El ministro de Justicia, Martín Soria, fue el primer funcionario del gobierno nacional en expresar la posición oficial respecto al fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la ciudad de Buenos Aires, que ordenó habilitar mañana las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires.
“El Presidente tomó una decisión de Estado para preservar la vida de miles de argentinos, no dictó políticas educativas. Utilizar políticamente al Poder Judicial es una especialidad del macrismo, pero esta vez han ido demasiado lejos”, indicó en las redes sociales. El funcionario apuntó contra el ex presidente Mauricio Macri y el sector político que le responde.
En esa línea, expresó que “una medida sanitaria del gobierno nacional pretende ser suspendida por la Justicia porteña, un fuero local, manifiestamente incompetente para resolver sobre cuestiones federales” y aseguró: “Este mamarracho jurídico sólo tiene una explicación y es política”.
Además, sostuvo que “la fiscal, los jueces y el Gobierno de la Ciudad deberán hacerse responsables de las consecuencias sanitarias de esta medida”, en referencia al impacto que puede generar la circulación de los docentes, alumnos y padres en el medio del aumento de casos que se registran en el AMBA por la segunda ola de coronavirus.
El viernes a la mañana, luego de la reunión con Horacio Rodríguez Larreta en Olivos, el presidente Alberto Fernández dijo que “las leyes se hacen para ser cumplidas” y sostuvo que “a los que no les gustan (las medidas adoptadas para mitigar los contagios de coronavirus), que recurran a la Justicia”. Ese camino fue el que siguió el Jefe de Gobierno porteño y un puñado de fundaciones que pedían que se mantenga la presencialidad. El fallo de la justicia porteño terminó dándole la razón al gobierno porteño.
Este domingo la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la ciudad de Buenos Aires, que integran los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli, ordenó habilitar las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, en detrimento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que publicó el gobierno nacional el último viernes.
La decisión del presidente Alberto Fernández generó la reacción inmediata del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que se había comprometido a mantener la presencialidad pese a la complicación del escenario sanitario por el creciente número de contagios de coronavirus. Además, recibió el rechazo de fundaciones, ONG y grupos de padres que se volcaron a la calle para manifestarse en contra del decreto.
En la mañana de este domingo la fiscal ante la Cámara de Apelaciones de la Ciudad, Karina Cichero, había resuelto a favor del pedido de dos organizaciones no gubernamentales para mantener las escuelas abiertas a contramano del decreto del Gobierno.
“La responsabilidad en la prestación y el modo en que se organiza el servicio de educación es una competencia netamente local y que, por ende, debe ser dispuesta por los órganos constitucionales que tanto la Constitución nacional, local y las leyes dispusieron para ello. Esto es: el Poder Ejecutivo local”, argumentó el tribunal en el fallo.
En esa línea, agregó: “Cualquier interferencia, por más razones válidas que ofrezca, implica lesionar la división federal de nuestro Estado y vulnerar la autonomía local. Máxime cuando la Ciudad de Buenos Aires, en el ámbito de su competencia, venía adoptando las medidas correspondientes para asegurar la prestación del servicio de la educación, conforme las disposiciones consensuadas en el resto del país”.
El ministerio de Salud publicó una serie de tuits en los que explicó los motivos por los que el presidente Alberto Fernández decidió suspender la presencialidad. “La presencialidad en escuelas puede implicar un bajo riesgo individual pero alto riesgo colectivo, según el análisis epidemiológico”, indicaron en la cartera que conduce Carla Vizzotti.
“El riesgo de contagio puede ser considerado bajo si se acompaña con el adecuado cumplimiento de las medidas de prevención. Pero, en un contexto de aumento de la transmisión comunitaria o en áreas de alta incidencia quienes asisten a establecimientos escolares (estudiantes y personal) tienen más probabilidad de enfermar”, expresaron.
Además, indicaron que “diversas experiencias en distintos países, han mostrado relación entre la disminución de la presencialidad o cierres de escuelas y disminución en los niveles de transmisión” y destacaron que “para garantizar una presencialidad cuidada es fundamental controlar la transmisión de la enfermedad en la comunidad”.
“El análisis de la curva epidémica en el grupo de población en edad escolar indica que desde el comienzo del ciclo lectivo se ha producido un aumento exponencial del número de casos, similar -y aún mayor- a lo observado en la curva de la población general”, explicaron en el comunicado.
En esa línea, indicaron “en el contexto epidemiológico del AMBA, donde el número de casos muestran un crecimiento exponencial con alta velocidad, es imposible separar el riesgo individual del riesgo colectivo” y afirmaron que “para poder tener una presencialidad cuidada no alcanza con las medidas individuales en instituciones educativas, sino que es necesario implementar medidas colectivas para impactar en la transmisión comunitaria”.
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