Horas antes de que se realice la audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema por el recorte de la coparticipación federal, la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini, presentó hoy un planteo de incompetencia ante el máximo tribunal en medio de la tensión política con la Ciudad por el cierre de las escuelas.
Hace una semana, la Corte convocó a una audiencia entre el gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la demanda presentada por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta por la decisión de Alberto Fernández de aplicar un recorte en los fondos de la coparticipación federal de impuestos y la posterior aprobación, en el Congreso Nacional, de la ley que podó $65 mil millones al presupuesto porteño.
“El presente no es un caso sujeto a la jurisdicción originaria de excepción prevista por el articulo 117 de la Constitución Nacional, pues la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una Provincia conforme lo exige la norma”, dice la presentación que lleva la firma de Zannini, del subprocurador Horacio Diez, y de otros dos abogados de la Procuración del Tesoro.
En representación de la Ciudad está previsto que concurran a la audiencia el procurador Gabriel Astarloa, el ministro de Hacienda Martín Mura, y el secretario de Seguridad Marcelo D’Alessandro.
El gobierno porteño había presentado un recurso de amparo ante la Corte cuando Alberto Fernández decidió aplicar el ajuste vía decreto de necesidad y urgencia, pero luego, con la sanción de la ley, a fin del año pasado, presentó una nueva demanda. Casi siete meses después, la Corte llamó a una audiencia, una decisión que había dejado conformes tanto a Alberto Fernández como a Rodríguez Larreta.
La decisión del Gobierno nacional de cuestionar la competencia de la Corte en el conflicto por la coparticipación ocurre apenas 24 horas después que el Máximo Tribunal decidió aceptar su competencia originaria ante la demanda de la Ciudad por el cierre de las escuelas. En esa causa, el Estado ya fue notificado y está preparando una respuesta. Tiene plazo hasta el lunes próximo.
La historia del conflicto por la coparticipación
Las protestas de la Policía Bonaerense a comienzos de septiembre de 2020 forzaron al Gobierno de la provincia de Buenos Aires a conseguir una inyección de fondos para afrontar el costo fiscal de un acuerdo salarial con la fuerza. Para eso, el presidente Alberto Fernández resolvió firmar un DNU que le restaba recursos al fisco porteño para derivárselo al que administra el gobernador bonaerense Axel Kicillof.
El jefe de Estado anunció el 9 de septiembre la creación de un Fondo de Fortalecimiento Financiero Fiscal por el cual le quitó recursos de la coparticipación a la Capital Federal y se los transfirió a la provincia de Buenos Aires. La readecuación de la alícuota federal que reciben las arcas porteñas no era un tema ajeno a la agenda entre la Casa Rosada y el gobierno porteño, pero las conversaciones que se habían iniciado a comienzos de 2020 se vieron interrumpidas por la emergencia sanitaria que implicó la pandemia.
El oficialismo luego envió al Congreso un proyecto de ley que cristalizaba esa poda de recursos federales para la Ciudad, pero además implicaba un recorte todavía mayor que el inicial.
El DNU generó una respuesta inmediata de la Ciudad, que decidió acudir a la Corte Suprema.
La lógica detrás de esa determinación de la Casa Rosada fue que el gobierno porteño solo reciba los fondos necesarios para los gastos del traspaso de la Policía Federal, en lugar de cubrir esas erogaciones con coparticipación. El 10 de diciembre, el Congreso sancionó por norma la reducción de la alícuota que recibe el Gobierno porteño de la coparticipación federal de 2,1 puntos porcentuales, un recorte que terminó siendo mayor que el anunciado. Según estimaciones de fuentes porteñas, para 2021 el dinero que la Ciudad dejaría de recibir ronda los $65.000 millones.
Para afrontar esa caída en el flujo de coparticipación, el gobierno de Rodríguez Larreta aprobó un presupuesto con un “programa de ajuste transitorio” y medidas que apuntan a aumentar la recaudación y recortar gastos, mediante impuestos nuevos y ajuste en el plan de obras.
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