Padres apelaron el fallo federal que obligaba a la virtualidad de las clases y ayudan en la batalla judicial de Rodríguez Larreta

Un nuevo capítulo judicial se sumó en las últimas horas a la batalla que abrieron el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta por las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires en medio de la nueva ola de COVID-19 que atraviesa la Argentina.

Esta vez el foco no está puesto en la Corte Suprema, en donde se tramita la demanda que llevó Rodríguez Larreta al cuarto piso del Palacio de la calle Talcahuano pidiendo declarar inconstitucional el DNU en torno a lo que se dispone sobre las clases en la Capital Federal. Ahí el reloj en este momento lo tiene el propio Ejecutivo, que debe contestar acerca de su postura sobre los cuestionamientos de la Ciudad para que la Corte se pueda pronunciar.

Las novedades en la saga judicial por las clases se dieron en la noche del miércoles en la disputa abierta entre la justicia porteña y la justicia federal. Es que los padres de alumnos y la ONG que habían motorizaron la demanda en la justicia porteña, y habían logrado el domingo pasado un fallo en favor de mantener abiertas las escuelas pese al DNU, decidieron apelar la resolución dictada a última hora del martes por el juez en lo contencioso administrativo federal Esteban Furnari, en donde se invalidaba el fallo de la justicia local y dejaba en pie la decisión del Ejecutivo de la Nación sobre las clases virtuales.

Con esta apelación, el fallo del juez Furnari no está firme y deberá resolver sobre esas apelaciones de actores que, hasta ahora, no estaban en el expediente. Por eso, la Corte Suprema decidió remitirle el expediente que el propio Furnari les había mandado para que conteste la cuestión.

La causa en la justicia federal se abrió el mismo lunes horas después de la resolución porteña, cuando el Procurador del Tesoro Carlos Zannini se presentó para que se declare la inhibitoria de la Justicia porteña y la invalidez de lo decidido por la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires que falló a favor de la presencialidad en las clases en el distrito. Calificó de “escándalo jurídico” y “gravedad institucional” lo sucedido con la Justicia porteña.

El martes por la noche, Furnari decidió declarar la inhibitoria de la justicia porteña, con duras críticas y resaltando que el tema correspondía a la órbita era del fuero federal. Dijo que un tribunal local no podía opinar sobre un DNU porque no era su competencia y al hacerlo habló de la “confusión e incertidumbre” generada en la sociedad. No obstante ello dispuso que el caso pasara a la órbita de la Corte Suprema por entender que ése era el tribunal competente para actuar en un conflicto legal entre Nación y CABA.

Conocida esa decisión judicial, Rodríguez Larreta anunció que se continuaba con las clases presenciales porque esperaban la respuesta de la Corte Suprema. Eso generó que desde el oficialismo se acusara a Larreta de desobediencia e incluso se radicaran varias denuncias en su contra en Comodoro Py 2002 por incumplir una manda judicial.

Lo cierto es que en ese contexto se presentaron en la justicia federal dos apelaciones: una de la ONG “Fundación Centro de Estudios en Políticas Publicas” y otra de un grupo de padres, que eran los que habían llevado la causa a la justicia porteña, para impugnar el fallo “en el marco de la inhibitoria” .

“La intervención del juez (Furnari) estaba limitada a pronunciarse sobre su competencia para conocer en los procesos que tramitan ante el fuero local (Contencioso Administrativo, Tributario y de las Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), existiendo única y exclusivamente dos alternativas: declarar su competencia o rechazar el pedido de inhibitoria efectuado”, se sostuvo las presentaciones a las que accedió Infobae.

Y continúa: “Resulta llamativo que el magistrado interviniente haya obviado incluso el hecho de que el GCBA, conforme lo manifestó la Procuración General en medios masivos de comunicación, pusiera en su conocimiento -antes de que dictara el fallo- tal situación, avanzando de todas formas del modo en que lo hizo, contrariando toda regla de Derecho”.

La presentación también sostuvo que “el fuero federal no actúa como instancia de apelación o fuero superior a otro. Es un fuero, que entiende en determinada materia y asuntos reglados por la Constitución y normas infraconstitucionales. Si se admitiera su ubicación por encima de otros, sin hesitación alguna, habría que imponer como verdad legal irrefutable que estaría alterando el sistema de organización judicial, tal y como se encuentra diagramado en nuestro país”

Los apelantes afirmaron que “sin lugar a dudas, el actuar” de Furnari “altera de plano la garantía de seguridad jurídica, así reconocida por la CSJN, con todo lo que ello trae aparejado en un clima de incertidumbre de la comunidad educativa como el que se está viviendo”. Y por ello reclamaron “la nulidad de la resolución dictada” porque presenta “defectos ostensibles y mayúsculos que la hacen impropia e inválida como acto jurisdiccional válido”.

Pero para la altura que llegaron las apelaciones, Furnari ya había enviado el expediente a la Corte Suprema por entender que debía sustanciarse todo junto. Fue por eso que desde la Corte le mandaron oficio diciendo: “a fin de que provean las presentaciones efectuadas en el día de la fecha, devuélvanse las actuaciones al Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo Número 2”.

La falta de firmeza del fallo de Furnari alivia la situación en la que había quedado Rodriguez Larreta, desconociendo la resolución y avanzando con la presencialidad de las clases pese al DNU.

En paralelo la mirada general está puesta en la propia Corte Suprema. El presidente Alberto Fernández y el Procurador del Tesoro Carlos Zannini desconocen la competencia de la Corte Suprema para intervenir en un conflicto entre CABA y Nación por entender que CABA no puede ser tratada como el resto de las provincias. Sin embargo, la discusión ya está terminada. La propia Corte Suprema, con el aval de la Procuración General de la Nación, se declaró competencia para intervenir en base a su propia jurisprudencia, con la disidencia de Highton. Por lo tanto, la polémica está saldada, señalan fuentes judiciales.

Para este tema, la Corte resolvió dar un trámite sumarísimo al expediente: apuró los tiempos y corrió vista al Estado Nacional para que responda el planteo que hizo Rodríguez Larreta el viernes pasado buscando declarar la inconstitucionalidad del DNU. El Gobierno Nacional tiene tiempo para responder hasta las “dos primeras horas” de la mañana judicial del martes.

Una vez que el Estado Nacional brinde su versión sobre los cuestionamientos al DNU y las clases, la Corte Suprema podría correrle vista a la procuradora Laura Monti para que dé su opinión de los hechos, por tratarse de cuestiones de inconstitucionalidad, y luego estaría en condiciones de pronunciarse. Aquí ya no hay tiempos porque los marca el propio tribunal. El DNU disponía que obligación de mantener las clases virtuales en CABA finalizarían el 30 de abril.

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