Tras reunirse con los jefes y subjefes de las cuatro fuerzas federales de seguridad a su cargo, Sabina Frederic, la ministra de Seguridad de la Nación, anunció un despliegue de 8500 efectivos en el AMBA para asegurar el control de las nuevas restricciones horarias y de movimiento impuestas anoche por el presidente Alberto Fernández. Así, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y la PSA realizarán chequeos a personas en la vía pública, en colectivos y trenes, controles vehiculares en retenes en peajes y autopistas.
La pregunta es obvia: ¿la orden es arrestar? ¿Qué pasa con quienes violan las restricciones?
El decreto firmado la semana pasada por el presidente incluye dos artículos del Código Penal que podrán ser violados por quienes no acatan las restricciones horarias y de movimiento: el artículo 205, que castiga con seis meses de cárcel a quienes vulneren las medidas para impedir que se propague una pandemia, un delito federal y el artículo 239, una simple resistencia a la autoridad que tramita en el fuero de instrucción.
Supongamos que un infractor es detenido en un control. La decisión no es del policía. El decreto 235 firmado el 8 de abril establece en su artículo número 25: “Cuando se constate la existencia de infracción al presente decreto o de otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria, se procederá a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente”. Cerca de la ministra Frederic remarcan: “La decisión es de la fiscalía o juzgado”.
“Hemos acordado lo siguiente: las fuerzas federales comunican a la Justicia cuando hay una infracción determinada. Habíamos conversado que en las zonas de los diez puntos de acceso a la ciudad, cuando hubiera una situación dudosa, se notifica a la persona que tiene que labrar un acta diciendo que no puede repetir eso. La segunda vez, se comunica a la Justicia, que va a decidir desde una probation al secuestro de un auto. Seguramente vamos a ajustar eso, pero quien decide es la Justicia, las fuerzas definen si eso es violatorio o no del DNU”, aclaró Gabriel Fuks, secretario de Articulación de la cartera a cargo de Frederic.
Y aquí está la paradoja. En un sistema penal estirado al límite, la sobrecarga puede ser notable, con una clara chance de tensiones entre los ministerios y el sector judicial.
El problema, entonces, es cuántas veces la policía va a levantar el teléfono a los juzgados y fiscalías, cuál va a ser el ímpetu. Un prestigioso fiscal federal sentado con un turno en curso en una de las jurisdicciones más calientes del conurbano asegura: “No sé cómo van a salir las fuerzas federales, si van a adoptar una actitud represiva y proactiva o si van a intentar disuadir a la gente para que vaya a su casa. El año pasado había más consensos y necesidad de restringir la circulación. Ahora, hay necesidad, pero no hay consenso. La política está muy discutida. Y con tanto enfrentamiento político, la sociedad es menos obediente. Va a ser complicado”.
Otro fiscal del fuero usa el mismo término: “Complicado también. Difícil criminalizar algo que es percibido como político”.
Por ejemplo, 300 sumarios en un solo fin de semana de fiestas clandestinas pueden crear un shock de escritorio notable. El impacto, por ejemplo, en alcaldías y calabozos de comisarías bonaerenses, que tenían casi 5.800 detenidos en agosto del año pasado de acuerdo a cifras oficiales, más de tres veces su capacidad, se hará sentir. En el fin de semana pasado, 300 personas fueron controladas en el AMBA y cinco establecimientos fueron cerrados por cuestiones de horario y aforo. Este miércoles, una disco en Flores fue allanada por la Policía de la Ciudad en la calle Alberdi. Le secuestraron hasta la bola de espejos.
El colapso será doble: no solo del sistema de salud, sino también del sistema de Justicia. La hipotética extensión de las restricciones, más plazo en el tiempo, incrementará el desgaste. La semana pasada, en una jugada inédita, más de 300 fiscales bonaerenses, más de la mitad del total de la provincia, elevaron un duro reclamo a la Procuración por la carga de trabajo mezclada con la falta de personal y de recursos.
En el primer fin de semana de la cuarentena obligatoria, los ministerios de Nación, Ciudad, Provincia de Buenos Aires y Santa Fe comunicaron colectivamente más de 2.500 imputados en causas del fuero correccional y federales por violar la pandemia, con más de 40 mil vehículos controlados. La cifra era parte de la dieta diaria, junto con el número de casos de infectados. Para el 10 de junio, a 75 días del inicio del confinamiento decretado por el Gobierno nacional, la cifra de personas detenidas o advertidas en todo el país por las fuerzas federales ya llegaba más de 10 millones, con más de 4 mil vehículos secuestrados. La línea 147, habilitada para denuncias de violación de cuarentena, había llegado a 30 mil supuestos casos reportados.
Los reclamos judiciales habían llegado directamente al comienzo. Luis Rodríguez, magistrado federal encargado de intervenir en todas las denuncias ingresadas por las fuerzas de seguridad hasta el 31 de marzo, tomó el 20 de marzo una inédita y sorpresiva decisión: le escribió una carta a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic; y a su par de la ciudad, Diego Santilli, para hablar de la “honda preocupación” por las más de 200 denuncias que recibió en un solo día por la violación de la cuarentena.
“Le imploro incremente las estrategias que tengan a su alcance y haya adoptado para tratar de controlar la circulación y el tráfico este día que culmina pues el resultado constatado arroja un panorama que cuanto menos desde la humilde visión que le transmito nos coloca en una situación en la que difícilmente podemos evitar las consecuencias que aquel decreto se encargó de señalar”, escribió el juez.
Luego, el discurso punitivo del Gobierno perdió fuerza. Las causas se volvieron pocas, pero ejemplificadoras.
Sin embargo, en la segunda ola del coronavirus, el viento puede cambiar.
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