El gobierno porteño le ofreció ayuda al sistema de salud del sector privado para compensar las camas de terapia intensiva que les puedan faltar a las clínicas y sanatorios de la Ciudad de Buenos Aires en caso de que sigan creciendo los casos de coronavirus y así evitar un colapso sanitario.
De esta forma, Horacio Rodríguez Larreta intenta que exista una coordinación entre el sector público, que está centralizado, y el privado, sin una administración en común, para aprovechar mejor la estructura de salud en el distrito y evitar que falten camas para los pacientes de COVID-19.
Actualmente, el nivel de ocupación de las camas de terapia intensiva de la salud pública es del 68%, de acuerdo con cifras oficiales de la Ciudad, y la del ámbito privado oscila entre el 95% y el 100%, según fuentes de la medicina prepaga. De esta última cifra, el 70% corresponde a internaciones por casos de COVID y un 30% corresponde a pacientes de otras patologías, pero se estima que con el correr de los días se liberarán más camas de este último rubro para destinarlas a enfermos de COVID, por lo que aún no hace falta utilizar la infraestructura adicional de la Ciudad.
Los establecimientos de salud del sector privado, de todas formas, ya empezaron desde hace dos semanas a suspender cirugías programadas para liberar camas de terapia intensiva. Un enfermo de otras patologías ocupa un promedio de 7 días una cama de terapia intensiva, mientras que un paciente de COVID está internado en esa área entre 20 y 30 días, e incluso más tiempo. Esa mayor rotación de los pacientes de otras patologías favorece la internación de los enfermos con COVID.
El Ministerio de Salud porteño admitió que una reserva de 50 respiradores que tenía fue entregada en préstamo al sector privado. “Estamos dándole un apoyo al sector privado, ayudándolo a aumentar su capacidad y para eso le pedimos al gobierno nacional esos respiradores”, explicó el ministro Fernán Quirós, quien aclaró que “los privados no están colapsados” y que eso sólo ocurre en algunos centros de salud que “son los primeros que se ocupan porque son donde la gente quiere ir siempre”.
En realidad, hay mayor preocupación actualmente por la necesidad de personal especializado en terapias intensivas que por el número de camas que se requerirá si siguen aumentando los contagios.
En el gobierno porteño trabajan en varios frentes complejos en forma simultánea para evitar que el aumento de contagios de COVID colapse al sistema de salud y, a la vez, para contrarrestar lo que cerca de Rodríguez Larreta se advierte como una fuerte ofensiva política del gobierno nacional contra la administración de la Ciudad, que se intensificó con el conflicto por las clases presenciales.
Las máximas autoridades del distrito pidieron a cada organismo vinculado con la salud la información más completa posible para contestar “datos que se difunden de manera malintencionada”. “Nos van a tirar con números distorsionados para perjudicarnos”, se atajaron en el gobierno porteño.
Para el equipo de Rodríguez Larreta, el Gobierno se enfocó en “una pelea a todo y nada” por las clases presenciales ante “la presión de Cristina Kirchner y del gobernador Axel Kicillof”, preocupados, según creen en el gobierno de la Ciudad, por la crítica situación sanitaria de la provincia de Buenos Aires.
Aseguran que no hubo ningún diálogo formal entre Rodríguez Larreta y Alberto Fernández desde el encuentro que mantuvieron en la Quinta de Olivos, el viernes pasado, aunque se mantiene el contacto extraoficial a través del canal establecido entre el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y el vicejefe porteño, Diego Santilli. El último contacto entre ambos, de todas formas, fue la semana pasada, cuando el Presidente anunció las nuevas restricciones y las autoridades de la Ciudad se enteraron de su contenido apenas media hora antes.
Los colaboradores del alcalde porteño confían en que se mantendrá firme el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires. Y aunque algún tribunal se expida en sentido contrario, aseguran que se apelará y que se mantendrán las escuelas abiertas ya que “el caso deberá ser resuelto por la Corte Suprema”.
La recusación presentada por un abogado contra la jueza Nieves Machiavelli, integrante de aquella Cámara que votó en favor del regreso a las clases presenciales y hermana del secretario de Ambiente del gobierno de la Ciudad, Eduardo Machiavelli, finalmente fue rechazada por la Justicia.
Los pliegos de los tres miembros de esta Cámara de Apelaciones, como recuerdan en el gobierno porteño, también fueron votados por legisladores porteños del Frente de Todos.
En las oficinas de Uspallata, donde funciona el gobierno de la Ciudad en Parque Patricios, estaban entusiasmados con el índice de presentismo de este martes en las escuelas porteñas: en el ámbito estatal fue del 83% de los alumnos y docentes, con un 12% que adhirieron al paro y un 1% de clases virtuales (más un 4% sin información). En el sector privado hubo un presentismo del 97% y un 3% de clases virtuales.
De todas formas, el clima en la administración porteña está muy lejano a la euforia. La tensión es evidente en cada integrante del equipo de Rodríguez Larreta: la dura pelea contra el COVID-19, así como la que se entabló desde el gobierno nacional, están muy lejos de aflojar.
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