No suele suceder. Es una situación extraña. Que un ex funcionario público procesado en el juzgado de Comodoro Py por enriquecimiento ilícito no apele a la Cámara Federal la decisión que lo deja al borde de un juicio oral y público es algo infrecuente.
Pero en los últimos tiempos sucedió. Sandro Férgola fue gerente de Obras y Servicios Viales de la Dirección Nacional de Vialidad, entre diciembre de 2004 y diciembre de 2007. Luego fue ascendido a subadministrador de la Dirección Nacional de Vialidad, cargo en el que se mantuvo hasta el 25 de junio de 2010. Es uno de los tantos sureños que llegó de la mano de los Kirchner al gobierno nacional. Y es uno de los enjuiciados junto a la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como Obra Pública en la que se analizan las responsabilidades penales de aquellos que permitieron que el empresario Lázaro Baéz recibiera unos 8000 millones de pesos en contratos de obras viales realizadas en Santa Cruz entre 2003 y 2015. Férgola, que tenía un rol estratégico en Vialidad, fue detenido en 2019 -liberado tres semanas después- procesado y espera el juicio oral y público en el Caso Cuadernos.
El 23 de febrero pasado la jueza María Servini procesó a Férgola y a su esposa María Elizabeth Velasco por el delito de enriquecimiento ilícito y les dictó un embargo de $20.354.580. Velasco fue procesada en tanto “persona interpuesta” para el enriquecimiento ilícito de Férgola. “Persona interpuesta” es la manera en la que el Código Penal denomina a los que en lenguaje coloquial se llama testaferro.
En el procesamiento dictado en febrero por Servini se estableció que: “Se les imputó dos hechos independientes (...) que se caracterizaron por dos fases o etapas cronológicamente sucesivas: el que Férgola se haya enriquecido ilícitamente en ocasión del ejercicio de sus funciones públicas (en el caso de Velasco su participación en el enriquecimiento como persona interpuesta) y distintas maniobras de lavado de activos de origen delictivo, a través de un entramado de procesos, negociaciones o actos jurídicos tendientes a que numerosos fondos o bienes de origen ilícito aparezcan como legítimos, valiéndose los señalados de un inagotable catálogo de técnicas y procedimientos en continua transformación y perfeccionamiento, donde se invirtieron beneficios económicos de origen ilícito; específicamente, actos de corrupción por los cuales se encontraba imputado Férgola en otros juzgados de este fuero, a efectos de integrarlos al sistema económico legal con apariencia de lícitos”.
En la causa, en la que interviene la fiscal Alejandra Mángano, se hizo un peritaje contable que determinó que “el patrimonio de Sandro Férgola se incrementó de una forma apreciable y desproporcionada luego de su paso por la función pública y que utilizó a su esposa María Elizabeth Velasco y la empresa de ambos - “El Tercio S.A.” – como personas interpuestas para disimular ese aumento”.
La investigación judicial del patrimonio del matrimonio abarcó el tiempo en el que Férgola fue funcionario nacional –hasta 2010- y los dos años posteriores a esa salida, tal como indica la ley. Fue así que los peritos determinaron que cuando ingresó a la función pública el patrimonio de Férgola era de $779.721, 65; el de Velasco era de $48.107, 44 y el de El Tercio S.A. – al día 30 de junio de 2005 – era de $4.183, 35. Al cierre del período de investigación –junio de 2012- el patrimonio de Férgola era de $1.051.407, el de Velasco $2.582.746, 08 y el de la sociedad de ambos era de $15.702.225,76″.
Servini señaló en el procesamiento -revelado por Infobae en marzo- que: “Es decir que durante el desempeño de Sandro Férgola en la función pública -más la extensión legalmente prevista- los patrimonios se incrementaron de la siguiente manera: Férgola 34%; Velasco 5.169 %; y El Tercio 375.282%, respectivamente”.
El 28 de febrero pasado -con al lógica habitual del procedimiento- la defensa de Férgola y Velasco presentó la apelación del procesamiento. En la apelación criticó el resultado del peritaje y resaltó “tampoco se encuentran configurados los elementos objetivos que integran el tipo penal previsto por el art. 268 (2) del Código Penal; esto es, no se verifica la existencia de un incremento patrimonial injustificado ni apreciable”.
El artículo 268 del Código Penal establece que: ”Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años, multa de dos (2) a cinco (5) veces del valor del enriquecimiento, e inhabilitación absoluta perpetua, el que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos (2) años después de haber cesado en su desempeño”.
Luego de la apelación la defensa de Férgola y Velasco recusó al juez Leopoldo Bruglia, integrante de la Sala I de la Cámara Federal por temor de “parcialidad”. La Cámara rechazó la recusación y decidió continuar con las audiencias previstas para resolver la apelación del procesamiento.
Finalmente el 29 de marzo Férgola y su esposa desistieron de la apelación por lo que el procesamiento quedó firme y el caso se encamina hacia un juicio oral y público. Presentaron un escrito muy breve ante la Sala I de la Cámara Federal. Allí el abogado del matrimonio procesado explicó los motivos del desistimiento. Uno de los motivos fue que habían planteado la recusación del camarista Bruglia que fue rechazada y se citó a la audiencia para que expusiera los motivos de la apelación.
Y también porque: “Luego de promover la referida recusación ante esta Alzada, un medio periodístico divulgó el dictado del auto de procesamiento que se había dictado con bastante antelación y que hasta ese momento no se había difundido. Esa publicación, alude expresamente a que ‘fuentes judiciale’ facilitaron la información al cronista. Esta situación genera, al menos, suspicacia acerca de la neutralidad de la instancia”.
La defensa de Férgola y Velasco hacía referencia a la nota publicada por Infobae en marzo pasado en la que se revelaron detalles del procesamiento por enriquecimiento ilícito del ex funcionario público y su esposa. Para la defensa, el hecho de la publicación de la noticia del procesamiento indica que la Cámara no será neutral en su decisión. Y por eso desistió.
A partir del desistimiento el procesamiento quedó firme. Y ahora se encamina al juicio oral y público. Férgola se sumó al selecto grupo de ex funcionarios del kirchnerismo que fueron procesados por enriquecimiento ilícito. Allí están el condenado ex secretario de Obras Públicas, José López -que fue condenado- y el enjuiciado Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte.
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