De Cristina Kirchner a José López, los últimos fallos de la Justicia que beneficiaron a denunciados y condenados por corrupción

La Justicia resolvió este martes que José López, el ex secretario de Obras Públicas condenado a 7 años y 6 meses de prisión tras haber sido sorprendido cuando intentaba esconder bolsos con USD 9 millones en un monasterio, cumplió los dos tercios de su pena y, por lo tanto, podrá ser excarcelado tras el pago de una caución de $85 millones.

El fallo sacudió el escenario político y se inscribe en una reciente sucesión de decisiones judiciales que beneficiaron a ex funcionarios, sindicalistas y empresarios vinculados con el kirchnerismo. Sin ir más lejos, apenas algunas horas antes, la Cámara de Casación Penal sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al gobernador bonaerense Axel Kicillof en la causa denominada dólar futuro.

Según la Sala 1 del tribunal, integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, la venta de ese instrumento financiero constituyó una política económica que no es judiciable y, además, una pericia determinó que no existió perjuicio para el Estado en la operatoria del 2015 y 2016 del Banco Central.

Por otro lado, el Tribunal Oral Federal 4 también resolvió este martes que el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido podrá seguir en libertad hasta que la Corte Suprema deje firme su condena a 5 años y 8 meses de prisión por la tragedia ferroviaria de Once.

En este caso, los jueces Guillermo Costabel, Jorge Gorini y Ricardo Basílico aplicaron el artículo 375 del Código Procesal Penal Federal que fue puesto en vigencia en febrero por el Congreso Nacional. El artículo dice “sólo podrán ser ejecutadas las sentencias firmes”. La ejecución de una sentencia es que una persona condenada puede ser detenida para comenzar a cumplirla la pena. Y que esté firme es que no haya más posibilidades de apelación. A eso se llega con un fallo de la Corte Suprema que no tiene plazos para resolver.

El 15 de marzo, el mismo tribunal le otorgó la prisión domiciliaria a Martín Báez, hijo del empresario Lázaro Báez y condenado a nueve años de prisión por lavado de dinero. Sin embargo, para salir de la cárcel de Ezeiza deberá pagar una fianza de 531.437.500 de pesos.

Se trata del monto en pesos de los fondos de cinco millones de dólares que Martín Báez tenía en el exterior y que quiso mover en febrero de 2019 cuando fue detenido por intentar obstaculizar la justicia.

Menos de dos meses atrás, en febrero, el ex vicepresidente del gobierno de Cristina Kirchner, Amado Boudou, consiguió reducir diez meses su condena a cinco años y diez meses por la causa Ciccone. Llamativamente, el beneficio le fue otorgado gracias a los cursos y estudios que hizo durante su detención.

Uno de ellos fue el de organizador de eventos. También realizó un taller sobre filosofía, entre otros aprendizajes. El juez federal Daniel Obligado -apenas horas antes de dejar de subrogar como magistrado de ejecución penal en la causa Ciccone- resolvió hacer lugar al planteo de la defensa y aplicar el beneficio del “estimulo educativo” previsto en la ley 24660. La decisión le permitirá a Boudou acceder al beneficio de salidas transitorias, que se otorga a cualquier condenado al llegar a la mitad de la pena.

También en febrero se conoció una liberación que impactó tanto al mundo político como sindical. El ex jefe de la Uocra platense Juan Pablo “Pata” Medina, quien estaba con detención domiciliaria por “lavado de activos y asociación ilícita”, resultó excarcelado por una resolución del Tribunal Oral Federal 2 de La Plata.

En este caso, los jueces hicieron lugar a un planteo de la defensa del sindicalista, que estaba con prisión domiciliaria desde el pasado 18 de febrero de 2020, porque Medina carecía “de antecedentes penales y en caso de haber estado condenado al mínimo legal de la pena establecida para los delitos que se le imputan, por el lapso que lleva detenido, permitiría la aplicación del instituto de la libertad condicional”.

El Tribunal mantuvo la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse una vez al mes a la Comisaría con jurisdicción en su domicilio, mientras dure la emergencia sanitaria, debiendo, luego, comparecer en la sede del tribunal con similar periodicidad.

Además le impuso la prohibición de tomar contacto, por cualquier medio, con las víctimas y/o acercarse a sus domicilios laborales o particulares y mantener la prohibición de desplegar cualquier actividad gremial en la Uocra, seccional La Plata u otras seccionales.

En enero, la Justicia también ratificó la prisión domiciliaria para José María Núñez Carmona, el socio y amigo personal de Amado Boudou, por sus problemas de salud. Nuńez Carmona, condenado en el caso Ciccone, continuó detenido en su departamente de Mar del Plata debido a que su vida corría riesgo dado el contexto de pandemia y sus problemas de salud preexistentes.

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