La mayoría de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires acató este miércoles la decisión del gobierno porteño y abrió sus puertas para garantizar las clases presenciales, según surge de una recorrida realizada entre las 7:30 y las 8 por Infobae.
En un contexto normal, esta circunstancia no sería noticia, pero los chicos de la Ciudad de Buenos Aires viven una situación especial por una puja política desatada entre los gobiernos nacional y porteño.
El último capítulo de esta disputa incluyó un fallo de un juez federal que ordenó suspender la presencialidad en las aulas hasta tanto la Corte Suprema de Justicia se expida sobre un amparo promovido por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Sin embargo, el jefe de Gobierno decidió desconocer esta decisión judicial.
Esta vez no hubo conferencia de prensa del dirigente de Juntos por el Cambio para explicar su posición. El encargado de darle sustento jurídico y político al tema fue el procurador general porteño, Gabriel Astarloa.
“Mi recomendación fue que el jefe de Gobierno está obligado a seguir acatando un fallo anterior que se había dictado en el ámbito de la Justicia de la Ciudad como respuesta a una presentación de un grupo de padres y docentes y no el que se dictó anoche en un proceso que no es válido y tiene varias irregularidades”, aseguró el abogado del gobierno porteño.
Esa primera resolución a la que alude Astarloa fue dictada el domingo por la noche por la sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo de la Capital Federal y le ordenó a Rodríguez Larreta garantizar la presencialidad en las aulas pese a un decreto nacional que había ordenado cerrar los colegios en el Área Metropolitana por 15 días para contener el crecimiento de contagios de coronavirus.
Frente a este panorama, Astarloa intentó transparentar la situación: “Acá nos estamos manejando con estricto apego a la legalidad, el primer fallo es el válido, el vigente, en la decisión conocida anoche hay un exceso de jurisdicción y un abuso de autoridad, por eso creemos que el gobierno porteño debe seguir acatando la primera decisión y esa es la opinión que le transmití al jefe de Gobierno”.
Este segundo fallo -que para CABA no tiene validez- fue dictado anoche por el juez federal Esteban Furnari ante un reclamo presentado por el Gobierno. En su resolución, Furnari dispuso que la causa se remita a la Corte Suprema, “haciéndose saber a la Sala IV de la Cámara de Apelaciones y al Juzgado 1 de aquel fuero que deberán instrumentar la remisión ordenada”.
En este panorama de incertidumbre para los padres, Astarloa informó que las escuelas estarán abiertas y funcionando hasta que la Corte Suprema se expida sobre el fondo de la cuestión. El máximo tribunal se declaró competente el lunes y le dio traslado al gobierno nacional para que conteste. Ese lapso vence el próximo lunes. Luego el expediente deberá ser girado a la Procuración General y finalmente quedará en condiciones de ser resuelto.
Teniendo en cuenta que el decreto que generó la polémica preveía el cierre de escuelas por 15 días, el fallo de la Corte pondría tener un efecto práctico muy acotado, aunque se transformará en un antecedente determinante para futuros conflictos entre las administraciones de Alberto Fernández y Rodríguez Larreta en medio de las medidas de emergencia adoptadas por la pandemia.
La trastienda de la decisión política
Independientemente de la explicación jurídica, hubo una definición política de mantener las aulas abiertas.
Con los argumentos jurídicos explicados por el Procurador General, Rodríguez Larreta consultó a su Gabinete. Y la respuesta fue unánime: no se podía avalar una decisión judicial que se consideraba ilegal, ni tampoco permitir que Alberto Fernández apareciera revalorizado en la opinión publica por su estrategia diseñada para enfrentar la segunda ola del COVID-19.
En este contexto, Rodríguez Larreta evaluó que debía reforzar su ofensiva contra Alberto Fernández, que estaba conforme con los argumentos jurídicos presentados para avalar la decisión de suspender las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires.
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