La semana que empieza será definitoria para el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y comenzará a serlo para el ex vicepresidenta Amado Boudou. El primero recibirá un fallo que determinará si continúa o no en libertad por su condena en la causa por la tragedia ferroviaria de Once y el segundo deberá afrontar una audiencia en la que se analizará su prisión domiciliaria por el caso Ciccone.
Se trata de dos de los ex funcionarios de Cristina Kirchner que estuvieron presos y que denunciaron una persecución política en su contra. De Vido estuvo detenido desde octubre de 2017, cuando le quitaron sus fueros como diputado nacional, hasta que en diciembre de 2019 pasó a prisión domiciliaria y en marzo de 2020 quedó libre. Boudou fue detenido por primer vez en noviembre de 2017. Fue liberado y volvió a la cárcel otras veces y desde abril del año pasado está en domiciliaria.
La resolución sobre la situación De Vido y la audiencia para Boudou llegan en un contexto de crítica al Poder Judicial de parte del gobierno de Alberto Fernández y tras conocerse las visitas que le hacían al ex presidente Mauricio Macri en la quinta de Olivos y la Casa Rosada los jueces de la Cámara de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, dos de los magistrados que intervinieron en los casos de Ciccone y Once.
Se espera que entre el lunes y el martes el Tribunal Oral Federal 4 dé a conocer si mantiene a De Vido en libertad u ordena su detención para que empiece a cumplir la condena a cinco años y ocho meses de prisión por la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida en febrero de 2012 en la que murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas. Los jueces Guillermo Costabel, Jorge Gorini y Ricardo Basílico trabajan en la resolución desde la semana pasada, pudo saber Infobae.
Lo que se discute es si se aplica la entrada en vigencia de un nuevo artículo del Código Procesal Penal Federal, el 375, que rige desde febrero y que establece que “sólo podrán ser ejecutadas las sentencias firmes”. Eso significa que hay que esperar que resuelva la Corte. Hasta antes de ese artículo una persona era detenida para comenzar a cumplir la condena cuando Casación rechazaba lo que se conoce como recurso extraordinario. En el caso de De Vido eso ocurrió a fines de marzo.
Pero ante el rechazo del recurso extraordinario, la defensa del ex funcionario, a cargo de los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, se presentaron en el tribunal oral e informaron que iban a apelar la condena a la Corte Suprema -ya lo hicieron la semana pasada- y que estaba en vigencia el nuevo artículo. Por lo tanto, De Vido debe continuar en libertad hasta que resuelva el máximo tribunal. El ex funcionario nunca estuvo detenido por este caso en el que fue condenado porque no controló que los fondos públicos que recibía la empresa Trenes de Buenos Aires no eran destinados al servicio cuya deficiencia contribuyó para la muerte de las 51 víctimas fatales.
Antes de resolver, el tribunal le pidió opinión al resto de las partes sobre el planteo de De Vido. Loss familiares de las víctimas de la tragedia pidieron que sea detenido. “No hay resolución pendiente sobre el fondo de la cuestión, y en ese sentido el fallo tiene la firmeza que impone la ejecutoriedad de la condena, en forma inmediata, esto es la detención del condenado para el inicio del cumplimiento de la condena”, pidió el abogado Leonardo Meghini.
Por su parte, el fiscal Juan García Elorrio postuló la vigencia del nuevo artículo y planteó que si De Vido seguía en libertad había una serie de circunstancias que ameritaban que tenga un control que puede ser mediante una tobillera electrónica hasta la prohibición de salir de un determinado ámbito de territorio.
Ahora deben resolver los jueces. Si consideran que De Vido debe ser detenido se planteará el lugar. Es porque el ex funcionario tiene 71 años y problemas de salud, dos circunstancias que la ley establece para acceder a la prisión domiciliaria.
Por su parte, Boudou fue citado a una audiencia para el miércoles a las 9.30 junto al resto de las partes del caso Ciccone. Lo decidió Ricardo Basílico, su nuevo juez de ejecución de su condena a cinco años y 10 meses, luego del fallo de Casación que anuló y ordenó revisar la decisión que había dispuesto que el ex vicepresidente vuelva a la cárcel.
Boudou está en prisión domiciliaria desde abril del año pasado cuando se la otorgó el juez Daniel Obligado porque en la situación de pandemia por el coronavirus lo mejor para los dos hijos menores era contar con la presencia del padre ya que solo tenían a su madre por las restricciones para que viajen otros integrantes de la familia de la mujer que viven en México. También explicó que la condena no estaba firme porque todavía quedaba la instancia de la Corte. Cuando eso ocurrió no regía el artículo que se analiza para el caso de De Vido.
En diciembre del año pasado la Corte dejó firme la condena a Boudou. Con eso, y con el levantamiento de las restricciones sanitarias, Obligado revocó la domiciliaria y ordenó la detención en una prisión, a pedido de los fiscales Guillermina García Padin y Marcelo Colombo, una vez que su decisión quedó firme.
La defensa de Boudou, a cargo de Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, apeló a la Cámara de Casación para que el ex funcionario siga bajo prisión domiciliaria porque entienden que las circunstancias no cambiaron para que regrese a la cárcel. Los jueces de Casación Borinsky, Javier Carbajo y Ángel Ledesma entendieron que la decisión de Obligado de que Boudou vuelva a la cárcel no estaba bien fundada y que se debía dictar una nueva resolución.
Antes de dictarla, el juez Basílico, que reemplazó a Obligado, citó a una audiencia para escuchar a todas las partes: a Boudou, a sus abogados, a la fiscal García Padin, a la Asesoría Tutelar de menores, que en el caso representa a los dos hijos del ex vicepresidente, y a los abogados de la Unidad de Información Financiera (UIF), que es querellante. Será el miércoles a las 9.30 de manera virtual.
Las partes expondrán sus argumentos y luego el juez tendrá cinco días hábiles para resolver si Boudou vuelve a la cárcel o sigue en prisión domiciliaria.
El ex vicepresidente recibió en febrero la noticia de que le descontaron 10 meses de su condena por los cursos y los estudios que realizó en la cárcel. “De ello se desprende que Amado Boudou se encontraría próximo a alcanzar el requisito temporal de la libertad anticipada exigido por el instituto contemplado en el art. 13 del Código Penal. Asimismo, ya habría cumplido con el requisito temporal exigido por el art. 17 de la ley 24.660”, dijo el juez Borinsky en el fallo de Casación. Se trata de las salidas transitorias durante la condena. Será un punto en discusión en la audiencia del miércoles.
SEGUIR LEYENDO: