Pasaron más de doce años del asesinato de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, los protagonistas del llamado “Triple crimen de General Rodríguez” que develó el oscuro vínculo entre la mafia de los medicamentos, el financiamiento político y el tráfico de efedrina. Sin embargo, todavía no está claro quién ordenó ejecutarlos. Al menos así lo dejó expuesto la jueza María Servini esta semana al volver a dictar la falta de mérito de Ibar Esteban Pérez Corradi, a quien se sindica en la causa como el ideólogo del secuestro y la matanza de los jóvenes.
En su resolución, la jueza planteó dudas sobre el rol de una de las víctimas que pudo haber enojado a los narcos mexicano que compraban la droga. La jueza -por estas horas internada por un agravamiento de su cuadro de coronavirus- afirmó en su resolución, detallada por Infobae el pasado martes, que el negocio de la efedrina para abastecer de esa droga a narcos mexicanos tenía tantas ramas que Pérez Corradi pudo no haber sido el único afectado por la venta que querían concretar el trío Forza-Ferrón-Bina. “La maniobra involucra a una esfera de poder mucho más alto”, afirmó la jueza y ordenó profundizar la investigación sobre políticos, servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad.
Y fue ahí donde puso el foco en Leopoldo Bina, el joven que apareció en la vida de Forza y Ferrón poco antes de su fatal desenlace y sobre quien los asesinos -la dupla de hermanos Martín y Cristian Lanatta, y Marcelo y Víctor Schillaci, condenados a perpetua- pusieron un especial ensañamiento: estando en vida, atado en un silla, frente a la vista de Ferrón y Forza, a Bina le arrancaron la oreja y le fracturaron la cabeza. Después lo remataron de dos tiros.
Sin embargo, para la familia de Bina, la resolución de la jueza debe ser anulada y revocada. En una apelación a la que accedió Infobae, la querella le está pidiendo a la Cámara Federal que aparte a la jueza del expediente y procese a Pérez Corradi como el responsable del secuestro y homicidio de los tres jóvenes para evitar garantizar su “impunidad”.
El crimen
El 7 de agosto de 2008, Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina fueron hasta un hipermercado en Sarandí, partido de Avellaneda. Estaban por cerrar un “negocio” que prometía dejarles mucha plata. Justo tres semanas antes había explotado una casa de Ingeniero Maschwitz donde funcionaba un laboratorio clandestino de efedrina. Así, uno de los principales proveedores de esa droga a los carteles de México, Luis Tarzia, quedaba detenido.
Pero después de ir a esa reunión, Forza, Ferrón y Bina desaparecieron. Sus celulares quedaron desactivados. Recién se supo de ellos el 13 de agosto, cuando sus cadáveres aparecieron en un zanjón de General Rodríguez. Tenían signos de haber sido torturados durante horas y asesinado a tiros. Mas tarde se comprobó que sus cuerpos fueron sido mantenidos en un freezer hasta ser descartados.
El crimen rozó a la política: es que Forza estaba vinculado a los negocios develados en la causa por la mafia de los medicamentos y porque aportó dinero a la campaña presidencial de Cristina Kirchner en 2007.
La Justicia de Mercedes entendió que los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor y Marcelo Schillaci eran los responsables de privación ilegal de la libertad agravada y triple homicidio agravado por ensañamiento y alevosía. Los condenó a perpetua.
Pérez Corradi fue sindicado como autor intelectual del crimen. En ese sentido, se estableció que Pérez Corradi era quien financiaba una droguería de Forza. Ambos eran socios en la importación ilegal de efedrina, un precursor químico que permite elaborar drogas sintéticas, que terminaba en manos del narcotráfico. Forza había conseguido con sus socios Ferrón y Bina una línea directa con el mexicano Jesús Martínez Espinosa para venderle efedrina que necesitaba para su laboratorio de Maschwitz. Forza crecía en el negocio y varios testigos declararon en el juicio escuchar a Pérez Corradi decir que lo iba a matar.
Sin embargo, cuando Pérez Corradi -con pedido de captura desde 2012- fue atrapado en Paraguay en junio de 2016 y extraditado a la Argentina, siempre negó haber cometido el crimen.
Y aunque fue procesado y condenado por lavado de dinero y el trafico de efedrina, la jueza Servini -que recibió la causa a inicios del 2016- nunca se convenció de que fuera el autor intelectual del triple crimen. Ya había dictado la falta de mérito de Pérez Corradi en 2016, pero la Cámara Federal revocó ese fallo en 2017 y ordeno profundizar la investigación. Ahora la jueza volvió a dictar la misma decisión, anexando la investigación de otras causas de narcotráfico.
El papel de Bina en el tráfico de efedrina
Servini hizo hincapié en una investigación que se activó en 2017 y fue elevada a juicio el año pasado y que permitió demostrar que Bina -de profesión publicista- reportaba a una organización narco, “con estrechos vínculos a la política” y la Aduana, que envió casi tres mil kilogramos de efedrina en encomiendas postales internacionales a México y Guatemala.
