La Procuración del Tesoro será querellante en la causa contra Mauricio Macri por el acuerdo con el FMI

En la causa judicial que encabezó la Oficina Anticorrupción (OA) contra la gestión de Mauricio Macri por el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno instruyó a la Procuración del Tesoro de la Nación -a cargo de Carlos Zannini- para que se presente como querellante.

La decisión del Poder Ejecutivo fue comunicada a través del Decreto 239/2021 este viernes en el Boletín Oficial. La denuncia, que el presidente Alberto Fernández había adelantado en su discurso del 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa, se sumó a una ya existente, iniciada en 2019 por el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

Hoy se instruyó a la Procuración del Tesoro “para que se constituya en parte querellante, en representación del Estado Nacional, en la causa ‘Macri Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública’, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de esta Capital Federal, y coadyuve en la promoción de la acción penal con el fin de determinar a las presuntas y los presuntos responsables de los delitos de acción pública que en ese proceso se investigan y que podrían haber damnificado al Estado Nacional”.

La Procuración del Tesoro también fue instruida para iniciar acciones conducentes al “recupero de los eventuales dañes y perjuicios emergentes de los hechos denunciados, facultándola a tal efecto a promover, en su caso, la respectiva acción civil en el proceso penal”.

Se instruyó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para que “determine la existencia y, en su caso, la cuantía del perjuicio económico que pudo haber generado el uso de los fondos obtenidos y los plazos comprometidos para el reembolso de la asistencia prestada, en el marco del Acuerdo Stand-By iniciado a través de la Carta de Intención del 12 de junio de 2018 y sus documentos modificatorios, ampliatorios y complementarios”.

En este marco se solicitó la colaboración del Banco Central. El decreto fue firmado por Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y los ministros, de Justicia, Martín Soria, y de Economía, Martín Guzmán.

La denuncia penal fue elaborada por el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, e incluye a funcionarios del macrismo: el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, y los presidentes del Banco Central, Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Guido Sandleris. Todos ellos -incluido Macri-, dice la denuncia “tenían a su cargo la administración de bienes e intereses pecuniarios ajenos”.

Los cargos son por incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y defraudación en la administración. La OA sustenta la causa con un informe de la Sigen en el que se detalla que en el acuerdo con el FMI “no se cumplieron los procedimientos esenciales establecidos por la normativa vigente en ese momento para la formalización de un Acuerdo Stand-By; los funcionarios actuantes suscribieron la Carta de Intención y los memorándums de fecha 12 de junio de 2018 sin contar con los dictámenes técnicos y jurídicos previos exigidos por la normativa vigente; la firma de los acuerdos no contó con las autorizaciones e informes exigidos por la normativa vigente para este tipo de operaciones de crédito público, ni con la autorización suficiente del Poder Ejecutivo; se asumieron compromisos con el organismo internacional sin solicitarse previamente la emisión del informe obligatorio establecido en el artículo 61 de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias para determinar el impacto de la operación en la balanza de pagos y la sustentabilidad del endeudamiento y se detectaron posibles incumplimientos de los objetivos fijados en la Carta de Intención de fecha 12 de junio de 2018 en forma concomitante con su celebración, en lo referido al destino de los fondos desembolsados por el FMI”.

Las consecuencias perjudiciales de dicho acuerdo fueron detalladas en un informe del Banco Central “Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos 2015-2019”, en el que se refiere a la salida de capitales del sector privado y a los deficientes controles cambiarios aplicados. En este sentido, “se debe destacar que, según se desprende de dicho informe, un monto similar a la totalidad de los desembolsos efectuados por el FMI fue adquirido en el mismo período para la formación de activos externos de libre disponibilidad (FAE), sin que se hubieran tomado medidas tendientes a limitar o impedir esta situación hasta septiembre de 2019″.

Según este informe, se desprende que los funcionarios y las funcionarias responsables de la conducción administrativa, política y económica del país, “habrían desplegado una conducta que facilitó el aumento exponencial en la formación de activos externos de libre disponibilidad”. ”La salida de dichos capitales fue posible como consecuencia del proceso de desregulación de los controles y requisitos exigidos para el acceso al mercado de cambios, tornándolos casi inexistentes”, se remarcó en los considerandos.

“Ese contexto económico, monetario y financiero incentivó y aceleró la formación de activos externos de libre disponibilidad, resultando que una porción importante de la salida de capitales se habría concentrado en un grupo relativamente reducido de personas humanas y jurídicas. Que la magnitud y velocidad de esta situación quedó en evidencia con el cierre parcial de los mercados internacionales para la República Argentina, apenas dos años después del inicio de la gestión del anterior gobierno, momento en el cual las autoridades de entonces optaron por recurrir al FMI, requiriendo el crédito más grande en la historia del organismo”, analizó el Poder Ejecutivo.

Con respecto a los funcionarios del Fondo, la OA expresó que “no corresponde ni es factible juzgar aquí” la conducta de estos, ya que “gozan de inmunidad en cuanto a procedimientos judiciales en relación con los actos realizados por ellos en el desempeño de sus funciones oficiales”.

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