Pesca ilegal en el Mar Argentino: cómo enfrentan desde la Armada, la Prefectura Naval y el Gobierno las maniobras predatorias en el Atlántico Sur

En circunstancias en las que resultan cada día más frecuentes los planteos de organizaciones ambientalistas y sociales en torno a la supuesta depredación de la riqueza ictícola en el Atlántico Sur, se acrecienta en la sociedad argentina la idea de que los mares sujetos a control por parte de las autoridades están abandonados. Días atrás, la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad recurrió a la Corte Suprema de la Nación con el objetivo de que “se ordene al Estado Nacional realizar acciones a fin de obtener el cese del gravísimo daño ambiental que genera la actividad ilegal en la Plataforma Continental”. Algo que en principio estaría fuera del alcance de cualquier tribunal nacional según sostienen la mayoría de los organismos del Estado consultados por este medio.

La mayor parte de las organizaciones reclamantes suelen confundir los diferentes ámbitos de incumbencia de las autoridades provinciales y nacionales en materia de regulación y control, como así también las diferentes legislaciones aplicables. Así por ejemplo la pesca costera (hasta las 12 millas) es responsabilidad de la provincia ribereña; la que se realiza entre las 12 y las 200 es resorte de la autoridad nacional en la materia y la que procede a partir de las 200 millas está tipificada en la Convención Internacional sobre Derecho del Mar.

En este contexto, por primera vez en forma concurrente y para un mismo medio, representantes de los únicos tres organismos del Estado Nacional con responsabilidad primaria sobre la pesca en altamar explicaron ante Infobae cómo enfrenta el Estado argentino la amenaza de la depredación de los recursos marítimos. Se trata del Director de Operaciones de la Prefectura Naval Argentina, prefecto general Miguel Ángel Reyes; el Director General de Organización y Doctrina de la Armada, Contraalmirante Julio Sanguinetti; y el Subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación, Carlos Liberman.

Seguramente la mayoría de los transeúntes que se desplazan por la esquina de Avenida Madero y Juan D Perón (CABA) desconocen que en el tercer piso del “Edificio Guardacostas” emplazado en esa esquina, un grupo de mujeres y hombres de la Prefectura Naval Argentina monitorean palmo a palmo y en tiempo real lo que sucede en las zonas de pesca más calientes del Atlántico Sur.

El prefecto general Reyes es el máximo responsable de las operaciones de la fuerza. Entre sus múltiples tareas se destaca el control de la actividad pesquera realizada por propios y extraños. Brinda a Infobae una detallada explicación sobre los pormenores del despliegue de hombres y medios que realiza la institución, el fin que persiguen y por sobre todo el recientemente implementado convenio de complementariedad operativa que -por un acuerdo interministerial- se viene realizando desde hace un año con la Armada Argentina.

“Para entender la problemática del control pesquero hay que tener en cuenta que nos regimos por un convenio internacional, con jerarquía constitucional, tradicionalmente conocido como CONVEMAR. Entre otras cosas determina los distintos derechos que los estados ribereños tienen sobre su mar -explica Reyes-. Se establece que las primeras 12 millas contadas desde la llamadas líneas de base constituyen el mar territorial, las 12 millas siguientes se denominan zona contigua y las primeras 200 millas desde las líneas de base (o de más bajas mareas) son la llamada Zona Económica Exclusiva. Esta es la zona objeto de nuestro interés y dentro de ella toda actividad extractiva de fauna, flora y minerales debe realizarse exclusivamente con permiso expreso de las autoridades nacionales”.

Reyes declara: “Toda la actividad pesquera realizada fuera de la milla 200 por esa enorme cantidad de buques que concitan atención por la potencia lumínica que exhiben cuando están abocados a la pesca del calamar, no infringe ninguna ley nacional y no puede ser impedida por ninguna autoridad nacional. Eso dice la CONVEMAR (Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar) y tenemos que acostumbrarnos al cumplimiento de la ley”.

