El escándalo por las visitas que jueces hicieron a la Quinta de Olivos y a Casa de Gobierno en épocas de Mauricio Macri sacudió los tribunales, pero aún no tuvo consecuencias directas en ningún expediente. Eso podría pasar en breve porque mientras el Consejo de la Magistratura ya comenzó a analizar diferentes presentaciones contra los jueces en cuestión, la vicepresidenta Cristina Kirchner fue la primera en mover las fichas del tablero de sus causas en busca de anular los expedientes en donde actuaron los integrantes de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.
Es que las firmas de Borinsky y Hornos fueron cruciales en muchas de las causas que se activaron durante el macrismo para avanzar en los expedientes que salpicaban a la gestión anterior. Desde el Memorándum con Irán hasta la causa Ciccone, pasando por causas como dólar futuro, la obra pública -por la que está en juicio la Vicepresidenta de la Nación- o las condenas de Milagro Sala. A la lógica de las sospechas se sumaron los cuestionamientos a las decisiones tomadas en la causa que devolvió a prisión a los empresarios Fabián De Sousa y Cristóbal López o la condena por la tragedia de Once, aunque en esas causas los jueces no hayan actuado en dupla.
Pero en ese ramillete de “causas K”, el oficialismo no pierden de vista el caso del espionaje de Lomas de Zamora, en donde – a diferencia de las otras causas- Cristina Kirchner y los ex funcionarios kirchneristas son los acusadores del macrismo. Precisamente, las revelaciones sobre las visitas a Macri por parte de Hornos y de Borinsky se conocieron al compás de las definiciones y movimientos que debían darse, precisamente, en Casación ese expediente clave.
El 8 de febrero, el entonces diputado Martín Soria, hoy ministro de Justicia, reveló que Gustavo Hornos -hoy presidente de Casación- había ido a la Casa Rosada en seis oportunidades entre diciembre de 2015 y el 2018 a visitar al propio Macri. En ese contexto lo denunció en tribunales en la causa ya abierta conocida como la “mesa judicial”.
El 12 de febrero, cuatro días después, la Sala IV de Casación –a la que había pertenecido Hornos hasta fines de 2020- zanjó el conflicto de competencia entre Lomas de Zamora y los tribunales de Retiro en la causa del espionaje: a contramarcha de lo que pedía CFK y los querellantes, y en el sentido de lo que pedían los imputados, los jueces Borinsky y Javier Carbajo resolvieron que el expediente del espionaje debía tramitarse en Comodoro Py. Angela Ledesma votó en disidencia.
El 13 de febrero, la entonces ministra de Justicia Marcela Losardo publicó una serie de tuits diciendo que el “sentido de Justicia está en crisis” en la Argentina y aseguró: “Hoy sabemos que hubo jueces que acordaban y preanunciaban sus fallos con el presidente de entonces, que jugaban al tenis con él mientras perseguían a sus opositores con argucias legales y que siempre se han negado a hacer público su patrimonio”.
En ese momento no hubo nombres. Mientras, la Vicepresidenta y otras querellas anunciaron su apelación. Pero apenas recibió la notificación del fallo de Casación, el juez Augé ya había resuelto mandar la causa del espionaje a Comodoro Py. Fue por eso que el propio Borinsky firmó un proveído el 17 de febrero en donde le indicó al juez federal de Lomas de Zamora que debía requerirle a la Cámara Federal porteña la “devolución” de las actuaciones porque todavía debía estudiarse el recurso extraordinario. Con la causa de nuevo en su juzgado, Augé firmó los procesamientos.
La revelación sobre las 15 visitas de Borinsky a la Quinta de Olivos -publicada por el portal El Destape, tras un planteo de acceso a la información pública- se conoció el 1 de abril pasado. El día anterior, Borinsky junto a Carbajo y la disidencia de Ledesma, había decidido rechazar el recurso extraordinario que CFK y otros querellantes había presentado para que la Corte Suprema revisara la orden que habían dado ese mismo tribunal para que el caso del espionaje ilegal se radicara en Comodoro Py.
Con eso, el expediente debía aterrizar en los tribunales de Retiro. Sin embargo, el fallo de la Sala IV incluyó una frase que, habitualmente, no suele aparecer en sus resoluciones (“Firme que sea”) y que permitió que el pase a Retiro no se concrete sino que se efectúe recién si la Corte Suprema se pronuncia en el mismo sentido. La causa permanece actualmente en manos del juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé y la fiscal Cecilia Incardona. Precisamente, allí está imputado Darío Nieto, secretario de Mauricio Macri. Por el momento tiene falta de mérito porque no se habían encontrado elementos para procesarlo en el expediente.
