“Disuasión”. Ese es el concepto que rige el plan del Gobierno para hacer efectivas las nuevas medidas restrictivas contra el avance del coronavirus que decretó el presidente Alberto Fernández con el fin de disminuir el impacto de la segunda ola en la Argentina. El Ministerio de Seguridad que conduce Sabina Frederic instruyó a las fuerzas de seguridad federales para que ejerzan los controles con especial “paciencia” frente a una población que perciben “irritable” después de más de un año de pandemia.
El estado anímico general, diagnostican en la Nación, es distinto en relación a marzo del 2020, cuando la llegada del COVID-19 era un hecho reciente, novedoso e incierto, y había mayor predisposición al acatamiento a las normas que evitaban la circulación. Hoy, en la Casa Rosada consideran que gran parte de la ciudadanía está “cansada” después de la cuarentena del año pasado y se muestra menos inclinada a acatar las normas sanitarias. Sin embargo, por el incremento de la curva de contagios, que supera hace días los 20 mil casos diarios, consideran inevitable la imposición de nuevas restricciones, y harán lo posible para hacerlas cumplir, aunque con recaudos para evitar situaciones de resistencia a la autoridad y de violencia institucional.
Además, se establecerán controles de circulación en los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las principales ciudades del país. Puentes, peajes y rutas nacionales también serán objetivos de monitoreo estratégico durante los horarios de restricción establecidos entre las 0:00 y las 6:00 de la mañana.
Las fuerzas federales estarán abocadas a hacer efectivo el decreto presidencial en todo el país, excepto en la Ciudad de Buenos Aires. Allí solo se aportarán refuerzos de efectivos en los principales accesos, especialmente para evitar el ingreso y egreso después de la medianoche, hasta las 6; y se controlarán las estaciones de trenes ubicadas en territorio porteño. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no pidió complementos para la policía local. En tanto, se hará énfasis en la provincia de Buenos Aires.
El foco estará puesto en el densamente poblado conurbano bonaerense. El jueves, Frederic se reunió con los jefes de las cuatro Fuerzas Federales de Seguridad y acordaron intensificar los dispositivos de las fuerzas federales en los 31 municipios de la zona, donde los agentes brindan tareas de seguridad ciudadana, como en aquellos lugares donde haya delegaciones, bases y escuadrones operativos. Mientras tanto, las autoridades participarán de los comités de crisis locales y buscarán un mayor control en las zonas de mayor tránsito.
El Ministerio de Seguridad instruye por estos días a los 4000 efectivos de las fuerzas federales que se habían desplegado en agosto del año pasado contra el delito, para que trabajen en forma paralela en el cumplimiento de las nuevas medidas. Estarán abocados a hacer efectivas las normas de distanciamiento y evitar las aglomeraciones en espacios públicos y medios de transporte durante el día, y evitarán la circulación en las zonas de mayor riesgo sanitario entre las 00 y las 6 de la mañana, como dicta el nuevo decreto que rige hasta el 30 de abril.
Los principales mecanismos serán disuasorios, a través del uso de megáfonos para emitir mensajes de concientización en lugares públicos y de comunicaciones puntuales con ciudadanos que se opongan a las reglas sanitarias. Los controles estarán orientados a desalentar comportamientos ilegales. En trenes y colectivos, los agentes contribuirán a las inspecciones de los certificados de circulación para reducir lo más posible los viajes de personal no esencial. Y se dedicarán a evitar los amontonamientos en las estaciones, en especial en los momentos de ascenso y descenso de pasajeros de los vagones.
Los controles se realizarán bajo la orden de respetar un espíritu de suma “tolerancia”. “Se transmitió la necesidad de tener toda la paciencia del mundo. La gente está cansada, irritable por la cuarentena del año pasado y vamos a manejarnos con cuidado dentro de los márgenes posibles”, dijeron fuentes de la cartera de Seguridad a Infobae. En el Gobierno hay preocupación por la resistencia a la autoridad y el posible estallido de casos de violencia institucional como ocurrió en distintas ocasiones durante el aislamiento, el año pasado, tanto en el AMBA como en el interior. Con el agravante de que el presente es un año electoral y la oposición basa buena parte de sus críticas al oficialismo en las denuncias de situaciones de este tipo, especialmente en las provincias.
