Tras los conflictos de Walmart y Garbarino, el Sindicato de Camioneros ahora presiona a la Municipalidad de Moreno por el pago de indemnizaciones

El Sindicato de Camioneros negocia extraoficialmente con Walmart y Garbarino el pago de un bono para los trabajadores de ambas empresas a quienes exige echar, indemnizar y volver a contratar. Mientras, los Moyano abrieron otro frente de conflicto en el partido bonaerense de Moreno: la recolección de residuos está paralizada desde hace 48 horas por una medida de fuerza por el reclamo de que la Municipalidad pague la indemnización a unos 270 empleados de una cooperativa que se encarga del servicio.

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, dirigente del Movimiento Evita, rescindió el año pasado el contrato con la empresa El Trébol, a cargo de la recolección de basura en el partido, y llegó a un acuerdo con Hugo y Pablo Moyano para que la cooperativa Gestionar, vinculada al sindicato, absorbiera los trabajadores de aquella compañía y se ocupara de los residuos. En realidad, es un sistema mixto en el que el Municipio se dedica a la logística del servicio y delega la recolección en esa cooperativa.

En un acuerdo firmado ante el Ministerio de Trabajo, Gestionar se comprometió a pagar el 15 de abril las indemnizaciones al personal que era de El Trébol, pero esta empresa argumentó esta semana que no contaba con el dinero para hacerlo debido a las multas que le aplicó el Municipio ante el incumplimiento del pliego de servicios mientras estuvo vigente.

Por eso el Sindicato de Camioneros comenzó este miércoles un paro de actividades en Gestionar que afectó la recolección de residuos, mientras los trabajadores de la cooperativa se instalaron ante el edificio de la Municipalidad en protesta por “la falta de pago de las indemnizaciones por parte de la Municipalidad de Moreno”, aunque, en realidad, es responsabilidad de El Trébol.

Así lo aclaró el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Moreno, Alberto Conca, al portal Desalambrar: “Nosotros ya no somos los patrones con los que tienen que arreglar sino que es con la empresa”. Y añadió: “Ellos (por Camioneros) tienen un mecanismo que ya está establecido por la práctica o porque se hizo costumbre. Porque ellos, a pesar de que toman a los compañeros que trabajan, les reconocen la antigüedad, que es otro de los problemas que se plantea. También el que los absorbe tiene que pagar una indemnización. Es un tema que tienen que hablar con El Trébol o en el Ministerio”.

Fuentes cercanas a la intendenta Fernández aseguraron a Infobae que “el Municipio le pagó a El Trébol 200 millones de pesos en diciembre pasado, cuando ya no prestaba el servicio de recolección, en concepto de deudas y de readecuación de precios, y se había comprometido con el gremio a pagar las indemnizaciones correspondientes, pero no cumplió”.

“El Municipio no tiene que indemnizar. Es un conflicto entre la empresa El Trébol y la cooperativa Gestar en el que los vecinos y vecinas de Moreno quedaron de rehenes, pero la intendenta se está encargando de resolver el conflicto”, agregaron.

Desde la oposición, la concejal de Cambiemos Gisele Agostinelli señaló a Infobae: “Ya le pedimos a la intendenta que solucione este conflicto porque pone en riesgo la salud de todos los morenenses. Nos encontramos con un municipio que hace dos días no tiene recolección de residuos en plena pandemia, pero también con una situación caótica porque hay una plaza tomada con gente que no respeta el distanciamiento ni las medidas de prevención (por los manifestantes de Camioneros ante la Municipalidad) y con el 90% de las camas ocupadas, así que se trata de un peligro sanitario muy alto para todos los vecinos”.

En 2014 hubo un conflicto similar cuando la Municipalidad de Quilmes municipalizó la recolección de residuos que estaba en manos de la empresa Covelia, siempre sospechada de estrechos vínculos con Hugo Moyano, que finalmente tuvo que pagar las indemnizaciones a los trabajadores luego de que Pablo Moyano amenazó con protestas violentas “con muertos”. El año pasado sucedió algo similar en Avellaneda: el entonces intendente kirchnerista Jorge Ferraresi (actual ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat del gobierno nacional) municipalizó el servicio de recolección de basura que realizaba desde 2016 la cooperativa Gestionar (la misma que está en Moreno) y dispuso la incorporación a la planta municipal de sus 340 trabajadores.