Ahora, la figura de Nieto volvió a estar en foco. Según “El Destape”, en el teléfono de Nieto aparece un mensaje en que dice “Hablar con Borinsky. Tema denuncia, administrativo, penal”. Según dijeron a Infobae fuentes judiciales, el mensaje lo encontraron las defensas revisando el teléfono de Nieto luego de la revelación de las visitas. En base a eso, el abogado Beraldi pidió a la fiscal Incardona que investigue si el ex secretario privado de Mauricio Macri omitió entregar información sobre ingresos a la Casa Rosada y la Quinta presidencial de Olivos a Poder Ciudadano, la ONG que reclamaba periódicamente estos listados desde 2016. Y puntualmente si en esos listados faltaba, entre otras cuestiones, el detalle de las visitas de Borinsky a Olivos.
Mientras tanto, Borinsky rechazó apartarse del expediente de Lomas de Zamora. Lo hizo el viernes a la hora de contestar la recusación que habían presentado en su contra Rafael Resnick Brenner, un ex funcionario de la AFIP condenado por la causa Ciccone; y Jorge Chueco, abogado de Lázaro Baez, querellantes en la causa del espionaje. Resnick y Chueco recusaron a Borinsky por sus visitas a Olivos, pero el juez junto a su par Carbajo rechazaron in límine el planteo, pese a que su colega Ledesma entendía que había que cumplir otro procedimiento: que Borinsky respondiera sobre el planteo, se corriera vista a las partes y luego que se tomara una decisión –sin el voto del juez cuestionado-.
Este episodio promete abrir una seguidilla de interrogantes en cada uno de los expedientes en donde intervinieron los jueces que visitaron a Macri. ¿Por qué? Porque los acusados están convencidos que esos encuentros estaban ligados a resoluciones judiciales adversas que los magistrados tomaban a pedido o reportando al presidente de entonces. Cómo se podrá probar eso en los expedientes penales es una incógnita, señalaron a Infobae fuentes judiciales, pero el terreno podría volverse más barroso en el Consejo de la Magistratura donde se investiga la conducta de los jueces.
Memorándum
El espionaje no es la única causa en donde cobran interés, para las defensas, las visitas de los jueces a Mauricio Macri. La firma del memorándum con Irán es la que hasta ahora se presenta con las perspectivas de más objeciones. Ya tuvo presentaciones y tendrá más. Se trata de la denuncia que presentó en enero de 2015 el fiscal Alberto Nisman -cuatro días antes de ser encontrado muerto- contra la entonces presidenta Cristina Kirchner y otros funcionarios de su gobierno. La acusó, en base a escuchas telefónicas, de firmar el memorándum para ayudar judicialmente a los iraníes acusados del atentado a la AMIA.
La causa se cerró por inexistencia de delito pero el 29 de diciembre de 2016 fue reabierta por un fallo firmado por Hornos, Borinsky y la jueza Ana María Figueroa. Fue pocos días antes de dejar la subrogancia en la Sala I de Casación y ante el pedido de la AMIA que presentó una conversación entre el fallecido canciller Héctor Timerman y Guillermo Borger, ex titular de la AMIA, en la que hablaban del caso. La crítica entonces fue que los jueces avalaron la presentación de una organización que no era parte de un expediente ya cerrado.
Con la reapertura el caso quedó a cargo del fallecido juez Claudio Bonadio que procesó y dictó la prisión preventiva de Cristina Kirchner -que no se concretó por sus fueros- y de otros imputados. Los procesamientos fueron confirmados en Casación por Hornos y Borinsky. El caso fue elevado a juicio oral y se encuentra en el Tribunal Oral Federal 8.
Ante el tribunal, Alejandro Rúa, abogado de Timerman junto a su colega Graciana Peñafort, hizo la semana pasada la primera presentación en el expediente por las visitas de los jueces a Macri. En su escrito, al que accedió Infobae, relató que en noviembre y en diciembre de 2016 había recusado a Hornos y a Borinsky para que no intervengan en la causa que fueron rechazadas. “El oportuno conocimiento de la ocurrencia de esos encuentros que los participantes se interesaron en mantener ocultos hubiera sido de utilidad para reforzar aquellos planteos recusatorios de esta defensa”, sostuvo el abogado. Rúa puso en conocimiento esa situación para que se hagan las presentaciones que se consideren. El tribunal le informó a todas las partes del caso “a los fines que estimen correspondan”.
Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, se constituyó formalmente esta semana como defensor de la Vicepresidenta en esta causa y ya anunció a Infobae que pedirá la nulidad de toda la causa, en una audiencia que –reclamó- sea pública y televisada. “Estas visitas frecuentes y casi en manada que hacían funcionarios judiciales que luego intervenían en instancias de los expedientes de Cristina y que de manera invariable resolvían en contra de la ex presidenta, nos muestran la situación en la que estuvo durante casi cinco años el Poder Judicial”, le dijo Beraldi la semana pasada a este medio.
El secretario de Justicia Juan Martín Mena también se sumó a las críticas: “Eso me toca en lo personal, estoy procesado” en la causa Memorándum y “estos jueces participaron y resolvieron en mi causa”. Otros defensores ya le adelantaron que lo voy a acompañar los cuestionamientos.
Oil Combustibles
El abogado de Cristina hizo una presentación similar a la de Rúa en el Consejo de la Magistratura de la Nación en el expediente en el que se investiga a Hornos por sus encuentros en la Casa Rosada. El abogado señaló que recusó a Hornos y a Eduardo Riggi después que ordenaron la detención -con la disidencia de la jueza Figueroa- de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa en la causa “Oil Combustibles” por considerar que la decisión fue arbitraria y pidió como medida de prueba los registros de ingresos a la Casa Rosada y la quinta de Olivos, lo que fue rechazado por los magistrados.
“En definitiva, como puede apreciarse, si la medida de prueba requerida por mi parte en aquella época se hubiese materializado, habrían quedado en evidencia las visitas del juez Hornos a la Casa de Gobierno, las cuales naturalmente le habrían dado a la recusación un fundamento incontrovertible”, planteó el abogado.
Vale aclarar que Beraldi, además de abogado de CFK, es el abogado de De Sousa. Y De Sousa denunció a Macri por asociación ilícita en otro expediente, ante la jueza María Servini. Allí ya se llamó a indagatoria al diputado del Parlasur Fabián Rodriguez Simón, asesor de Macri en materia judicial, y se pidió el análisis de las llamadas de Macri y otros imputados. Precisamente esta semana los jueces de Casación Riggi, Liliana Catucci y Juan Carlos Gemignani avalaron el estudio de las comunicaciones de Macri y el resto, pero al día siguiente frenaron la concreción de la medida porque Macri apeló la decisión y busca que la Corte Suprema lo revoque.
Obra Pública
En la semana otros abogados que tuvieron causas de impacto político resueltas por Hornos y Borinsky comenzaron a analizar la presentación de nulidades. Un caso es el de la obra pública en el que los magistrados junto a Juan Carlos Gemigani confirmaron los procesamientos y la elevación a juicio de Cristina Kirchner y el resto de los acusados y la detención de Carlos Kirchner, primo del ex presidente Néstor Kichner y ex funcionario del ministerio de Planificación Federal.
Dos abogados del caso le dijeron a Infobae que hubo charlas informales entre las defensas sobre qué hacer y cómo plantearlo. Entre ellos se reitera un dato. La causa se inició a principios de 2016 por una denuncia del gobierno de Macri que hizo el entonces titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel. “Se comenzó a charlar pero todavía no hay nada definido”, sostuvo uno de los abogados.
Ciccone
También hay abogados estudiando presentaciones en otros dos casos. Uno es Ciccone, en el que fue condenado el ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou junto con otros imputados. Hornos y Borisnky confirmaron los procesamientos y las condenas del caso. Lo hicieron con sus colegas Gemignani y Carbajo, respectivamente. También ordenaron en febrero de 2019 la detención de Boudou. Fue ante una apelación que hizo la Unidad de Información Financiera. Un dato que las partes resaltan ya que la Fiscalía había consentido la libertad cuando se la otorgó el tribunal oral.
Las condenas por Ciccone fueron confirmadas por la Corte Suprema por lo que si llega a realizar algún planteo sería ante el máximo tribunal y con un pedido de revisión ya que el caso está cerrado. “Lo estamos analizando”, dijo ante la consulta de Infobae, un allegado a la defensa de Boudou, a cargo de los abogados Rúa y Graciana Peñafort, además directora jurídica del Senado.
