El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti disertó en la conferencia “Grandes Juristas del Mundo”, en el marco del ‘Programa de Aulas Magnas’, organizado por Enfam, el organismo de formación de jueces y juezas brasileños. Luego de un debate en el que participaron varios juristas brasileños, el magistrado habló sobre soluciones judiciales complejas en el derecho actual y el desafío que representan.
En su disertación, titulada “Teoría de la decisión judicial: el difícil arte de hacer justicia”, el magistrado argentino comenzó hablando de soluciones judiciales complejas según las distintas ramas del derecho y fue mencionando ejemplos de este tipo de decisiones difíciles que deben adoptar los miembros del Poder Judicial. Entre otros ejemplos, se refirió al Derecho Ambiental, casos de Seguridad Social o casos de Derecho a la Vivienda.
Sobre esto, Lorenzetti aseguró que “una solución individual, cuando se aplica a un gran número de casos, presenta complejos problemas de equilibrio y puede provocar una crisis. La lógica es clara: los poderes Ejecutivo y Legislativo tienen el poder de tomar las decisiones que consideren adecuadas”.
La cuestión de las soluciones judiciales complejas, según Lorenzetti, plantea una serie de interrogantes sobre los límites del Poder Judicial. “Este tipo de orden tiene implicancias económicas y administrativas y plantea interrogantes sobre cómo se interrelaciona el ejercicio del poder judicial con la separación de poderes”, mencionó. También dijo que lo que puede suceder es que con el tiempo esas decisiones judiciales se conviertan en gestión administrativa, y la frontera entre ambas se difumina, socavando la separación de poderes y el concepto de justicia basado únicamente en los tribunales. Por eso, dice Lorenzetti, “es aconsejable que los tribunales tengan la sabiduría de limitar los procedimientos y dejar que los demás poderes del Estado cumplan su función”.
En el caso de los mandatos dirigidos a la administración, pueden pasar dos cosas: en el primer caso, se respeta la discreción de la administración para definir los medios más adecuados a aplicar en el caso. El tribunal reconoce la discrecionalidad de la administración y le ordena cumplir un objetivo, sin decirle cómo, ya que los medios están fuera de la decisión judicial. El tribunal puede asumir el papel de control de cumplimiento, ya sea por sí solo o delegándolo en otro tribunal. En el segundo caso, el Poder Judicial avanza y los define por sí mismo. En este caso, el tribunal avanza mucho más que en el anterior, ya que define no solo el objetivo, sino también los medios, reduciendo la discrecionalidad del Estado a algunos aspectos técnicos menores.
Seguidamente Lorenzetti habló de las sentencias atípicas y los problemas prácticos que se encuentran en su implementación. Por ejemplo el tiempo, ya que “las decisiones judiciales se basan en datos que existían en el momento de su adopción, pero las condiciones pueden cambiar en el futuro”. Para evitar esto es necesaria una flexibilidad para que las decisiones puedan adaptarse a nuevas circunstancias.
El paso del tiempo específicamente también puede representar un problema. Según Lorenzetti, “puede haber una situación en la que un tribunal dicte una sentencia y, después de unos años, su implementación se detenga o deje de ejecutarse. Por eso es tan importante que la sentencia declaratoria tenga el carácter de cosa juzgada en los aspectos sustantivos”.
Además, lo que sucede muchas veces es que los jueces no están en condiciones de administrar porque no tienen el tiempo ni la información, los recursos o los medios. Para resolver esos problemas se pueden diseñar “estructuras microinstitucionales”. Para explicar esto Lorenzetti se sirvió del caso Riachuelo, donde luego de la sentencia de la Corte Suprema se creó una institución dedicada al cumplimiento del objetivo, que actúa de manera autónoma, aunque bajo la supervisión distante del tribunal. “Este mecanismo permite que los diferentes centros de interés interactúen de forma rápida, flexible y dinámica”, aseguró el magistrado.
“Un aspecto muy importante es la organización de la ejecución de una sentencia referida a un bien colectivo. Es necesario que el juez tenga presente este aspecto, aunque no siempre se hace de forma explícita. Si se decide hacerlo, es importante utilizar las facultades de supervisión disponibles y otras medidas, como la delegación de la ejecución, la división de la ejecución por etapas, y la aplicación de sanciones al funcionario público”, resaltó Lorenzetti.
Sobre el tema de las funciones de los poderes del Estado, Lorenzetti dijo que en Occidente existe una tradición, consolidada a lo largo de muchos años, en el sentido de que la división de funciones de los poderes hace que cada uno tenga su ámbito de actuación, pero aseguró que “en los últimos tiempos se ha producido un cambio importante en este sentido y casi todos los Tribunales han ido ampliando la noción de justiciabilidad de las decisiones del Poder Ejecutivo, aunque en muy diferentes grados”.
Hacia el final, Lorenzetti dejó un mensaje esperanzador al asegurar que “mientras se percibe esta apatía institucional que describimos, hay un perfume de epopeya que se respira en diferentes partes del mundo. Cambiar el paradigma para dar cabida a todo este potencial es el desafío de nuestro tiempo, y eso significa iniciar un nuevo ciclo, con perfiles que se van definiendo”.
La disertación de Lorenzetti:
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