El abogado que podría destrabar el conflicto en Walmart

Mientras, los conflictos en Walmart y en Garbarino avanzan hacia la posibilidad de que se pague un bono al personal de los centros de distribución de las empresas que cambiaron de dueños ante la resistencia del sector empleador a ceder a la exigencia del Sindicato de Camioneros de echar a los empleados, indemnizarlos y volverlos a contratar.

Se trata de un planteo insostenible desde el punto de vista legal, pero que en el mundo empresarial ya se conoce como “la ley Moyano” y que fue el eje de numerosos reclamos del gremio desde 1998, cuando finalizó la concesión de Manliba, empresa del Grupo SOCMA, perteneciente a la familia Macri, para la recolección de residuos en la Capital Federal y los empleados de aquella firma terminaron desempeñándose en otras empresas o con otras condiciones de trabajo.

El pedido de echar, indemnizar y volver a contratar quedó pendiente hasta que Mauricio Macri, ya como jefe de Gobierno y aspiraciones de un proyecto político, impulsó en 2012 en la Legislatura porteña la aprobación de un bono por 220 millones de pesos para pagarles la indemnización a los recolectores de residuos por cada cambio de concesión desde que fue Manliba.

Desde entonces, la “ley Moyano” se impuso no sólo en las municipalidades de Avellaneda y Moreno ante nuevas concesiones de recolección de basura sino también en una distribuidora de la cervecería Quilmes (81 empleados) y en filiales locales de empresas internacionales como DHL (donde 75 personas pasaron a Exo Logística) y FedEx (que absorbió a 100 trabajadores de TNT Argentina y les pagó la antigüedad y el 100% de las indemnizaciones en una cuota).

En Walmart, luego de que se declaró la conciliación obligatoria por los bloqueos de Camioneros el Centro de Distribución de Cuartel V, en Moreno, comenzaron negociaciones que se empantanaron por las firmes posturas de ambas partes. Para los Moyano, el reclamo se convirtió en una práctica habitual del sindicato “cuando hay un traspaso de manos en una empresa o cuando se van del país compañías internacionales y llega un nuevo dueño del que no se conoce su solvencia ni sus antecedentes”. Para la empresa, sólo hubo cambio de accionistas, con el mismo CUIT, y “no se puede negociar algo que no está previsto en la ley”.

En la segunda audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo, apareció mediante una videollamada Lucio Zemborain, un abogado de Walmart que estaba en ese momento en el exterior y cuya irrupción en las negociaciones distendió el clima tenso que había. Se trata de un viejo conocido de Hugo Moyano desde que en 1985 se convirtió en el asesor legal de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEAAC), una de las cámaras que negocia las paritarias con Camioneros.

Desde el año pasado, Zemborain comenzó a trabajar para la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), una nueva cámara del sector cuyos integrantes tienen una relación más fluida con Moyano padre e hijo. Por eso la llegada de este abogado abrió otra etapa en las tratativas. Nadie lo confirma ni lo desmiente, pero Walmart y Camioneros mantienen reuniones extraoficiales para alcanzar un acuerdo y ya ni hablan de la fórmula floja de papeles que hizo famosa a “la ley Moyano” sino del pago de un bono extraordinario para 500 de los 718 empleados del Centro de Distribución de la empresa.

Este lunes tendrá lugar la última audiencia oficial entre las partes porque termina la conciliación obligatoria. ¿Habrá acuerdo? Hay mucho hermetismo y demasiados intereses en juego. Económicos y políticos. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, dijo públicamente que “no hay ninguna norma que obligue a la empresa a pagar” lo que le estaban exigiendo a Walmart. Y la definición también vale para el Grupo Garbarino, que seguiría negociando con mucha discreción el pago de un bono para los 180 trabajadores del centro de distribución en La Tablada, afiliados a Camioneros, como una “compensación económica” por el cambio de manos de la empresa, que en junio pasado fue adquirida por el empresario Carlos Rosales.

Hay otro caso de una importante empresa que cambió de dueño en enero de este año y en donde tiene una fuerte presencia el Sindicato de Camioneros: OCA, la compañía postal que estaba en quiebra y que fue comprada por el grupo patagónico Clear, que perteneció al empresario K Cristóbal López hasta 2011 y que hoy regentean sus ex socios. ¿También le habrá exigido Moyano a sus nuevos propietarios echar, indemnizar y volver a contratar a los 6000 empleados? ¿El sindicalista aliado de Cristina Kirchner le hará semejante reclamo a los allegados al empresario vinculado con el kirchnerismo? Son algunos interrogantes que sobrevuelan la aplicación de una norma tan polémica como la “ley Moyano”.

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