Sobre este punto en particular, diversos especialistas consultados por Infobae coinciden al afirmar, que las cuestiones ecológicas o ambientales son importantes pero que por ahora las únicas normas en vigencia son la CONVEMAR y la ley federal de pesca y el país se debe ceñir a ellas. En cuanto a la extensión concedida en 2016 por la Comisión de la Plataforma Continental de la ONU, resulta necesario aclarar que la Argentina no sumó derechos sobre las especies nómades sino solo respecto a los recursos vivos sedentarios y los minerales adheridos al lecho y subsuelo marino.

La aseveración del prefecto Reyes fija el primer hilo conductor a tener en cuenta a la hora de clarificar algunos de los mitos en torno a la pesca ilegal. Si bien la presencia de grandes concentraciones de pesqueros mayormente chinos en las puertas de la ZEEA ( Zona Económica Exclusiva Argentina) puede llegar a constituir una amenaza para el equilibrio de los stocks de determinadas especies, ponerle fin a estas prácticas va más allá del accionar policial o fiscal del país. Todos los países con litoral marítimo se enfrentan en forma creciente al azote de las grandes flotas orientales que buscan alimento.

La imaginaria línea que nadie debe cruzar

Sin perjuicio de lo normado por la CONVEMAR, entre las 12 y las 200 millas cobra vigencia la Ley Federal de Pesca ( 24.922) en ella se establecen los lineamientos generales de la actividad pesquera nacional y también se establecen las penalidades pecuniarias y operativas para quienes pesquen sin permiso. Tal como resalta Reyes aquí surge otro hilo conductor a la hora de eliminar conceptos erróneos . “La pesca sin permiso dentro de las 200 millas no es un delito sino una infracción arancelaria redimible con multa”. Es por ello que más allá de las voces que se alzan pidiendo acciones armadas represivas contra buques y tripulaciones que sean sorprendidas infraganti pescando en aguas económicamente soberanas, esas pretensiones no solo son improcedentes sino además de cumplimiento imposible.

Reyes aclara taxativamente. “Lo que a todas luces sí es un delito susceptible de acción penal por parte del Estado Nacional es el intento de fuga ante una requisitoria de las autoridades militares o policiales para que una embarcación detenga sus máquinas y reciba a una dotación de inspección o lo que es peor una agresión contra la autoridad como ser intentar embestir a una nave del Estado Argentino”. Con un discurso que repetirán casi en forma idéntica los otros entrevistados, Reyes señala: “No estamos en el mar para apresar pesqueros, estamos para impedir que ingresen a la ZEEA pero si ingresan los capturamos sin dudar y si se dan a la fuga tenemos todos los medios materiales y legales para ir tras ellos”.

Para el cumplimiento de su misión en la materia, la PNA dispone de los guardacostas clase 24 o clase “Mantilla” que son los más grandes con los que cuenta la fuerza. Son 5 unidades de las cuales normalmente afectadas en forma alternada al control del mar en forma alternada en la zona de las 200 millas. Como la Prefectura es además de policía auxiliar pesquera la autoridad marítima nacional, las mencionadas naves también se utilizan para el control y protección de los buques argentinos que operan en la ZEE a los que aleatoriamente inspeccionan a efectos de garantizar que no poseen falencias en lo que hace a la seguridad en la navegación. El servicio de aviación de la autoridad marítima complementa el accionar de las naves con la vigilancia aérea. Todo ello apoyado en un moderno sistema de vigilancia electrónica al que Reyes se referirá por separado.

Respecto a la difusión que hace algunas semanas tuvieron varios videos tomados desde un avión comercial conducido por el piloto civil Enrique Piñeyro quien tomó la iniciativa de convocar a diversos medios de prensa para que registren un sobrevuelo sobre la milla 200 de la ZEE y constatar la supuesta presencia de pesqueros ilegales dentro del área reservada para el país en forma exclusiva. Reyes intenta derribar otro mito al señalar que “es imposible que desde un avión civil sin contar con un sistema de identificación AIS o equivalente adecuado se pueda opinar sobre la ilegalidad o legalidad de una embarcación pesquera. En el momento en que se tomaron esas imágenes constatamos que había 84 buques pescando dentro de las 200 millas. Todos eran argentinos y todos tenían permiso de pesca vigente. No siempre lo que se ve es lo que parece”.

