“No van a ser dos semanas. Van a ser dos meses. Lo peor todavía no llegó”. Tres oraciones. Contundentes. Cargadas de las certezas que solo conocen unos pocos. Puertas adentro de la Casa Rosada flota la idea de profundizar las medidas restrictivas si los contagios no ceden. Una variable entre tantas que dan vuelta en los despachos oficiales.
Sin embargo, los nombres propios que están empapados de información piden cautela. No hay voluntad de generar temor, pero la preocupación por la capacidad del sistema sanitario es extrema. Las terapias se ocupan a una velocidad mucho mayor a la del año pasado. La del 2021 es otra pandemia. Las nuevas cepas, sobre todo la Manaos, son más contagiosas, más destructivas, más letales.
La última decisión del presidente Alberto Fernández respecto a las restricciones en la circulación expusieron que existe un camino inesperado que se puede elegir de imprevisto. Cuando el último miércoles Santiago Cafiero y Carla Vizzotti llegaron a la Quinta de Olivos para apresurar la resolución de las nuevas medidas, no sabían que el Jefe de Estado ya tenía decidido suspender las clases presenciales.
Los pasos que fueron habituales para definir las medidas, ya no lo son. O, al menos, no son parte de un sistema de decisiones correlativas, como sucedió el año pasado donde el camino era siempre el mismo. El acuerdo con los propios, la ronda de gobernadores y la negociación tripartita entre Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta ahora son parte del pasado.
El lunes comenzará una semana decisiva. ¿Avanzar con nuevas medidas con inmediatez o esperar a que transcurran los primeros días y analizar el impacto de las restricciones que se aplicaron en los últimos 15 días? Esa es la duda que hoy gira en el Gobierno. Pero no es la única. Hay una aún más difícil de desterrar. Cuando el objetivo es evitar el colapso del sistema sanitario, ¿volver a Fase 1 es el camino correcto o no?
En los últimos 10 días se sucedieron una serie de episodios muy concretos que expusieron la necesidad que tiene Alberto Fernández de profundizar las medidas de restricción. También iluminaron la gravedad del escenario sanitario actual. Una realidad que una parte de la sociedad, debido a su comportamiento, parece no haber terminado de entender.
El 10 de abril se conoció que la mayoría de las clínicas privadas de la Ciudad Autónoma de Buenos se había quedado sin lugar en sus Terapias Intensivas. Algunas tenían el 95% de ocupación y otras el 90%. Los sanatorios IADT, Británico, Italiano, Güemes, Alemán, Los Arcos, La Trinidad, Mitre y Cemic no tenían lugar para internar cuadros graves en los cuidados intensivos.
El 12 de abril el grupo de especialistas médicos que asesora al Gobierno desde el inicio de la pandemia le recomendó a los principales ministros de la gestión, en una reunión en Casa Rosada, tomar medidas restrictivas duras para cortar la suba de casos. Plantearon la eliminación de toda actividad recreativa, social, cultural y deportiva. Fernández aceptó esa recomendación y actuó en consecuencia.
El 16 de abril el Ministerio de Salud informó que se registraron 29.472 nuevos contagios de coronavirus en 24 horas. Un número récord. Se suele decir que los números hablan por sí solos. El récord de casos en el 2020 se había registrado el 21 de octubre. Fueron 18.326.
El 21 de abril el gobierno de Axel Kicillof ordenó que las clínicas públicas y privadas de la provincia de Buenos Aires suspendan todas las cirugías y atención de patologías que no revistan urgencia para atender a pacientes con coronavirus.
El 22 de abril la administración porteña que conduce Horacio Rodríguez Larreta decidió restringir las operaciones quirúrgicas que no sean de urgencia durante 30 días con el fin de no ocupar camas en las unidades de terapia intensiva.
A ese encadenamiento de señales de alarma se sumaron los dos DNU presidencial en los que Alberto Fernández mostró, en la comunicación de las medidas, el vertiginoso ascenso de los contagios en el AMBA. El primer capítulo de una serie negra que los argentinos ya vivieron. Una vez que el virus pasa el conurbano, empieza a estallar en el interior bonaerense y luego corre a toda velocidad hacia las provincias del centro.
