La defensa de Alejandra Gils Carbó recusó al juez federal Julián Ercolini quien en 2017 había procesado a la ex procuradora general de la Nación por la compra del edificio de la calle Perón al 600 donde se encuentran las principales oficinas del Ministerio Público Fiscal.
Gils Carbó fue procesada por el delito de administración fraudulenta luego de una investigación del fiscal Eduardo Taiano. La Cámara Federal revisó ese procesamiento y modificó la calificación. Gils Carbó se encamina a un juicio oral y público por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
Se comprobó en el expediente que el medio hermano del funcionario de la Procuración que manejó la licitación para comprar el edificio cobró una comisión que le pagó la inmobiliaria que asesoró en la venta a la empresa que se desprendió del inmueble. En resumen: la empresa Arfinsa que vendió el edificio le pagó una comisión a una inmobiliaria que a su vez le pagó una comisión a un productor de seguros.
Ese productor de seguros es hermano de Guillermo Bellingi quien en su carácter de subdirector de Administración de la Procuración, y por orden de Gils Carbó, estuvo al frente del proceso licitatorio. Es decir que el dinero de la firma vendedora llegó a manos de un familiar de quien organizó la compra, que se concretó por 43.850.000 pesos. El expediente está en proceso de ir hacia un tribunal oral federal porque la instrucción ha finalizado.
En los últimos días se conoció la declaración del fiscal de la Seguridad Social Gabriel de Vedia, quien aseguró que el operador judicial del macrismo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón le dijo que si Gils Carbó no renunciaba “iban a ir presas sus hija y ella”. La declaración de De Vedia se dio en el contexto de las acusaciones del kirchnerismo contra Rodríguez Simón por formar parte de la llamada “Mesa Judicial” del gobierno de Mauricio Macri. Esa afirmación fue publicada en una nota del sitio El Cohete a la Luna. Gils Carbó renunció a su cargo luego del procesamiento.
También el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, que hasta hace unos años tenía una excelente relación con Ercolini, se refirió al caso de Gils Carbó. “Lo fui a ver a Ercolini, que había sido mi alumno, y le dije lo que me parecía. Que no había delito. Y Ercolini se agarró la cabeza y me dijo: ‘Sí, pero es lo que debo hacer, tengo que procesarla”. Esa entrevista apareció glosada en el sitio del semanario Perfil. Esos dos artículos periodísticos y la entrevista radiofónica en la que el Presidente se refirió al caso Gils Carbó fueron adjuntados al escrito que para recusar a Ercolini presentó el abogado Martín Arias Duval, integrante del estudio de León Arslanian.
El motivo de la recusación es por “temor de parcialidad” y por la posibilidad de que Ercolini haya sido “presionado” cuando procesó a Gils Carbó. La defensa explicó: “Lo determinante es que lo aquí expuesto explica y da fundamento a las referencias brindadas por el señor Presidente de la Nación a raíz de la visita que le hiciera a V.S. como letrado de la matrícula y compañero de cátedra para pedirle que actuase con imparcialidad, y al comentario de V.S. ‘agarrándose la cabeza’ diciendo que debía procesar a Gils Carbó, ahora sabemos que por la presión política que recibió de la autoridad gubernamental de entonces”.
Arias Duval pidió que se anule el procesamiento dictado por Ercolini en 2017 y que el juez no termine el trámite de elevación a juicio que estaba a punto de concluirse luego de una larga demora debido a la pandemia de coronavirus. Solicitó -entre otras cosas- que se certifiquen causas en el fuero federal en las que se investigue la existencia de la “mesa judicial” del macrismo. Y también que De Vedia y el Presidente de la Nación declaren como testigos en el incidente de recusación del juez Ercolini.
SEGUIR LEYENDO