Once
En la misma línea están los abogados del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro. De Vido tiene una condena confirmada por Casación por la tragedia de Once. Uno de los que firmó ese fallo fue Hornos, junto con Riggi y Liliana Catucci. Hornos se diferenció en que debía agravarse la condena al ex ministro. Sin embargo, precisamente en estos días, los planteos están en torno a si De Vido debe volver a prisión para cumplir con esa sentencia.
Certezas y dudas
Los abogados no dudan que los jueces quedaron en una situación delicada porque las visitas a Macri mellan sus decisiones. Y de hecho plantearán recusaciones, a partir de ahora, cada vez que les toque pronunciarse en un expediente que los salpique, pero el problema está en si pueden derribar las resoluciones que se tomaron previamente.
En ese sentido, algunos defensores admitieron ante Infobae que se abre un panorama dudoso: “No alcanza solo con las reuniones para anular una causa. Es difícil de acreditar sobre qué hablaron en esos encuentros. La sensibilidad de quienes caminamos los pasillos de Comodoro Py nos dice ´uh, que casualidad´ pero a una causa tenés que llevar algo más”.
En ese sentido, los consultados reconocen que todas las resoluciones fueron tomadas por más jueces, no solo por Hornos y Borisnky; que algunas de sus decisiones fueron respaldadas por la Corte Suprema y que esos magistrados intervinieron para revisar decisiones de la Cámara Federal o de Tribunales Orales Federales que fueron confirmadas, por lo que con sus fallos no cambiaron el sentido.
De todas formas, algunos creen que el intento hay que hacerlo para no dejar pasar la gravedad de lo ocurrido. Y sobre todo, hacerlo público para que el escenario quede planteado ante la sociedad. “Más que en las causas se debe avanzar en el Consejo de la Magistratura”, reconocen algunos de los consultados por este medio. Se trata del órgano que investiga la conducta de los jueces. En el caso de Hornos ya se abrió un expediente que comenzó a recolectar prueba y la semana pasada se presentó una denuncia contra Borinsky que espera que la semana que viene tenga su primer paso con el sorteo del consejero que la investigara.
Por lo pronto, ahora, los disparos girarán sobre Borinsky por la causa del espionaje. Es que sostienen que Borinsky resolvió sobre un caso que tiene como acusados a ex funcionarios de ese gobierno y al propio Macri en la primera línea, aunque no está formalmente imputado. Y a eso se le suman los indicios sobre Nieto. Por eso los abogados señalan que en ese expediente, a su criterio, el juez se debió excusar. Sostienen que el Código Procesal Penal establece en su artículo 55 que un magistrado debe inhibirse o puede ser recusado de la causa “si tuviere amistad íntima, o enemistad manifiesta con alguno de los interesados”. El artículo 56 aclara que “se considerarán interesados el imputado, el ofendido o damnificado y el civilmente demandado”. Para los abogados, de haberse conocido las reuniones no dudan que hubiese habido más pedidos de recusación.
El kirchnerismo exhibe que los jueces de Casación fallaron en sintonía con los deseos que hacía públicos el propio Macri. “Me cayó bien la noticia de la reapertura de la investigación de Nisman contra Cristina, ha sido un gran paso. Todos sabíamos que la causa de Nisman se había cerrado de forma arbitraria. Su denuncia era muy grave”, declaró el entonces presidente, 24 horas después de que se reabriera la causa del Memorándum. También recuerdan las palabras de Macri cuando fueron liberados los empresarios López y de Sousa: “Nos indigna cuando alguien viene a decirnos que quien se quedó con lo nuestro no cometió un delito”.
“La Corte Suprema va a tener que involucrarse”, dijo Mena a la prensa esta semana. “La presencia de esos jueces tantas veces en Casa Rosada la verdad que lleva a pensar mal; porque son muchas veces los mismos que escribieron barrabasadas”, aseguró el viernes pasado Alberto Fernández en declaraciones radiales, luego de afirmar que Cristina Kirchner “va a demostrar su inocencia” en las causas en las que fue procesada. Un rato antes, Mauricio Macri había dicho en Twitter –en el marco de la causa comercial por el Correo- que se pretende un “plan venganza” en su contra a través de sus hijos y sus hermanos.
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