“Desde hace un año y a partir de un acuerdo político entre los Ministerios de Defensa, Seguridad, Cancillería y Ganadería y Pesca, estamos trabajando en forma coordinada con la Armada. El grado de entendimiento es excelente y nos relevamos mutuamente no solo en el patrullaje naval sino también en el reconocimiento aéreo. Ya nunca más sucederá que existan momentos en los que nos superpongamos en el control de una zona marítima y otros en los que ninguna de las fuerzas se encuentre presente”. Acota el Director de Operaciones.

Reyes afirma rotundamente que en lo que va de la presente “zafra del calamar” ni la Prefectura ni la Armada han detectado incursiones extranjeras en las 200 millas. Lo que contrasta con las tres detenciones exitosas producidas durante 2020. Una vez surge la frase. " Nuestra misión es disuadir a los presuntos infractores más que capturarlos una vez que cruzan la línea.

Infobae consultó además al prefecto general acerca de un hecho sucedido en 2020 cuando inesperadamente la PNA interrumpió la persecución de un pesquero chino por una supuesta orden emanada de la Cancillería. Al respecto Reyes indicó. “Las maniobras en cuestión se continuaron hasta lograr la identificación fehaciente de la embarcación. Una vez obtenidos los datos necesarios y con el antecedente logrado por la institución hace cuatro años cuando Interpol aceptó detener a un buque infractor que evadió el accionar de la autoridad marítima nacional en un puerto de Indonesia reteniéndolo hasta que su propietario pagó la multa, se interrumpió la persecución con la intención de iniciar posteriormente el mismo procedimiento de captura internacional. Ello no fue necesario ya que luego de intensas gestiones diplomáticas el armador fue instado a entregar la nave a la autoridad local y abonar las multas y costos relacionados con la persecución”.

La tecnología al servicio de la soberanía

Las imágenes que se proyectan sobre la enorme pantalla entronizada en la sala de situación del edificio Guardacostas muestran la relativa suavidad con la que una enorme masa de agua menea lo que sin lugar a dudas es la proa de una embarcación. Podría tratarse de un atractivo salvapantallas pero en realidad son las imágenes en tiempo real que el guardacostas Azopardo está enviando a la central de operaciones de la Prefectura. Todo lo que el capitán a bordo ve, es visto también por Reyes y su gente.

“El sistema de vigilancia Guardacostas es un desarrollo propio que nos permite obtener información sensible acerca de la situación en las 200 millas y con un sistema multicapas”. Explica Reyes. Y continua al mismo tiempo en que pone en acción la “maquinaria” informativa. “De acuerdo a lo que deseamos ver proyectamos distintas capas de información. Desde el estado del clima, hasta la posición de cada buque que es recibida por intermedio del sistema AIS. Un buque puede apagar su sistema emisor AIS pero el sistema tiene otras fuentes de información obtenidas entre otros medios, por la propia CONAE ( Comisión Nacional de actividades espaciales)”. Otro “clic” del operador del mouse y en mucho menos de lo que se tarda en decirlo, aparece en la imagen un pesquero nacional, seguido de la imagen de su capitán o de un tripulante junto a su legajo personal y las habilitaciones que posee. La exposición finaliza con la certeza de que es muy poco lo que puede hacerse aún a 200 millas de la costa sin que el “ojo” del Guardacostas deje de verlo.

Cuatro ojos ven más que dos

Julio Sanguinetti es uno de los altos mandos de la Armada Argentina. Su jerarquía de contraalmirante y su cargo de Director General de Organización y Doctrina de la fuerza permiten inferir que su experiencia en las lides marinas es vasta. No obstante reconoce que es la primera vez que se “enfrenta” a una cámara para conceder un reportaje relacionado a su trabajo.

“Dentro de las tareas propias de la defensa una de particular importancia es precisamente la vigilancia. En este caso hablamos de la vigilancia de los espacios marítimos. Cuando vigilamos sabemos lo que ocurre en las aguas que son objeto de interés para el país y podemos obviamente detectar las anomalías que pueden estar ocurriendo en un determinado lugar y poner en alerta a los organismos del estado que tienen injerencia en la situación detectada. En el caso que nos ocupa nos referimos a la autoridad nacional en materia pesquera, la Subsecretaría de Pesca de la Nación”, explica Sanguinetti.

En un país que se ha esforzado en las últimas décadas por separar las cuestiones relativas a la defensa nacional con las de seguridad interior, podría parecer improcedente que una fuerza armada se involucre en cuestiones relacionadas con el régimen federal de pesca. No obstante lejos de ser así y tal como lo explica el oficial naval, bajo el paraguas de la autoridad nacional pesquera, la Armada es una fuerza concurrente al control y neutralización de la actividad pesquera ilegal. Los marinos militares que se empeñan en esta tarea lo hacen luego de ser capacitados en los institutos que la fuerza posee para tal fin a efectos que su desempeño en la función de contralor pesquero sea acorde a las normas taxativamente consagradas por la CONVEMAR y por la ley pesquera nacional.

" No solo capacitamos al personal sino que desarrollamos un proceso de mejora continua a partir de las experiencias propias a las que ahora se suma las que nos brinda la interacción con la Prefectura Naval Argentina”. Sostiene Sanguinetti al tiempo que se adentra en la gran novedad operacional que ya había enunciado el representante de la PNA. “Fui el encargado de trabajar durante un año junto al Prefecto Mayor Villarreal en la confección de los acuerdos marco para la interacción coordinada en materia de control del mar.

Este trabajo ha desembocado en el actual sistema de labor coordinada que hace que en este mismo momento mientras una embarcación de la Prefectura se encuentra en las 200 millas con el apoyo de sus medios aéreos, una corbeta de la Armada se encuentra en camino a relevarla y asumir la patrulla hasta el próximo 30 de abril”. Sanguinetti explica además que los medios materiales con los que dispone la fuerza están constituidos por las unidades de la división patrullado marítimo dependientes en última instancia de Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada. Las corbetas tipo A69 (en especial la Grandville) son las naves tradicionalmente encargadas de la tarea. Se cuenta ahora además con la moderna unidad tipo OPV ARA Bouchard, mientras que procedente de astilleros franceses está por arribar en junio su gemela bautizada “Piedrabuena”. Además, en construcción se encuentran otras dos unidades con fecha de entrega pactada para 2022 que completaran una escuadra de cuatro patrulleros oceánicos afectados exclusivamente al control y salvaguarda de los intereses argentinos en la ZEE.

El marino aclara y refuerza el concepto vertido por la Prefectura y que apunta a dejar en claro que en ningún caso la pesca sin permiso que pudieran ejercer buques propios o extranjeros en las 200 millas es un delito sino una contravención de acuerdo a lo normado en la ley federal de pesca, de la misma manera indica que los esfuerzos de vigilancia y control deben estar centrados en impedir lisa y llanamente que las flotas foráneas efectúen su faena dentro de las 200 millas y obviamente estar en capacidad de intervenir si ello ocurriera.

“Todo procedimiento de detección, análisis y eventual decisión de registro y captura de un pesquero infractor se cumple siguiendo protocolos establecidos de antemano y si bien cada situación es particular, la gradualidad en el accionar que aplica la Armada obedece a parámetros determinados que quien encabeza el procedimiento tiene en claro”. Detalla el almirante. Vale recordar que más allá de la existencia de medios remotos de vigilancia, de acuerdo a la ley del mar, para proceder a la persecución y captura de una nave en alta mar, la infracción debe producirse en el momento en que una unidad de superficie con poder y medios adecuados se encuentre en forma presencial en el lugar. Las reclamaciones en base a datos satelitales no son procedentes pero sí lo es el hecho de destacar unidades a un determinado lugar en base a la información que estos soportes electrónicos brindan.