Ahí quedaron detenidas once personas, entre los que estaban “ex agentes de las fuerzas de seguridad, personal aduanero, el segundo jefe de encomiendas postales internacionales del Correo Argentino y un individuo de nacionalidad mexicana quien tenía como empleado a nada más ni nada menos que a Leopoldo Bina, quien se logró determinar que participaba activamente de los envíos de efedrina al exterior”. Ese individuo mexicano, Rodrigo Pozas Iturbe, fue condenado en 2008 a seis años de prisión como integrante de una asociación ilícita que traficaba cocaína a Europa por medio de “mulas”.
Según la jueza, “el narcotráfico mexicano envió pequeños grupos o células que se instalaron en el país con el fin de abastecerse de efedrina. La sustancia la obtuvieron por intermedio de distintas firmas de la industria farmacéutica habilitadas para operar con efedrina, que la importaron con autorización de la SEDRONAR. Una vez logrado el arribo de la efedrina al país y almacenada en las farmacias o laboratorios importadores, dispusieron la consecución de múltiples operaciones comerciales que les garantizó –parcialmente- la pérdida de la trazabilidad de la sustancia con el objeto de que ésta llegara a sus manos sin dejar rastros, o bien que ello resultase sumamente trabajoso”.
La operatoria se llevó adelante entre 2004 y 2008. Una línea de desvío de efedrina al narcotráfico mexicano tenía como principal proveedor a Pérez Corradi. Pero otra hacía llegar la droga escondida en potes con etiquetas de la firma Pulver S.R.L de supuestos suplementos deportivos. Y en esa línea estaba incluido Bina.
“Leopoldo Bina –una de las víctimas del triple crimen-, se hallaba inmerso en el negocio desde el mes de septiembre de 2007, actividad que realizó para el mexicano Rodrigo Pozas Iturbe ininterrumpidamente hasta el día de su muerte. Además, se hizo saber que el grupo con al que Bina desarrollaba esa actividad, lo integraban “Jorge De La Sota” –quien resultó ser Jorge Omar Lazota-, Rodrigo Pozas Iturbe, Ricardo Sladkowski y Carlos Alberto San Luis. Los testigos dijeron que Leopoldo Bina alardeaba con hacer dinero “por izquierda” y tener negocios con la Dirección General de Aduanas, lo que le permitía exportar productos tales como potes de la firma Pulver S.R.L.”, dijo la jueza.
Bajo esa hipótesis es que Servini entendió que “la organización narcocriminal de raigambre internacional, cuya estructura se conforma de pequeñas células que actuaban en forma independiente, pero persiguiendo un fin común: el abastecimiento de miles de kilogramos efedrina al narcotráfico”. Y cada célula podía no saber de la otra.
“El dueño del negocio” no era Pérez Corradi y por lo tanto no era la persona que se podía sentir “desplazada” cuando el trio Forza-Ferrón-Bina avanzaron con la gestión que los llevaría a la muerte. “Cualquiera de las personas que conformaban dicha estructura, también pudieron haberse molestado por el ‘juego a dos puntas’ que hizo Bina al asociarse con Forza y Ferrón”, afirmó la jueza.
El planteo de la familia de Bina
Sin embargo, la familia de Bina está convencida que detrás del triple crimen estuvo Pérez Corradi. Y por eso su viuda María Verónica Colombo, a través de su abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, pidió esta semana que la Cámara Federal anule la “arbitraria e inmotivada” decisión de Servini para disponer por segunda vez la falta de mérito de Pérez Corradi en relación con los homicidios y reclamo que se dicte el procesamiento del acusado.
En la presentación a la que accedió Infobae, la querella afirmó que el fallo habla de “vaguedades”, “palabras circulares y clichés, inconcebible en una sentencia seria” que “tras cinco años de una errática investigación” busca “forzar una convicción desincriminatoria para Pérez Corradi cuando es precisamente al revés”. A su juicio, “existen abundantes pruebas que siguen sindicando al mentado imputado no solo como autor intelectual del triple homicidio, sino también como el cerebro de una organización criminal de estupefacientes, lo que torna imposible el temperamento adoptado”.
Pero además acusó a Servini de actuar “siguiendo los lineamientos de la defensa” de Pérez Corradi y añadió que la jueza le otorga “una sorprendente relevancia y verosimilitud probatoria a las absurdas declaraciones del imputado”. “Bajo la excusa de la prueba de descargo de la causa de la efedrina, conexa a la presente, y por la cual el imputado recibió una condena, se pretende alivianarlo en la causa del triple homicidio, que frente a la condena antedicha es obvio que el móvil de los homicidios crueles se encuentra acreditado en toda su extensión. Así las cosas, o la sentencia peca de inocencia o supera todo grado de imprudencia”.
Y frente a eso le pidió a la Cámara Federal que revoque su decisión y aparte a la jueza Servini de la causa. “Solicito que se dicte sin reenvío el procesamiento urgente del imputado Ibar Esteban Pérez Corradi impidiendo que otra causa quede bajo el estigma de la impunidad”, afirmó.
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