La Corte Suprema de Justicia convocó a una audiencia de conciliación entre el gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires, en la demanda presentada por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta ante la decisión de la gestión de Alberto Fernández de aplicar un fuerte recorte en los fondos de la coparticipación federal de impuestos y la posterior aprobación, en el Congreso Nacional, de la ley que podó $65 mil millones al presupuesto porteño.
La medida fue notificada en las últimas horas y cita a las partes a un encuentro el próximo 21 de abril. La convocatoria ocurre luego de que el procurador de la Corte confirmara que la demanda presentada por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta es de competencia originaria del máximo tribunal. El encuentro –en principio presencial, pero no público– será con los abogados de la Ciudad de Buenos Aires y de la Nación y el secretario de la causa, sin la participación de los ministros.
De todos modos, la convocatoria a la audiencia es el primer paso procesal de una causa de alto impacto político. Es que, por un lado, la poda de los recursos privó al gobierno porteño de alrededor del 8% del presupuesto de 2021 y, en consecuencia, derivó en el distanciamiento entre Rodríguez Larreta y el Presidente de la Nación, que hasta ese momento se habían mostrado trabajando de manera coordinada y colaborativa en la gestión de la pandemia de coronavirus.
El gobierno porteño había presentado un recurso de amparo ante la Corte cuando Alberto Fernández decidió aplicar el ajuste vía decreto de necesidad y urgencia, pero luego, con la sanción de la ley a fin del año pasado, con la mayoría del Frente de Todos y aliados, presentó la demanda que hoy tuvo pasos claves: la Corte le notificó a la Nación para que en un plazo de 60 días hábiles responda los argumentos presentados por el gobierno de Rodríguez Larreta, y citó a las partes para la audiencia del 21.
La audiencia pública, que fue recibida como una buena señal en la administración de Larreta, es un paso formal que apunta a definir la posición de cada parte en el expediente y explora la posibilidad de que exista una alternativa para resolver el pleito sin llegar a un juicio. “Vemos positiva esta convocatoria. Nosotros siempre fuimos defensores del diálogo y lo planteamos desde el inicio de este conflicto. No esperábamos una imposición, una decisión unilateral y arbitraria, por eso resolvimos recurrir ante la Corte”, explicaron a Infobae en la Ciudad.
La historia del conflicto
Las protestas de la Policía Bonaerense a comienzos de septiembre de 2020 forzaron al Gobierno de la provincia de Buenos Aires a conseguir una inyección de fondos para afrontar el costo fiscal de un acuerdo salarial con la fuerza. Para eso, el presidente Alberto Fernández resolvió firmar un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que le restaba recursos al fisco porteño para derivárselo al que administra el gobernador bonaerense Axel Kicillof.
El jefe de Estado anunció el 9 de septiembre la creación de un Fondo de Fortalecimiento Financiero Fiscal por el cual le quitó recursos de la coparticipación a la Capital Federal y se los transfirió a la provincia de Buenos Aires. La readecuación de la alícuota federal que reciben las arcas porteñas no era un tema ajeno a la agenda entre la Casa Rosada y el gobierno porteño, pero las conversaciones que se habían iniciado a comienzos de 2020 se vieron interrumpidas por la emergencia sanitaria que implicó la pandemia.
La protesta policial terminó pero se abrió una grieta en la relación –hasta ese momento armónica– con Rodríguez Larreta que aún hoy, a más de un año, está lejos de resolverse. El oficialismo envió al Congreso un proyecto de ley que cristalizaba esa poda de recursos federales para la Ciudad, pero además implicaba un recorte todavía mayor que el inicial.
El DNU generó una respuesta inmediata de la Ciudad. “Nos encontramos con una medida improvisada, intempestiva e inconsulta”, dijo un día después el jefe de Gobierno porteño. “La última vez que me mencionaron el tema fue en marzo y ni siquiera habíamos llegado a un acuerdo”, aseguró. En ese sentido, marcó que la única salida que buscaría el Gobierno de la Ciudad sería acudir a la Corte Suprema.
La lógica detrás de esa determinación de la Casa Rosada fue que el gobierno porteño solo reciba los fondos necesarios para los gastos del traspaso de la Policía Federal, en lugar de cubrir esas erogaciones con coparticipación. El 10 de diciembre el Congreso sancionó por norma la reducción de la alícuota que recibe el Gobierno porteño de la coparticipación federal de 2,1 puntos porcentuales, un recorte que terminó siendo mayor que el anunciado. Según estimaciones de fuentes porteñas, para 2021 el dinero que la Ciudad dejaría de recibir ronda los $65.000 millones.
Para afrontar esa caída en el flujo de coparticipación, el gobierno de Rodríguez Larreta aprobó un presupuesto con un “programa de ajuste transitorio” y medidas que apuntan a aumentar la recaudación y recortar gastos, mediante impuestos nuevos y ajuste en el plan de obras.
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