Déjà vu

El vocablo francés resulta adecuado para describir el siguiente paso de la exposición del contraalmirante Sanguinetti. La presentación del moderno sistema de información multicapa “Pollux” desarrollado por la Armada “compite” en circunstancias muy beneficiosas para el país con el anteriormente expuesto por la PNA (sistema Guardacostas) a la hora de producir información sensible y confiable sobre el estado de situación en los caladeros más calientes del Atlántico sur. Tanto a 200 millas al este de Puerto Madryn como en la misma ubicación respecto a Comodoro Rivadavia 450 buques chinos, taiwaneses, españoles y rusos entre otros succionan la vasta pero siempre finita riqueza ictícola que el océano les ofrece. Los peces no saben de soberanía, si salen de las 200 millas son presa fácil de la voracidad pesquera, si regresan a la ZEEA serán protegidos por las fuerzas en el lugar, las que reconocen que están mucho mejor preparadas que hace unos años pero que aún falta mucho camino por recorrer.

“Toda la información producida por el Pollux está disponible para ser compartida con la PNA, con la Subsecretaría de Pesca, Cancillería y cualquier organismo nacional que la requiera para fines específicos”. Culmina Sanguinetti no sin antes aportar un dato revelador. “El 70% del personal de la Armada Argentina se encuentra empeñado en tareas relacionadas con la faz operativa del control del mar”.

La política en el control de la pesca

Carlos Liberman es un abogado nacido en Santa Cruz y ejerce su cargo de Subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación habiéndose formado para el mismo. Más allá de la lógica pertenencia política que lo lleva prolijamente a obviar cualquier referencia a logros y mejoras en materia de control pesquero que pudieran haberse producido durante la gestión de Mauricio Macri (por ejemplo la decisión de construir 4 patrulleros oceánicos, continuada por la administración Fernández) cuando habla lo hace con sólidos conceptos y fundamentos.

Al definir sus propias funciones y competencias y luego de reconocerse como la autoridad de aplicación del régimen federal pesquero, Liberman pone especial énfasis en el impulso que se le está dando a la acuicultura, una actividad que en Argentina solo cubre el 1% del consumo total de pescado. El día elegido para la entrevista coincide con el de la publicación en el B.O de la designación del primer Director Nacional de Acuicultura de la Nación, quien precisamente tendrá por función el fortalecimiento de la actividad.

Entrando en materia y al margen del reconocimiento que en forma reiterada hará Liberman del accionar de las fuerzas federales (Prefectura y Armada) en el ejercicio del control operativo del mar, el funcionario intenta dejar en claro el involucramiento de la actual administración en materia de defensa de los recursos ictícolas resaltando que uno de los primeros proyectos enviados al Congreso por el Presidente Alberto Fernández fue el de reforma de la Ley de Pesca 24.922 la que había quedado obsoleta en materia de penalización a quienes la violaban ya que las multas devinieron en irrisorias por efecto de la inflación. “Casi que era más caro montar el operativo de captura de un buque, que lo que finalmente terminaba pagando el infractor apresado. No era extraño por otra parte que un armador abandonara el buque en lugar de pagar la multa y terminaba generando un trastorno operativo en puerto”, sostuvo Liberman.

“En 2020 trajimos a puerto 3 buques ( dos chinos y uno portugués) y si bien el nuevo sistema de valuación de multas no estaba actualizado tal como lo está ahora, hicimos una reinterpretación de lo que la ley permitía y les aplicamos no sólo la multa correspondiente sino que les cobramos el ticket completo correspondiente a todos los gastos en los que el Estado Nacional incurrió para lograr su captura, más el cobro de toda la carga de sus bodegas a valores internacionales o el decomiso de la misma según corresponda. Las tres capturas dejaron un saldo de 125 millones de pesos, lo que si bien fue un récord en su momento, con la nueva valorización de las infracciones atada al precio del Gas Oil grado 2 sería de más de 800 millones”.

