Recrudecen los conflictos por la megaminería en el país y desafían los planes del Gobierno

En Andalgalá, provincia de Catamarca, la encrucijada sobre avanzar o no en un modelo minero se sella con violencia. Doce personas permanecían detenidas este domingo, acusadas de haber participado del incendio y los destrozos de las oficinas de la minera Agua Rica. El incidente, ocurrido el sábado 10 de abril, se produjo cuando un grupo de manifestantes que logran irrumpir en los ingresos de la compañía en un clima de caos y movilización. Explotaron, además, cinco vehículos y destrozos en la sede del PJ de Andalgalá. La semana continuó con una dura respuesta policial y judicial, que avanzó con allanamientos hacia los domicilios de los sospechosos que, por su crudeza, ameritó una visita del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla.

El incidente en el pueblo norteño es el tercer eslabón de una cadena de protestas que desafía el plan de inversiones mineras de la gestión de Alberto Fernández. Entre los empresarios del sector y las autoridades de las provincias mineras preocupa cuando la tensión escala a ese punto.

Antes había sido Mendoza, a comienzos de 2020, donde una multitudinaria movilización volteó una reforma para habilitar la minería metalífera con el uso de cianuro y ácido sulfúrico. Solo habían pasado dos meses de la asunción de Rodolfo Suárez como gobernador, que tuvo que dar marcha atrás. En el verano de 2021 le tocó a Chubut: el gobernador Mariano Arcioni no pudo imponerse al rechazo social de su proyecto de rezonificación minera que habilitaba la explotación química, de plata cobre y plomo en departamentos como los Telsen y Gastre.

Andalgalá es una zona de alta conflictividad con la minería. La localidad, conocida como “La Perla del Oeste”, está ubicada a 40 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca. La ira se disparó mientras transcurría la marcha número 584 contra el proyecto de Agua Rica, una iniciativa de explotación de oro, cobre, plata y molibdeno.

Los activistas ambientalistas y sociales en contra del desarrollo minero aseguran que el emprendimiento de Agua Rica infringe la Ley de Glaciares, la Ley de Bosques, dos medidas cautelares y la ordenanza municipal 029/16, que prohibió la minería a cielo abierto en la comuna.

“Estamos en un punto de quiebre. Después de 11 años de lucha y caminatas, tenemos como única respuesta la violencia”, aseguró a Infobae Ana Chayle, miembro de la Asamblea El Algarrobo, una de las organizaciones impulsoras de la protesta. “El hartazgo y cansancio social hizo que tengamos una caminata histórica el 10 de abril. Nosotros denunciamos la presencia de infiltrados y operadores políticos por los incidentes, pero nadie puede desconocer que Andalgalá está despierta y enojada por la violación de las garantías y derechos”.

La paz social no está garantizada en Andalgalá y la desconfianza está instalada entre los protagonistas. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, rechazó los hechos de violencia “contra la propiedad privada” y ratificó la política minera por los ingresos que implica en materia regalías, retenciones y su “efecto multiplicador”.

Además, aclaró que no hay otras alternativas donde “el 80% del suelo provincial es de montaña”. “El proyecto de Agua Rica está siguiendo todos los pasos, estamos siendo estrictos”, indicó en radio Con Vos. “No se puede incendiar una empresa internacional, hemos mandado al secretario de Derechos Humanos para que vea la situación de los presos”, agregó.

Todo el sector privado minero y público cerraron filas y expresaron su repudio a lo ocurrido. “Vemos como preocupante el uso de la violencia para reemplazar a los argumentos, así como la negativa a participar en los espacios de debate. Creemos que siempre se deben buscar opciones superadoras”, sostuvo a Infobae el presidente la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Alberto Carlocchia. “Argentina cuenta con recursos y puede ponerlos a producir, para mejorar la calidad de vida de su población. Tal vez la discusión debería centrarse en “cómo” debe ser la minería argentina, en términos de sustentabilidad, control y calidad”, añadió.

Detrás de la ebullición local hay una larga historia que data al menos desde hace 24 años. El 31 de octubre de 1997, el presidente Carlos Menem inauguró el modelo minero de Bajo la Alumbrera, ubicada en el departamento de Belén. Se prometieron 6000 puestos de trabajo, un barrio para 5000 personas y un hospital de alta complejidad. Glencore Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold son las firmas que ponen en funcionamiento el yacimiento de cobre, oro y molibdeno. Los derechos de exploración y explotación pertenecen a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), una sociedad integrada por la provincia de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el Estado nacional, que confluye en una unión transitoria de empresas (UTE) con Minera Alumbrera.

