El Procurador General interino Eduardo Casal y una quincena fiscales, la mayoría de Comodoro Py, ya están en la mira del oficialismo. El diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade recibió este lunes de manos de la propia Procuración la información sobre las declaraciones de juradas de 15 fiscales y del propio Casal. La mayoría intervinieron en causas contra el kirchnerismo y/o ocuparon lugares estratégicos en distintos cargos.
Según consta en base a la información pública de la Procuración General a la que accedió Infobae, los apuntados son Casal, Juan Manuel Olima, Juan Casanovas, Ignacio Mahiques, Ramiro González, Raúl Pleé, Mario Villar, Alejandra Mangano, José María Campagnoli, Eduardo Taiano, Juan Manuel Pettigiani, Guillermo Marijuan, Carlos Stornelli, Abel Córdoba, Gerardo Pollicita y Carlos Rívolo.
Mahiques intervino junto a Pollicita en la investigación por la obra pública que llevó a juicio oral a Cristina Kirchner. Rívolo investigó la causa Los Sauces. Taiano impulsó la investigación por dólar futuro. Marijuan fue el fiscal de la causa por la ruta del dinero k. Ramiro González fue el actuó inicialmente en ese expediente. Abel Córdoba el que pidió la condena que se impartió contra Lázaro Báez.
Stornelli fue el fiscal de la causa de los cuadernos, luego procesado en por la causa D’Alessio en Dolores. Pettigiani es el fiscal de Mar del Plata que intervino precisamente en la causa D’Alessio. Mangano actuó como fiscal en la causa en la que Stornelli dijo ser una víctima por la causa de Dolores.
Pleé es uno de los referentes de Comodoro Py y quien pidió el juicio oral de CFK en la causa dólar futuro. Mario Villar también es fiscal ante Casación e integra la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). También figura José María Campagnoli, a quien el kirchnerismo motorizó un jury en tiempos del gobierno de CFK por haber investigado a Lázaro Báez.
A la lista se sumaron Casanova y Olima, que trabajan junto a Casal, el jefe interino de los fiscales hasta que se designe un Procurador General. El Congreso debate reformas en la ley del Ministerio Publico, para aliviar la mayoría que permita elegir al titular de ese cargo y promueve un jury con componentes políticos para investigar a los fiscales. Rivolo afirmó que eso se convertía en un pelotón de fusilamiento para los fiscales que investiguen.
Fue el propio Casal el que firmó la autorización para que a Tailhade se le entregara la información, salvo en su propio caso donde actuó su segunda Laura Monti también habilitando la entrega de los datos de las declaraciones juradas publicas.
“El señor Diputado Nacional, Luis Rodolfo TAILHADE, solicitó por la vía correspondiente, conforme a la reglamentación vigente, el acceso a la información obrante en el Formulario Público de la Declaración Jurada Patrimonial presentada” por cada uno de los funcionarios desde 2016 a 2019, dice el texto de la resolución. “En su requerimiento consignó que la finalidad de su petición es ‘informativa’, declarando asimismo conocer el contenido de las Leyes n° 25.188, 25.326 y 26.854, en cuanto ‘al uso indebido de la información a la que se accede y la sanción prevista para quien la solicite y le dé un uso ilegal’”, se señala.
Aunque inicialmente la movida del diputado k apuntaba 25 fiscales, el pedido se formalizó sobre Casal y quince representantes del Ministerio Público. Por eso en tribunales ya empezaron a correr a especulaciones sobre los nombres que no fueron incluidos en la lista de los funcionarios a los que Tailhade había puesto en la mira.
Ya de entrada el diputado kirchnerismo, promotor de distintas causas judiciales contra el macrismo y denunciante del “lawfare” en Comodoro Py, no había puesto en esa lista inicial de todos los fiscales de Comodoro Py. Allí no estaban por ejemplo ni Franco Picardi ni Paloma Ochoa, dos de los fiscales que llegaron en la última parte del kirchnerismo a trabajar en los tribunales de Retiro.
Es que el procedimiento del pedido de acceso a la información tiene dos partes: primero la solicitud de los nombres apuntados, que se hace a través de la página web, y después la presentación formal del que requiere para acreditar su identidad con vistas a cumplir con el pedido.
Entre esos dos pasos, Taihalde dejó afuera a nueve de los nombres que estaban en el pedido inicial. Allí ya no aparecen el fallecido Jorge Di Lello, pero tampoco Javier De Luca, fiscal ante Casación e integrante de Justicia Legítima.
De la intención inicial también desaparecieron los nombres de Sergio Rodríguez, titular de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA); Marcelo Colombo, fiscal de la causa Memorándum; o José Agüero Iturbe, quien ahora está firmando como fiscal de la Cámara Federal –un cargo clave que está vacante desde la renuncia de Germán Moldes-. Tampoco se solicitó la información de Diego Iglesias, de la Procunar o el fiscal de Salta Eduardo Villalba.
El pedido de declaraciones juradas sobre los fiscales ya había provocado un escándalo cuando el periodista Luis Majul aseguró que había una persecución sobre los fiscales que investigaron al kirchnerismo y el diputado lo acusó de haber filtrado la información que él estaba preparando.
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