PASO: fuerte malestar de la Justicia Electoral con el Gobierno por la “falta de respuesta” a los reclamos de vacunas para funcionarios y autoridades de mesa

Mientras aumentan los casos de coronavirus y se acercan las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), en la Justicia electoral crece el malestar con el Gobierno por la “falta de respuesta” ante los pedidos de vacunación de los funcionarios abocados a los comicios y de las autoridades de mesa, tras meses de reclamos por vías formales e informales al Poder Ejecutivo. Desde el Ministerio del Interior que conduce Eduardo “Wado” De Pedro aseguraron a Infobae que remitieron los pedidos a la cartera de Salud, a cargo de Carla Vizzotti, pero hasta el momento no se definió si el personal judicial será considerado esencial.

Con el calendario electoral ya en marcha, fuentes judiciales aseguraron que desde mediados del 2020 plantearon en repetidas oportunidades al Poder Ejecutivo a través de oficios al Gobierno -tanto a Interior como a Salud- que se establezca un plan de vacunación para los funcionarios y autoridades de mesa. Temen que haya contagios entre el personal que puedan perjudicar el correcto desarrollo de los comicios, y que el domingo de las PASO y las generales falten autoridades de mesa. También pidieron que se destine presupuesto a elementos de bioseguridad y limpieza específicos contra los contagios en unos comicios que se realizarán con protocolos sanitarios en mayor cantidad de puntos de votación; posiblemente, sedes municipales y clubes, además de escuelas.

La bronca escaló esta semana cuando la jueza con competencia electoral de la Capital Federal, María Romilda Servini, de 84 años, tuvo un cuadro grave de coronavirus, con una neumonía bilateral, y debió ser internada en terapia intensiva. Por su edad había recibido la primera dosis de la vacuna, pero aseguró que no recibió la segunda porque le cancelaron el turno. El resonante caso se sumó al contagio, en enero, del camarista Alberto Dalla Vía (quien finalmente se recuperó). Los reclamos se mantienen por las vías formales: los jueces aseguran que podrían “salir en los medios” para hacer el planteo, pero a pesar de la incomodidad, lo evitan. “No somos un sector más que pide vacunas. Somos los encargados de llevar a cabo el acto soberano por excelencia”, dijeron en alusión a los reclamos de los distintos gremios y áreas comerciales que exigen inoculación en un contexto de escasez de inyectables.

Hace dos meses, la propia jueza Servini había condicionado el inicio del proceso electoral -en particular, el armado de urnas- a la inoculación del personal del Juzgado Nro 1. A través de un oficio exigió además preparativos para los cuidados de los agentes que intervendrán en los comicios. Esta semana, desde la Justicia aclararon que “las elecciones están garantizados”. “No podemos amenazar con no llevarlas a cabo, es un derecho ciudadano básico. Por eso nuestra situación es tan delicada”, declaró una fuente judicial en estricto off the record.

Según pudo saber Infobae, el jueves los jueces electorales mantuvieron una reunión vía Zoom con las autoridades de la CNE, donde se planteó -como en encuentros previos- la molestia por la falta de resolución de parte del Ejecutivo ante los repetidos reclamos. La Cámara resolvió enviar un nuevo oficio al Poder Ejecutivo, donde, con la firma de su presidente, Santiago Corcuera, se planteó al Ministerio del Interior que el personal encargado de la realización de los próximos comicios legislativos sea considerado estratégico y esté vacunado contra el COVID-19 en el mediano plazo. “Se vacuna a jóvenes de 18 años que no son personal esencial. Nosotros pedimos 500 dosis y ni siquiera nos responden”, dijeron luego de enviar el nuevo documento. En principio, aseguraron, habían elaborado una lista de 2700 funcionarios esenciales, que redujeron a un quinto a pedido del Gobierno.

Todos los años de elecciones hay tironeos entre la Justicia y el Ministerio del Interior por cuestiones técnicas electorales y los tiempos en que se resuelven, pero este año la situación es particularmente tensa. “Estamos promediando abril, el 27 es el corte del padrón, y no sabemos qué va a pasar”, dijo un experimentado funcionario judicial al tanto de los reclamos a este medio. En el contexto de la pandemia, los humores en las negociaciones empeoran. “Todos nos estamos poniendo en riesgo, pero sobre todo estamos comprometiendo el correcto desenvolvimiento de la elección”, advirtió.

En la Justicia Electoral el enojo no solo está vinculado a la protección frente a los contagios, sino a los esfuerzos del Ejecutivo para postergar o eventualmente suspender las elecciones primarias con el argumento de que podría provocar una suba de casos. Una alta fuente judicial consideró que hay un “innegable interés político” de parte del Frente de Todos, mientras que otro magistrado manifestó que no tiene dudas de que la intención del Gobierno es ganar tiempo para exhibir logros en la vacunación. Desde Interior aseguraron que estas consideraciones “no tienen sustento”. “Nadie puede pensar que una fuerza pueda llegar a lograr que la población cambie de opinión por cambiar la fecha de la elección un mes”, dijo un funcionario nacional. También descartó la posibilidad de una suspensión como deslizó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Los cuestionamientos se extienden también a la oposición, luego de que varios dirigentes de Juntos por el Cambio se mostraron dispuestos a dialogar para llegar a un eventual acuerdo por la fecha de las PASO, aunque con disidencias internas de los sectores más duros. “Estos planteos hablan mal de toda la clase política, que no parece haber leído la Constitución”, deslizaron fuentes judiciales. Por ahora, las conversaciones sobre la fecha de las primarias están en marcha en reuniones del arco político en la Cámara de Diputados. “Todas las elecciones se celebraron, en pandemia, con protocolos y vacunación en la mayor parte de los países del mundo, inclusive en los momentos de mayor contagio. Hay evidencia de que se puede realizar una elección en un contexto de pandemia sin que eso signifique una suba de casos”, dijo un magistrado que sigue, desde mediados de 2020, el modo en que se llevaron a cabo los procesos electorales en otras latitudes.

Desde el Ministerio del Interior dijeron que remitirán el oficio al Ministerio de Salud. “Las decisiones sobre las condiciones para paliar los contagios durante los comicios dependen de las autoridades sanitarias”, aseguraron. Hace meses, la CNE había enviado un oficio directamente a esa cartera, desde donde respondieron, según fuentes ministeriales, que “en el marco del plan nacional estratégico de vacunación, y en acuerdo con el Consejo Federal de Salud, la asignación de vacunas se realiza de acuerdo a la población objetivo que está establecida en dicho plan, pero que eventualmente se podría incluir otras personas consideradas personal estratégico, en función del estado de avance de la vacunación y la disponibilidad de dosis”. Por ahora, el personal judicial electoral no es considerado esencial, como sí lo son los de salud, docente y no docente, de las Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas, y las personas mayores de 60 años o de entre 18 y 59 años con condiciones de riesgo.

En medio de la fuerte suba de casos -que alcanzaba los 30.000 al final de la semana hábil- y con la implementación de nuevas restricciones, en la Justicia se agota la paciencia y temen que se demore aún más la respuesta a los reclamos, que consideran “urgentes para resguardar el derecho a votar”.

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