La Corte Suprema de Justicia de la Nación no resolverá antes del lunes la demanda que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires presentó ayer contra el decreto del gobierno nacional que suspendió hasta el 30 de abril las clases presenciales. Así, los alumnos tendrán desde el lunes clases virtuales.
Infobae pudo saber de fuentes judiciales que los plazos que se deben cumplir no permiten resolver el caso antes. Además, la Corte Suprema no dispuso la habilitación de días y horas hábiles para tratar el caso. Tampoco lo pidió en su acción declarativa de inconstitucionalidad el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Eso significa que la causa tramita durante el fin de semana o los feriados. Eso había hecho el máximo tribunal en los per saltum que presentaron los jueces trasladados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.
Junto con el pedido de inconstitucionalidad del decreto 241, el gobierno porteño solicitó que se dicte una medida cautelar que suspenda los efectos de la decisión hasta que se resuelva la cuestión de fondo. La causa dio ayer su primer paso. La Corte giró a la Procuración General de la Nación el expediente para que dictamine si el máximo tribunal es competente para intervenir en el caso. Así lo hizo a última hora de la tarde la procuradora ante la Corte Laura Monti, quien consideró que es competente para resolverlo en base a un precedente del órgano.
“De acuerdo con lo resuelto por V.E. —por mayoría— en la causa CSJ 2084/2017, “Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ Córdoba, Provincia de s/ ejecución fiscal”, sentencia del 4 de abril de 2019, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el mismo puesto que las provincias en el sistema normativo que rige la jurisdicción de los tribunales federales y, por lo tanto, el mismo derecho a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, sostuvo Monti. Y concluyó: “En consecuencia, opino que el proceso debe tramitar ante los estrados del Tribunal”.
El presidente Alberto Fernández dijo ayer en la conferencia de prensa luego de reunirse con Rodríguez Larreta en la quinta de Olivos que la Ciudad no puede recurrir de manera directa a la Corte porque la Constitución no la asimila a una provincia.
Ahora resta conocer los próximos pasos en la causa. Si le pide opinión a la Procuración sobre la medida cautelar, si le da internación al gobierno nacional para que conteste la demanda o si resuelve directamente. Así, la expectativa estará en si una decisión de los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti podría darse durante las dos semanas en las que dura la suspensión de las clases presenciales o después, lo que volvería abstracta la demanda porque ya no rige el perjuicio o si continúa en caso que después del 30 de abril el Poder Ejecutivo Nacional extienda la suspensión de las clases presenciales.
En este contexto, la Corte le verá la cara al gobierno nacional y al de la ciudad el próximo miércoles. Será en la audiencia de conciliación que el máximo tribunal citó a representantes de ambos gobiernos en la demanda que la ciudad inició por la quita de fondos de la coparticipación -65 mil millones de pesos-, lo que luego fue aprobado por el Congreso Nacional.
“Fundándose en la excusa de la propagación de la segunda ola del COVID-19, el Estado Nacional hace tabla rasa con el texto y el espíritu de la Constitucional Nacional, con el objeto de cercenar los derechos del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, pretendiendo imponer de manera inconsulta una solución extrema que no encuentra justificativo en la situación epidemiológica actual, en cuanto a su real propagación en el ámbito escolar”, sostuvo el gobierno de la ciudad en la demanda para defender las clases presenciales.
Y presentó datos: solo el 0,71 por ciento de las personas que asistencia a escuelas -entre docentes y personal- tuvieron coronavirus; se aisló al 2,1 por ciento de las burbujas escolares por contacto estrecho o positivo del cuál el 0,012 por ciento luego tuvo coronavirus; y que solo 3 de cada 10 personas que van a colegios usa el transporte público.
El gobierno nacional sostuvo en el decreto 241 los motivos de la suspensión de las clases presenciales. “Que, en momentos de alta circulación del virus, la reducción transitoria de la circulación de personas en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), relacionadas con las actividades de educación presencial, coadyuva a ralentizar la velocidad de transmisión del virus en un momento de crecimiento exponencial de casos en la región y ante la necesidad de prevenir la saturación del sistema de salud”, explicó.
Y también aportó datos: que desde el inicio de la escolaridad el uso del transporte público en el AMBA aumentó un 25 por ciento; que la cantidad de casos positivos de chicos de entre seis y 17 años en enero era de 5,3 por ciento y que en marzo y abril -con las clases iniciadas- subió al 7,3 por ciento; y que en los grupos etarios los de 13 a 18 años y los de 20 a 29 “son los que mayor aumento relativo presentaron en las últimas semanas”.
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