“La respuesta no solo será jurídica, sino también epidemiológica”, sentenciaron en la Casa Rosada al caer la noche del lunes. En la Jefatura de Gabinete aún no habían llegado el pedido formal de la Corte Suprema para que responda y presente pruebas que reviertan el fundamento del gobierno porteño para que el DNU presidencial sea considerado inconstitucional.
El último viernes el gobierno porteño dio inicio a una acción declarativa de inconstitucionalidad para que se le impida al Estado Nacional garantizar las clases presenciales. La medida busca que se declare inconstitucional el artículo 2 del DNU que dispone la suspensión de las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles.
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, lo presentó ante la Corte Suprema, minutos antes de ingresar a la reunión que mantuvo con el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. Fue, en ese momento, una señal clara de que no iba a claudicar en su pedido judicial para evitar que se suspendan las clases presenciales.
En paralelo, avanzó en la justicia porteña un recurso de amparo de un grupo de padres que consideraba que la educación de sus hijos estaba en riesgo. Esa causa es la que terminó definiendo la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de CABA con un fallo que permitió que las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires puedan seguir dando clases presenciales.
“El presente caso presenta un conflicto de competencias entre el Estado Nacional y la CABA. Por ello, teniendo en cuenta el carácter federal de las cuestiones involucradas y la jurisprudencia que reconoce el derecho de mi representada de acceder a los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se requiere a V.E. la tramitación del presente proceso en instancia originaria”, sostiene la presentación que hizo el jefe de Gobierno el viernes en referencia a la competencia de la Corte.
Este lunes la Corte aceptó su competencia originaria en el caso y le corrió traslado al gobierno nacional para que aporte pruebas. Desde ese momento empezaron a correr los cinco días que tiene el Gobierno para responder, a través de la Jefatura de Gabinete que está al mando de Santiago Cafiero, los argumentos planteados por Rodríguez Larreta.
Según pudo saber Infobae, el Gobierno va a contestar con la mayor celeridad posible el escrito de la Corte. Es decir, no va a postergar la respuesta para el final de la semana, ni dejar correr los cinco días que tiene de margen para hacerlo. Quieren resolver con rapidez y precisión y evitar que el máximo tribunal dilate su decisión.
La respuesta terminará de diseñarse este martes entre el equipo jurídico que asesora al Presidente y la Procuración. Se tendrá en cuenta un informe epidemiológico que sumará la ministra de Salud, Carla Vizzotti, que da cuenta de los motivos por los que se tendrían que suspender las clases presenciales y, reducir así, aún más la circulación en el AMBA.
El domingo por la noche, luego de que se conociera el fallo judicial que habilitaba la presencialidad, el ministerio que lidera Vizzotti subió un gráfico a las redes sociales donde quedó expuesto como crecieron los contagios en la población escolar desde que comenzaron las clases.
Indicaron que “en un contexto de aumento de la transmisión comunitaria o en áreas de alta incidencia quienes asisten a establecimientos escolares”. En esa línea estará el informe de la ministra. Buscan retratar lo que es un escenario crítico, donde la tasa de contagios va en aumento y la velocidad en la que se suceden esos contagios es notablemente superior a la del año pasado.
La línea argumental del escrito dejará expuesta la idea que tiene Alberto Fernández sobre los motivos por los que tomó la decisión de suspender la presencialidad por dos semanas. El Presidente considera que la medida no está dictando una medida de política educativa, sino de política sanitaria. Hay un interés general y es la salud de la población en el medio de una pandemia y frente al impacto de la segunda ola de contagio de COVID-19.
El jefe de Estado entiende que es facultad del Poder Ejecutivo tomar una decisión de ese calibre en materia sanitaria y que tienen la evidencia científica para hacerlo. En vez, si quisiera tomar una decisión en el terreno educativo, se encontraría con que los gobiernos locales tienen facultad para decidir sobre esa materia en sus provincias.
La batalla judicial representa un nuevo capítulo del enfrentamiento político, cada vez más duro, que están protagonizando el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En esta oportunidad se entrecruzan las necesidades de ambos de tomar decisiones en materia sanitaria para frenar la circulación del virus pero, al mismo tiempo, hacerlo bajo la mirada de sus votantes, quienes pretenden un camino distinto en lo que respecta a la política sanitaria.
En la tarde del lunes, Rodríguez Larreta intentó bajar el grado de tensión a la discusión. “Podemos tener una diferencia con respecto a la educación pero siempre voy a cuidar el diálogo. Tenemos que dialogar, que no quiere decir que haya que estar de acuerdo en todo”, sostuvo. Además, dijo que de su parte no está roto el vinculo con el gobierno nacional.
En la Casa Rosada la situación no es la misma. Hay mucho enojo con la postura que tomó el jefe de Gobierno porteño. Les parece irresponsable ante el complejo escenario sanitario que hay en el AMBA y, también, consideran que le está dando a las clases presenciales una utilidad política y electoral. Dos miradas de un mismo conflicto.
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