, la jueza Capuchetti había recibido los reclamos de las defensa de los acusados. Junto a ella intervenía el fiscal Carlos Stornelli, quien acompañó los planteos de sostener la competencia porteña de la causa. Cuando Casación validó el pase a Py, Stornelli se excusó de seguir interviniendo. Fue en febrero después de que Casación dictara su primer pronunciamiento hablando de la competencia porteña. Es que la causa de Lomas de Zamora tiene tres patas y una de ellas es el espionaje a presos kirchneristas. Stornelli planteó que fue una víctima de la llamada “operación Puff” montada en la cárcel y por lo tanto decidía no intervenir.

En aquel momento, apenas se conoció la resolución de Casación, el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé dispuso remitir el expediente. Pero el juez Mariano Borinsky de Casación lo instó a mantener el expediente allí porque la decisión no estaba firme. El juez entonces dictó los postergados procesamientos de los ex AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, el ex director del Servicio Penitenciario Federal Emiliano Blanco, la ex funcionaria de Cambiemos Susana Martinengo y otro grupo de espías. También firmó la falta de mérito de Darío Nieto, secretario de Mauricio Macri.

El 30 de marzo, la Sala IV de Casación, por los votos de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, contra la jueza Angela Ledesma, rechazó el recurso extraordinario que CFK y otros querellantes para llegar a la Corte Suprema. En aquel momento el fallo incluyó la frase “firme que sea”, es decir, que el pase no se concretara hasta la confirmación final.

Sin embargo, el miércoles pasado, Casación ordenó por dos votos a uno que finalmente se ejecutara su decisión. Fue luego de un recurso de la defensa de Dario Nieto, ex secretario de Mauricio Macri, que buscaba anular resoluciones tomadas en Lomas de Zamora y la Cámara Federal de La Plata sobre la nulidad de sus allanamientos y el secuestro de su teléfono.

Carlos Beraldi, abogado de CFK, reclamó suspender el tránsito a Py porque iba a apelar, pero el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé, cumpliendo órdenes de sus superiores, dejó la causa.

Con la llegada a Py, la causa fue a parar al juzgado de Capuchetti, quien ya se había resistido al pase del expediente a Retiro. Lo que hizo ahora la jueza fue decir que ella podría ser victima de espionaje de la misma organización que se investiga en la causa y por lo tanto tenía que excusarse.

Como subrogante del juzgado federal 6 –que pertenecía al jubilado Rodolfo Canicoba Corral y hoy está vacante-, Capuchetti se encontró con la causa que se inició en 2017 a raíz de la columna del periodista Carlos Pagni, en donde aseguró que “un sector de la Agencia Federal de Inteligencia se dedicaría a realizar operaciones clandestinas, mencionando numeroso blancos de dicho accionar, así como también a los agentes que presuntamente llevarían a cabo el mismo, encontrándose entre ellos Silvia Cristina Majdalani y Gustavo Héctor Arribas”.

Se detectó en el marco de esa investigación consultadas a la Dirección de Migraciones, en donde se determinó que se habrían monitoriado sin justificación las salidas y entradas al país de numerosos jueces. “

El día 20 de marzo de 2.018, ocasión en la que se consultó en tres oportunidades los movimientos migratorios correspondientes a mi persona (una vez a tránsito de pasajeros coincidentes y dos veces a tránsito de sistemas de búsqueda) -dijo Capuchetti-. Por tal motivo, el pasado 26 de noviembre de 2.020 me inhibí de continuar en esas actuaciones, por encontrarme entre los posibles damnificados de las operaciones denunciadas, razón por la cual el ejercicio normal e imparcial de la función jurisdicción podría verse afectado, por mi condición de damnificada”, escribió.

Señaló Capuchetti: “iguales razones me llevan a inhibirme en los presentes actuados, toda vez que aparecen investigadas aquellas maniobras de inteligencia ilegal que habrían sido adoptadas en el interior de la Agencia Federal de Inteligencia, que se corresponden con el plazo temporal de los hechos aquí investigados”. Y recordó que en la causa de Lomas de Zamora se hicieron consultas a migraciones, como las que fue víctima. Señaló el caso del ex intendente de Avellaneda kirchnerista Jorge Ferrasi, cuando el espía Leandro Araque avisaba que el hoy ministro de Desarrollo Territorial había viajado a Estados Unidos con toda la familia.