En la cartera de Seguridad creen que la responsabilidad por este tipo de eventualidades, más allá de los agentes que trabajan en el territorio, corresponde a las cúpulas de las fuerzas federales y locales, así como a los gobiernos distritales. En este marco, el lunes Frederic encabezará una nueva reunión del Consejo de Seguridad Interior, donde estarán presentes sus pares provinciales. Allí expondrá una serie de “recomendaciones” que elaboró en los últimos días junto al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, para orientar a los agentes en el trato con los ciudadanos en el delicado contexto de nuevas medidas sanitarias.
En la Ciudad, el aporte de las fuerzas de seguridad nacionales estará destinado a los principales accesos, pero no habrá un refuerzo de efectivos ni patrulleros. “La Metropolitana tiene recursos suficientes, y por eso no se pidieron agentes extra”, aseguraron desde la cartera nacional.
Una de las medidas centrales del decreto presidencial contra la suba de casos -que superó el jueves los 23 mil contagios- es la suspensión de reuniones en domicilios particulares. Es también la política de mayor dificultad y en el Gobierno son conscientes de la complicación que representa. “No podemos meternos en las casas”, admitieron. En este punto del decreto, dijeron fuentes de la Casa Rosada, apelarán a la “sensatez” ciudadana, pero también a las delaciones de vecinos. En este sentido, el Ministerio de Seguridad no descarta volver a habilitar la línea 134 para recibir denuncias por incumplimiento de las medidas.
En ese sentido, desde la cartera de Seguridad apelan al Poder Judicial. Según informaron, mantendrán la línea de la etapa anterior de restricciones, durante la cual, ante los incumplimientos de los ciudadanos, las fuerzas de seguridad, tanto federales como provinciales, “deberán comunicarse de forma inmediata con las autoridades judiciales de turno, quienes serán las encargadas de definir las correspondientes acciones legales establecidas por la ley”.
En paralelo, el Ministerio de Seguridad estará particularmente atento al desaliento y la desactivación de protestas callejeras. En los últimos días se registraron grandes aglomeraciones de personas desde ambos extremos del espectro ideológico. Unos grupos exigen más planes sociales para paliar la situación de pobreza y desempleo en la que está sumida casi la mitad de la población. Otros se manifiestan en contra de la cuarentena, por motivos económicos y sociales. Las manifestaciones se producen tanto en el centro porteño como las localidades del conurbano y en los accesos a la Ciudad. La estrategia de la Nación en este sentido será coordinar los esfuerzos de los ministerios de Desarrollo Social, que conduce Daniel Arroyo, Seguridad, y Trabajo, a cargo de Claudio Moroni, para negociar con los dirigentes sociales. Buscarán que no se hagan protestas durante las próximas tres semanas, o bien que se realicen con distanciamiento social y durante la menor cantidad de tiempo.
El principal problema que avizora el Gobierno para las próximas semanas está relacionado con aquellas marchas espontáneas, sin experiencia u organización previa y con cuyos dirigentes los funcionarios de las principales carteras que se ocupan desactivar los reclamos no tienen una relación fluida. “Queremos garantizar el derecho a protestar, pero también evitar contagios”, dijeron sobre una ecuación históricamente imposible de resolver. Por ahora, apelarán a los diálogos y a las acciones de inteligencia previas.
En tanto, la Gendarmería aumentará su monitoreo en la zona de frontera y, de forma coordinada, la Policía de Seguridad Aeroportuaria intensificará sus acciones de control tanto en los aeropuertos de todo el país.
La nueva etapa de restricciones recién comienza y el cumplimiento efectivo de las medidas que elaboró el Gobierno para paliar la masiva suba de casos se presenta como un desafío en un contexto de hartazgo social afectado en gran parte por la crisis económica. Todo esto, en el año electoral, durante el cual las autoridades nacionales sopesan cada medida con un ojo puesto en la prueba a la que deberán someterse en las PASO de agosto.
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