En paralelo a esas alarmas, el gobierno nacional y el porteño se enfrascaron en una pelea por la presencialidad de las clases en la ciudad de Buenos Aires. La discusión terminó en la Justicia, con ganadores y perdedores que solo pueden verse con claridad en el micromundo que sigue el día a día de la política. La minoría del país. Pero en el Gobierno permanece el estado de furia. “Larreta va a la Corte Suprema y después nos pide 50 respiradores”, se quejan.
Después de pasar por todo ese camino de espinas, el Gobierno se enfrenta al escenario más oscuro que le tocó desde marzo del año pasado. Alcanza la definición que le dio a Infobae el director de Hospitales de Buenos Aires, la provincia más poblada del país, para entender la gravedad.
“Estamos con muchos problemas para gestionar las camas de Terapia Intensiva. El crecimiento de casos es exponencial. La ocupación de esas camas es la variable que describe si hay o no una saturación del sistema. Estamos al límite. Vemos pacientes que ingresan con cuadros leves o moderados y pasan a graves en pocas horas. Está aumentando la letalidad en terapia”, explicó a este medio Juan Riera.
Hay una buena noticia. La curva de contagios entre los mayores de 70 años se amesetó. Quiere decir que las vacunas están haciendo efecto entre los adultos mayores. Pero hay una mala noticia en espejo. Las terapias son ocupadas por gente más joven que, si bien tienen menos riesgo de muerte, permanecen más tiempo internados, por lo que la disponibilidad de camas UTI se acota semana a semana.
En Balcarce 50 aseguran que hay un plan A, que es avanzar con la vacunación lo más rápido que se pueda, y un plan B, que es restringir la circulación para cortar la trasmisión del virus. No hay plan C. No sobran las herramientas. Por lo tanto, lo que queda, frente al crecimiento de los contagios y la ocupación de camas de cuidados intensivos, es profundizar los planes que ya están activos.
El Gobierno analiza día a día, hora a hora, las variables sanitarias y epidemiológicas. Quieren esperar a los primeros días de la semana que viene para evaluar los primeros resultados de las medidas restrictivas que ya fueron tomadas. El viernes 30 se vence el DNU que prohibió, entre otras cosas, las clases presenciales en el AMBA. En la Casa Rosada descartan que las medidas continuarán.
Sin embargo, en el Gobierno nadie puede asegurar que Fernández no seguirá su propio camino. Está monitoreando al detalle lo que sucede. Le preocupan las imágenes del colapso. En el fondo, aunque aún no lo exprese públicamente, está convencido que debe ir a fondo con las nuevas medidas. Quizás antes de lo que la mayoría de los argentinos piensan.
En el corazón del gobierno nacional creen que los gobernadores comenzarán a tomar medidas más duras en el corto plazo. Todavía permanece el enojo porque no se acoplaron al pedido del Presidente para adherirse al paquete de medidas de la semana pasada. Asumen que, uno a uno, irán aplicando restricciones, tal como se los había adelantado Fernández. Al fin y al cabo, la segunda ola les pegará a todos.
La única luz de esperanza que se divisa en la gestión del Frente de Todos está atada a la desaceleración en el crecimiento de la curva de contagios, que es a lo que apuntaron las medidas. Ese resultado haría que el sistema aguante más presión, pese al enorme cansancio que hay entre los médicos.
“Si la próxima semana se amesetan los casos y la que le siguen empiezan a bajar, tal vez podemos entrar en una etapa de aperturas y cierres intermitentes”, reconoció un allegado al Presidente.
Veinticuatro horas después de esa expresión, Argentina registró un nuevo récord de muertes. Fallecieron 557 personas en un día. Casi en el mismo momento en que se conocían los casos, Axel Kicillof y Nicolás Kreplak ingresaban al despacho de Alberto Fernández para plantearle que se estaban quedando sin camas de terapia intensiva.
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