“Habiendo hecho las aclaraciones pertinentes, entiendo que en autos se impone la necesidad de excusarme para entender en los mismos, toda vez que pudiendo resultar damnificada por hechos similares a la de pesquisa, se vislumbra la posibilidad de que mi imparcialidad y por lo tanto el ejercicio normal de la justicia se vean afectadas. Asimismo, resta agregar que es posible que aquí resulte útil la comparecencia en calidad de testigo de aquellas personas que resultarían ser víctimas de los hechos que constituyen estos procesos”, escribió.

La decisión ahora estará en manos de la Cámara Federal. Si las explicaciones de Capuchetti son validas, la causa pasará a otro juzgado.

La causa que estaba en manos de Canicoba Corral analizaba las consultas hechas en la AFIP, la UIF, Migraciones y el Banco Central sin autorización judicial sobre distintas personas. Allí aparecerían desde Susana Giménez, Mirtha Legrand, Jorge Lanata y Santiago del Moro hasta Hugo Moyano, Angelo Calcaterra (primo de Mauricio Macri) y al propio Franco Macri.

Pero en la nómina también había jueces espiados. Tal como lo informó Infobae en aquel momento, entre ellos aparecía el ministro de la Corte Juan Carlos Maqueda y después se sumó el nombre de Ricardo Lorenzetti. (Los movimientos migratorios de otros dos jueces de la Corte, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, figuraban en tanto en las carpetas del falso abogado Marcelo D’Alessio, investigado en Dolores). Entre los 21 jueces, estaba también el propio Canicoba, que había pedido los informes.

Desde la camarista de Casación Ana María Figueroa al presidente de la Cámara Federal Martín Irurzun. También aparecen los más nuevos de Comodoro Py, como el camarista federal Mariano Llorens y la jueza federal María Eugenia Capuchetti y jueces a los que en algún momento apuntaron dirigentes de Cambiemos, como Sebastián Casanello, Daniel Rafecas y Luis Rodriguez. En la lista también están María Servini, los jueces del fuero penal económico Marcelo Aguinsky, Javier López Biscayart y Pablo Yadarola. Y de tribunales orales como Claudio Gutiérrez de la Cárcova, María Gabriela López Iñiguez, Sabrina Namer, Ángel Gabriel Nardiello, Sergio Paduczak, Javier Ríos, José Martínez Sobrino y Nicolás Toselli.

Al ver su nombre en los registros, Capuchetti se excusó inicialmente de intervenir en la causa. El caso pasó a manos del del juez Sebastián Ramos. Pero según revelaron a Infobae fuentes judiciales Ramos se excusó la semana pasada cuando al ver el expediente se dio cuenta que sus movimientos migratorios también habían sido consultados sin ninguna autorización.

“Si bien en primer término se admitió la inhibición de la Dra. María Eugenia Capuchetti, no se puede soslayar que no se contaba en ese momento con la información receptada el 23 de marzo próximo pasado, a partir de la cual se tomó conocimiento que mis datos personales también habían sido compulsados por distintos organismos, a través de las claves brindadas por la Dirección Nacional de Migraciones. En consecuencia, siguiendo el mismo criterio que se sostuvo aceptar la excusación de la Dra. Capuchetti, corresponde que me aparte la dirección de este sumario por encontrarse mi situación entre aquellas causales que taxativamente prevé el art. 55 del C.P.P.N”, señaló la resolución.

Por eso, en tribunales se barajaba la posibilidad de que todo recayera en manos de Martínez De Giorgi, quien ya tiene en sus manos una causa radicada por Darío Nieto diciendo que e se violó la cadena de custodia de su equipo, secuestrado durante un allanamiento a su su domiciliario. Allí Nieto afirmó que se plantó un mensaje enviado desde su equipo al teléfono de Majdalani, ex número dos de la Agencia Federal de Inteligencia e imputada por tareas de espionaje ilegal.

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