El proyecto de Agua Rica, que está en etapa de exploración, es auspiciado como tres veces más grande que Alumbrera. El yacimiento tiene reservas minerales probadas y probables de 11,8 mil millones de libras de cobre; y 7,4 millones de onzas de oro contenidas en 1,1 mil millones de toneladas de mineral.

“Después de 20 años de explotación de Bajo la Alumbrera, Andagalá sigue siendo un pueblo pobre, con calles destruidas y sin servicios básicos, y Catamarca es la provincia que más IFE necesitó en el inicio de la pandemia. Se construyó un hospital con fondos de regalías mineras que es pura fachada, sin agua caliente y nos faltan especialistas. No queremos que nos vendan espejitos de colores y promesas que ni siquiera pueden cumplir. La megaminería es una gran farsa, una economía de enclave para luego extraer las riquezas y levantar las valijas, dejando a nuestros pueblos más divididos”, sostuvo la asambleísta Ana Chayle.

El desafío minero

Para el Gobierno, la minería es considerada como uno de los polos para el crecimiento económico y el desarrollo productivo del país. El secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, quiere revisar la carga tributaria que pesa sobre los proyectos mineros, con el objetivo de facilitar las inversiones millonarias que se pueden recibir en el sector. El presidente Alberto Fernández apoya el enfoque.

“La industria minera puede ser un pilar útil en el proceso de recuperación del país. Pensemos que a hoy en día genera más de 82.000 puestos de trabajo y es el sexto complejo exportador generando durante el 2020 alrededor de U$D 2.600 millones en exportaciones e –incluso en contexto de COVID-19 aportó al sector público más de $61.000 millones de pesos”, señaló Alberto Carlocchia, titular de la CAEM.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, tiene puesta la mirada en la producción de una materia prima crítica para las industrias tecnológicas. A comienzos de abril, constituyó la Mesa Nacional del Litio junto a las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca. El funcionario considera el recurso como esencial para la transición energética y la denominada “revolución verde” en la que avanza el mundo. El “oro blanco” se utiliza en muchas de las innovaciones técnicas de las últimas décadas: celulares, tablets, notebooks, cámaras digitales y autos eléctricos. Argentina podría satisfacer el 17% de la demanda global del mineral.

Sin embargo, este tipo de proyectos mineros requieren, igual que otros, de la licencia social. En Jujuy, en la zona de Salinas Grandes -el tercer salar más grande de Latinoamérica- y de la Laguna de Guayatayoc, la explotación del litio en la Puna es resistida hace años por las comunidades indígenas, con un caso que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En otras latitudes, como en Santa Cruz, existe un mayor apoyo de la población.

“La industria minera argentina es plenamente consciente de las expectativas que tienen las comunidades con relación a cómo se manejan las cuestiones de sustentabilidad, tanto ambiental como social”, sostuvo Carlocchia a este medio. “Por eso, cuando de diseña en un proyecto minero, además de las cuestiones puramente operativas, las empresas trabajan en paralelo desde el día cero los temas de sustentabilidad y de desarrollo de la comunidad”, agregó.

No es el caso de Andalgalá. La minería, en la etapa de exploración de Agua Rica, por el momento promete unos 150 empleos, algo insuficiente para los activistas y pobladores. El diálogo está quebrado. En las detenciones y allanamientos ordenados por la fiscal Soledad Rodríguez y el juez Rodolfo Cecenarro se imputaron a las 12 personas acusadas por los delitos de violación de domicilio, daños, hurto calificado e incendio doloso. Cuatro de ellos están en prisión domiciliaria, y dos son personas mayores de edad, jubiladas.

El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo- repudiaron el accionar judicial y pidieron el freno a Agua Rica. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció también la “criminalización de la protesta”.

“Muchas de las personas que están detenidas son conocidos por levantar las banderas en contra de la megaminería, otros que son vecinos con una clara identificación partidaria y tres son comunicadores de prensa de El Algarrobo. Quieren atemorizarnos para que nos dejemos de manifestarnos, hay una clara persecución política”, apuntó Ana Chayle de la Asamblea El Algarrobo.

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