Así lo explica el funcionario, quien además señala que una multa tipo de diez millones de pesos ( la mínima de la escala) antes de la modificación de la ley ahora es equivalente a 3 millones de litros de combustible naval lo que a valores actuales importa la suma de 200 millones de pesos.

Una vez más de boca de un funcionario público se repite el concepto que refiere a que el trabajo conjunto apunta a no tener incursiones ilegales dentro de las 200 millas, pero Liberman enfatiza que ahora “si entran el chiste saldrá muy caro”.

Al referirse a las últimas capturas de 2020 el entrevistado hace especial mención a la circunstancia que todos tuvieron un denominador común. “Las tres naves fueron apresadas en la milla 199, es decir apenas penetraron allí estuvimos. La tolerancia es 0 no pueden ingresar ni un cuarto de milla y los capitanes de esos buques deben tenerlo en claro. Estamos mandando un mensaje muy fuerte a quienes están allí, no solo por los valores de las multas sino por el nivel de excelencia que han alcanzado las operaciones de control”. Sostuvo.

“Ahora, así como enviamos un mensaje para afuera debemos mandar un claro mensaje para adentro, para los 44 millones de argentinos. El mar se está controlando. Tenemos Radares, tenemos aviones y tenemos buques, tenemos 25 imágenes satelitales por día que la CONAE suministra a las fuerzas. Ahora si tenemos controlada la situación de nuestra milla 200. Nuestro control es de vanguardia.″. Asegura Liberman.

Infobae consultó al Subsecretario acerca de la forma en que su área contribuye al sostenimiento de los operativos de control a lo que Liberman respondió. “Entre lo que se recauda por el cobro de las licencias de pesca y otros aranceles más el producido de las multas cobradas a los infractores se conforma el Fondo Nacional Pesquero que se reparte entre el Estado Nacional y las Cinco provincias con litoral marítimo. Además una parte de lo recaudado se gira como partida especial para el sostenimiento del accionar de la Armada y la Prefectura además del INIDEP”. Indicó.

Requerido acerca de su apreciación sobre cuan cerca o lejos se está de obtener un nivel óptimo en materia de control sobre la riqueza pesquera nacional, Liberman manifestó. “Nosotros hemos avanzado significativamente en materia de control. Se me preguntan si me gustaría tener drones de vigilancia la respuesta es sí. Sí me gustaría tener más medios diría también que sí pero en este momento nuestro problema no es la falta de control”.

Por último Liberman no eludió la respuesta a la hora de referirse a la situación del sector pesquero nacional. Calificó el momento por el que atraviesa la actividad como extremadamente particular a tono con la situación general originada por la pandemia COVID-19. “No solo está resentida la actividad en lo económico sino en lo sanitario. Falta sin dudas una gran mirada nacional respecto a lo que pasa en el mar y fue muy complejo abordar el tema de la pandemia manteniendo la productividad. No obstante es importante aportar el siguiente dato, en 2019 sin pandemia se descargaron 780.000 toneladas de pescado hacía las plantas procesadoras. En 2020 con pandemia la cifra fue de 788.000 toneladas. Una diferencia exigua que se torna superlativa si se comparan los contextos”

Sobre el final del encuentro Liberman ratificó que el mar argentino en este momento está “sano” presentando stocks sensiblemente aumentados en lo que respecta a la existencia de merluza y langostino (esta última especie cuenta con una existencia 7 veces superior a la registrada 20 años atrás) según expresó el funcionario.

Seguramente un año de actividad exitosa y de neutralización de las incursiones ilegales al punto de llevarlas a 0 no bastará para quitar del ideario colectivo la idea de vulnerabilidad del sistema de vigilancia, control y represión de la pesca ilegal. Pero es un paso muy grande en la dirección correcta aseguran desde distintos sectores relacionados con la política pesquera del país.

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