Ante el exponencial aumento de casos de coronavirus en la última semana y la llegada de la segunda ola, en el Poder Judicial comenzó a crecer una preocupación. Y por eso tanto agrupaciones de jueces como el gremio de empleados judiciales le pidieron a la Corte Suprema de Justicia que la Nación que tome medidas. La primera que se limite al personal necesario la presencialidad en los lugares de trabajo y que se acentúe el teletrabajo. La segunda, que se insista ante el gobierno nacional para ser incluidos en el plan de vacunación.
Los planteos fueron tres en menos de un día. Los hicieron Alberto Lugones, juez federal y vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de la administración del Poder Judicial; Marcel Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN); y Julio Piumato, titular del gremio de empleados judiciales.
Los tres coincidieron en que el aumento de casos de COVID-19 requieren medidas a tomar. Hay alguna diferencia pero en las esenciales están de acuerdo. La decisión la debe tomar la Corte Suprema.
La primera presentación la hizo ayer por la tarde Lugones. Le envió una nota al presidente del Consejo, Diego Molea, para que el organismo “de manera urgente” se reúna a debatir su propuesta que es pedirle a la Corte que se dicte la feria judicial extraordinaria que dispuso en la acordada 6/2020 de marzo del año pasado; que la presencialidad del personal sea mínima y que se acreciente el trabajo remoto; y que se le pida al gobierno de Alberto Fernández que los integrantes del Poder Judicial que deban ir a sus lugares de trabajo sean incluidos como esenciales en el plan de vacunación.
La acordada 6 que dictó la Corte estableció pautas restrictivas de trabajo ante la crisis sanitaria que se comenzaba a desatar ante la declaración de la pandemia en marzo del año pasado. El máximo tribunal fijó la presencia indispensable de personal en los juzgados, la prohibición de público, el trabajo a distancia y que se resuelvan las causas que no admitan ninguna demora, como las penales.
“Todo ello, en virtud de la escalada de casos de la última semana y ante la presencia de la segunda ola del virus COVID-19, y con el fin de preservar la salud de los/as magistrados/as, funcionarios/as y empleados/as”, explicó Lugones el motivo de su planteo. Fuentes del Consejo le dijeron a Infobae que el tema podría ser analizado el jueves en la comisión de Labor del organismo.
Esta mañana Gallo Tagle hizo una presentación ante el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz. El titular de la AMFJN se diferenció de Lugones en dictar feria judicial. Lo calificó de “inconveniencia” ya que el Poder Judicial “trabajó en forma remota y, en menor medida, en forma presencial desde los inicios de la cuarentena decretada hace más de un año”.
Sí hubo coincidencia en la necesidad de “reducir eventualmente la presencialidad a las medidas estrictamente necesarias para no interrumpir las actividades cuya realización resulta imposible llevar adelante en forma remota”. Gallo Tagle planteó que la Corte podría reforzar su decisión de que sean las Cámaras Federales de todo el país las decidan la mejor metodología de trabajo según la situación sanitaria de cada región.
Sobre ese punto, el presidente de la AMFJN hizo una advertencia: “resulta insoslayable resaltar que el Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos no han dotado al personal, a los/as funcionarios/as ni a quienes ejercen la magistratura del equipamiento necesario para realizar el trabajo remoto (computadoras y conexión a internet)”. Y resaltó que los jueces que fueron a tribunales debieron hacer “tareas totalmente ajenas a su cargo para suplir la falta del personal administrativo y de maestranza”.
También hubo coincidencia en la necesidad de que los integrantes del Poder Judicial sean vacunados. En la nota a la Corte se resaltó que ayer hubo 19.437 casos de COVID-19. “Resulta menester evaluar la necesidad de urgir la vacunación a los integrantes del Poder Judicial, respetando las normas establecidas por las autoridades nacionales sanitarias en torno a las prioridades acordes con personas de riesgo, edad y personal esencial, entre otros”, planteó.
No es la primera vez que se piden vacunas para el Poder Judicial. La Cámara Nacional Electoral ya lo hizo cinco veces desde comienzo de año en oficios enviados al gobierno nacional para inocular al personal que trabajará para las elecciones legislativas de este año. Hasta el momento no hubo respuesta. La jueza electoral María Servini, quien la semana pasada dio positivo de coronavirus, advirtió sobre la vacunación para su personal: “Si no los vacunan, no puedo preparar las elecciones. Porque si se contagiara uno, debo aislar a todos y el proceso no se puede realizar. No puedo exponerme a que se enferme el personal que está muy calificado en lo electoral”.
Por su parte, el gremio de judiciales también dejó ayer una nota en la Corte Suprema. El sindicato pidió que el máximo tribunal gestione ante el gobierno nacional “con mayor vehemencia” la inclusión de jueces, funcionarios y personal en el plan de vacunación o que la obra social del Poder Judicial compre vacunas. Puso como ejemplo que eso decidió el gobierno de Chaco y comenzaron a ser vacunados los integrantes de la justicia federal de esa provincia. También que se fijen pautas para “garantizar la mínima presencialidad en cada una de las dependencias y áreas que conforman la justicia” y que se controlen las medidas sanitarias que deben regir para evitar los contagios.
“En los últimos quince días se ha incrementado exponencialmente el contagio del virus, alcanzando días pasados el más elevado pico de contagios al haber superado los más de 23.500 nuevos casos. En la Justicia -conforme expresó el Subdirector General del Departamento de Medicina Preventiva y Laboral- hay una seria y cierta preocupación por la gran cantidad de situaciones relacionadas con el Covid-19, habiéndose llegado al récord de casos diarios con un continuo aumento de la curva de contagios”, sostuvo el sindicato en la nota al máximo tribunal.
Desde el gremio que conduce Piumato destacan que la situación es muy grave. “En la justicia federal de Corrientes tenemos 10 casos, la semana pasada en Mendoza hubo ocho. Y algunas jurisdicciones no informan”, dijo a Infobae un miembro del sindicato que sigue el tema de cerca.
El sindicato pidió volver a una presencialidad indispensable de personal. “Resulta imperioso establecer reglas claras y concretas tendientes a garantizar un sistema de guardias con mínima presencialidad, tal como se implementó en el transcurso de la feria extraordinaria sanitaria cuando el virus era menos peligroso y virulento”, destacó y calificó de “paupérrimo” el estado de los inmuebles del Poder Judicial con oficinas para dos personas donde trabajan más de la capacidad permitida, lo que se agrava en la emergencia sanitaria.
SEGUIR LEYENDO: