Hay un cambio menor pero significativo en el discurso frente a la expansión del coronavirus, aunque nada que arrime a la aceptación de responsabilidades propias. La idea de imponer restricciones más duras por “poco tiempo” empieza a ser explicada como un golpe para “aplanar” la curva de contagios en esta segunda ola. Ya no se enfatiza tanto en ganar tiempo para masificar la vacunación, porque es incierto y alarmante el panorama de provisiones. El Gobierno oscila entre el optimismo y las dudas sobre la llegada inmediata de algo así como dos millones y medio de dosis, con embarques desde Rusia, China y Estados Unidos. Se debate en una sucesión de reuniones entre las presiones bonaerenses -y finalmente, del kirchnerismo duro- para endurecer las medidas y los reparos de muchos otros distritos. En el fondo, un problema político y un desafío sobre cómo administrar las limitaciones sociales.
Alberto Fernández proyecta su malhumor en distintas direcciones. Pero parece claro que en materia política algunos elementos centrales tienen que ver con su propio círculo. El mayor desgaste lo sigue generando el sector alienado con Cristina Fernández de Kirchner cuando no ella misma de manera pública. Es llamativo como desde ese sector se hacen circular demandas de decisiones duras frente al coronavirus como si hacerlo o no fuera un tema de convicción política, casi ideológico. Coloca en foco la centralidad o el poder. Otro costado es la relación con los gobernadores, más compleja porque mezcla razones estrictamente de la interna peronista y cuestiones de gestión.
La semana pasada y otra vez ayer mismo, desde el Gobierno se dejó trascender enojo y reproches presidenciales hacia los jefes locales en general, no sólo a Horacio Rodríguez Larreta sino además a los gobernadores de distritos de peso, varios de ellos del PJ. Se argumenta falta de compromiso para hacer cumplir las medidas impuestas con el último DNU, fruto a la vez de ásperas y cansadoras negociaciones, y centradas en la circulación y en las actividades nocturnas. En síntesis, se les achaca poca solidaridad para compartir costos.
Los nombres que surgen son los del cordobés Juan Schiaretti y el santafesino Omar Perotti, entre los peronistas, y el mendocino Rodolfo Suárez, entre los opositores -además de Rodríguez Larreta-, pero la mirada también abarca a otros mandatarios en teoría más próximos a Olivos. El problema, según una lectura menos lineal, es de naturaleza política y también de índole sanitaria. El Presidente no asumió finalmente un papel de liderazgo con los jefes territoriales del PJ. Y los gobernadores, en general, no quieren quedar atrapados en la lógica de la interna grande, la del poder que involucra al Presidente y a CFK.
Existe, se ha dicho, una cuestión sanitaria y es la disímil situación de los distritos en el mapa del coronavirus. Todos están preocupados por el nuevo ciclo de contagios, pero asoma claro que el núcleo vuelve a estar por ahora en el ámbito que comparten la Capital y el Gran Buenos Aires. Por supuesto, con el cortinado de fondo que supone el grave impacto social y económico de un nuevo esquema de restricciones duras.
El Gobierno deja trascender que las nuevas medidas tendrían límites horarios y de extensión contada en días y no en meses. ¿Con diferencias según la provincia, como ocurrió en parte y tardíamente el año pasado? Eso fue luego de la larga y estricta cuarentena. La inquietud de algunos gobernadores apuntaría a que el cuadro sea diferenciado de entrada.
El Gobierno evalúa otros factores, presionado especialmente por la provincia de Buenos Aires. Existe una preocupación lógica de Axel Kicillof pero también una disputa política abierta con la Ciudad. Por ahora, la ex presidente se mantiene en silencio. Con todo, nadie en esa franja interna disimula que Rodríguez Larreta -con el agregado de lo que dicen las encuestas- y la Capital como exposición en el plano nacional siguen siendo objetivos a esmerilar. Lo expuso el recorte de fondos -con sello de CFK-, principio del quiebre en la relación del Presidente y el jefe de Gobierno porteño. Eso se ha trasladado a la gestión frente al coronavirus.
El enfrentamiento más amplio entre Gobierno y oposición escribe un capítulo aparte, con ingredientes contradictorios. El agravamiento del cuadro sanitario y su impacto social -por el número de contagios y por la falta de dosis suficiente para escalar con la vacunación- constituyen un dato central que sólo parcialmente parece cambiar el tablero.
Avanzaron las conversaciones, encarriladas ahora formalmente, para discutir las fechas de las elecciones. El Gobierno se comprometió a mantener las PASO, como reclama la oposición y en particular Juntos por el Cambio, a cambio de consensuar la postergación por un mes de los comicios: las primarias de agosto a septiembre y las generales de octubre a noviembre. Pero al mismo tiempo, el Presidente descargó una de sus más duras cargas sobre JxC, con insultos incluidos, y en la misma línea se anotó Kicillof. Ayer mismo, lo expresó el jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, que apuntó a Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Lilita Carrió.
La mesa nacional de JxC definiría hoy mismo su respuesta a la propuesta expresada por el ministro Eduardo Wado de Pedro, en un encuentro formal armado por Sergio Massa en el ámbito de Diputados. Una postal infrecuente. Es posible que acepte con algunas condiciones la postergación de las fechas de elecciones y se expida sobre la idea de crear una comisión de seguimiento de las políticas y los resultados sanitarios.
En cualquier caso, resulta evidente que la mesa sobre la que se discute ahora no es la misma que la anterior a Semana Santa. El cuadro cambió porque, más allá de la discusión científica, si la hay, las cifras crecientes de contagios y la irregularidad y las demoras en la vacunación agravan el panorama de crisis. Agitar la pelea entre “duros” no alcanza para disimular el dramatismo y las angustias que recrea cualquier perspectiva de cuarentena.