En oposición al decreto presidencial que suspende las clases presenciales por 15 días, Patricia Bullrich presentó este lunes un recurso de amparo para mantener abiertas las aulas y se sumó a la protestas de padres realizada esta mañana frente a la puerta del Colegio Santa Inés, de San Isidro.
La presidenta del PRO estuvo acompañada por Ramón Lanús, un dirigente local de Juntos por el Cambio, e integrantes de la comunidad educativa de ese establecimiento que organizaron un “abrazo” en contra de la normativa oficial.
“Acompañamos a los padres, docentes y alumnos, cantando el Himno e izando la bandera para pedir que abran las escuelas. Son 4 las provincias que acatan el DNU del Presidente negando el derecho a la educación. No vamos a permitir que le roben el futuro a nuestros hijos y nietos”, aseguró Bullrich.
La convocatoria se realizó a partir de las 8 horas en la puerta de la escuela para exigir la reapertura de las aulas y que se declare la “esencialidad” de la actividad educativa presencial. En contraste a lo que sucedía en la Escuela N° 3 Carlos Vernet, que estaba cerrada y sin gente, el “abrazo a las escuelas” desarrollado en Santa Inés contó con unas palabras a favor de la presencialidad.
Padres y niños se manifestaron con banderas y carteles entre los que se leía “las escuelas son seguras”, “queremos presencialidad ya”, “quiero estudiar”, entre otros.
“Defendamos el derecho a la educación, las escuelas tienen que seguir funcionando. Garantizar una educación para todos los niños y niñas de la provincia, con estrictas medidas sanitarias, debe ser una prioridad para todos. Las escuelas tienen que ser lo último en cerrar y lo primero en abrir. No podemos consentir mansamente que el presidente Alberto Fernández y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dejen a millones de chicos sin clases”, sostuvo Ramón Lanús.
Vale destacar que familias de más de 70 escuelas de la provincia que pertenecen al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) organizaron protestas en las puertas de los establecimientos educativos en contra de la decisión de suspender las clases presenciales en lo que ellos denominan el “abrazo a las escuelas”.
En un extenso escrito presentado ante la justicia, Bullrich invocó el artículo 38 de la Constitución Nacional que declara a los partidos políticos “instituciones fundamentales del sistema democrático”, para resguardar el sistema de gobierno representativo, republicano y federal, establecido en el artículo 1º de la Constitución.
Por vía de un amparo, la presidenta del PRO atacó el DNU del gobierno por múltiples frentes. En primer lugar, negó que el Poder Ejecutivo pueda dictar un DNU para esos fines porque el artículo 99 de la Constitución establece esa herramienta sólo para los casos en los que “circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios”.
En ese sentido, hizo notar que el Congreso sesionó aun durante la Semana Santa y la Pascua judía para sancionar una reforma al impuesto a las ganancias y que nada hubiera impedido que lo hiciera también para esta materia.
Bullrich sostuvo que ni siquiera una ley del Congreso podría avanzar sobre garantías constitucionales, como el derecho a transitar, el derecho a trabajar, a comerciar y a ejercer toda industria lícita, el derecho a enseñar y aprender o a ejercer libremente su culto, todos ellos resguardados por el artículo 14 de la Constitución.
Además, argumentó que tanto la población como las fuerzas políticas de la oposición toleraron los primeros decretos porque se trataba de una situación imprevista y el gobierno necesitaba preparar el sistema sanitario e inmunizar a la población con vacunas que todavía no existían.
El amparo de Patricia Bullrich sostiene que para restringir garantías como las que el DNU pretende cercenar sería necesaria la declaración de un Estado de Sitio, con intervención del Congreso, pero que para eso tendría que existir una situación de conmoción interior, que en la Argentina no hay.
Por el contrario, señala que “no existe agitación, no está demostrado que las fuerzas del orden hayan sido desbordadas y, por otro lado, el público ha cumplido de una manera ejemplar con los protocolos establecidos por el gobierno”.
La presentación también asegura que se violó el derecho constitucional de trabajar y ejercer toda industria lícita con las exigencias de funcionamiento de los comercios e industrias exclusivamente hasta las 19 horas.
El escrito resume estadísticas de acuerdo con las cuales, desde que empezaron las cuarentenas, se perdieron más de dos millones de puestos de trabajo y que el Poder Ejecutivo no puede, “en forma desaprensiva e irresponsable”, clausurar actividades a las que les atribuye los aumentos de casos de COVID sin una prueba científica que avale esas aseveraciones.
“Parece evidente que a la autoridad nacional le resulta demasiado fácil arruinar la vida ajena con unas pocas firmas. Y eso es precisamente lo que no puede suceder, porque cuando algo así ocurre, es una señal de que el pueblo está inerme frente al despotismo del poder exacerbado y fuera de órbita”, concluyó Bullrich.
El amparo demandó, además, una medida cautelar a fin de que, mientras se dirime la cuestión de fondo, la justicia suspenda la aplicación del DNU 241/21.
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