Mauricio Macri busca que la Corte Suprema revierta la decisión sobre el análisis de sus llamadas telefónicas

Mauricio Macri está dispuesto a dar la pelea judicial para evitar el análisis de sus comunicaciones. Por eso, tras la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de avalar la disposición para investigar sus llamados, la defensa del ex presidente anunció al tribunal de alzada que apelará la resolución ante la Corte Suprema de Justicia. Se trata de la causa en donde Macri fue acusado por asociación ilícita por el empresario Fabián De Sousa, al sostener que desde el Gobierno de Cambiemos se buscó al grupo Indalo desapoderarlo de sus bienes y detener a sus dueños.

La acción procesal de Macri fue acompañada por la representación legal del abogado Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, también imputado en la causa y llamado a indagatoria para el próximo 26 de mayo. El ex funcionario macrista también apeló la resolución dictada el miércoles por Casación.

Con eso, las defensas consiguieron que por ahora la causa quede en “stand by” hasta que la Corte Suprema dicte un pronunciamiento. Así lo dejó establecido la jueza Liliana Catucchi, titular de la Sala III de Casación. “Atento al anuncio de los señores defensores de la interposición de recurso extraordinario federal, suspéndase la devolución del expediente y hágase saber a la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 1 de esta ciudad, que la resolución (...) no se encuentra firme”, señaló el escrito al que accedió Infobae.

Ahora habrá que esperar a que la Casación decida si se acepta o rechaza el recurso extraordinario. Y, en caso de rechazarse, si el caso quedará liberado a partir de ahí para poder moverse o habrá que esperar a que, efectivamente, la Corte Suprema ponga en vista el tema.

La resolución de Casación va en línea con esperar a que sea la Corte Suprema decida para seguir actuando, indicaron fuentes judiciales a Infobae. Sin embargo, eso promete generar nuevos planteos parte de los acusadores, entre los que está la querella de De Sousa, a cargo del abogado Carlos Beraldi. Es que lo que se está en discusión es una medida de prueba cuando tanto la Cámara Federal como la propia Casación ya dijeron que el asunto no era revisable.

Un escenario similar se abrió en la causa del espionaje ilegal de Lomas de Zamora, en donde se investiga a las autoridades de la AFI macrista. En este caso fue la Sala IV de Casación la que resolvió que ese expediente, en donde Cristina Kirchner es víctima, pasara a Comodoro Py. Sin embargo, los jueces escribieron en el fallo la frase “firme que sea”, es decir, que esa decisión recién se concretará cuando se pronuncie la Corte Suprema -última instancia de apelación-. Hasta allí llegó la vicepresidenta, mientras la causa sigue bajo la órbita del juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé.

En este caso, Macri es investigado junto a un grupo de funcionarios por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional, violación de sus deberes funcionales, abuso de autoridad y peculado. De Sousa fue el encargado de denunciarlo cuando todavía estaba detenido por una derivación de la causa Oil Combustibles. Al impulsar la investigación, el fiscal Guillermo Marijuan describió que se investigan “diferentes sucesos que habrían tenido lugar a partir del año 2015 y que habrían implicado el ejercicio de presiones a través de reuniones en las que habrían participado quienes entonces eran funcionarios del Poder Ejecutivo (incluso el ex Presidente de la Nación)”.

Entre las primeras medidas, Servini ordenó investigar las comunicaciones de Fabián Rodríguez Simón, diputado del Parlasur y asesor de Macri en la llamada mesa judicial. Y en una ampliación de la medida, dispuso revisar los teléfonos de Macri, José María Torello, Mario Quintana, Javier Iguacel Leandro Cuccioli y Alberto Abad, entre otros, entre el período que iba desde el 1° de enero de 2016 al el 31 de agosto de 2019. Ante la protesta de las defensas, los jueces de la Cámara Federal Martín Irurzun y Lepoldo Bruglia limitaron ese plazo a “los momentos que resulten relevantes” para la investigación.

Pero la defensa de Macri, a cargo de Pablo Lanusse, acompañado por otras defensas, llevaron su apelación ante la Casación. Hablaron de falta de fundamentación, arbitrariedad y el quebrantamiento a “la garantía de defensa en juicio, el derecho al debido proceso legal y los principios de recta administración de justicia, tutela judicial efectiva y privacidad de las comunicaciones”. E insistieron en que no había elementos que justificaran “la afectación de los derechos políticos” del ex presidente “como máximo exponente del Gobierno Nacional, cristalizada a partir de la tamaña injerencia sobre la privacidad de las comunicaciones del ingeniero Mauricio Macri”.

En ese contexto, la Sala III de Casación pidió la totalidad de la causa para su análisis y eso le valió al juez Eduardo Riggi una denuncia de Beraldi en el Consejo de la Magistratura. Este miércoles, Riggi, Liliana Catucchi y Juan Carlos Gemignani resolvieran declarar inadmisible el pedido. “Si bien es cierto que, en virtud de la complejidad del asunto y la naturaleza de las cuestiones planteadas por la defensa –puntualmente las alegadas violaciones al derecho a la intimidad, como asimismo cuestiones de Estado y de seguridad nacional-, se requirieron la totalidad de las actuaciones para un estudio completo de los planteos, no lo es menos que, efectuado dicho control, conceptuamos que corresponde declarar inadmisibles los remedios recursivos interpuestos”.

“Ciertamente las decisiones impugnadas –relacionadas con la nulidad y alcance de una medida probatoria- no revisten la calidad de sentencia definitiva ni se equiparan a ella”, sostuvo el fallo de Casación. Y resaltó que las medidas de prueba no son susceptibles a ser analizadas, “salvo excepciones entre las que no se incluye la presente”.

La cuestión parecía haber zanjado la discusión para avanzar en el análisis de las comunicaciones. Pero la apelación de las defensas de Macri y “Pepin” promete demorar la causa hasta la revisión de la Corte. Se descuenta que allí tendrán que apartarse los jueces Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.

Los dos ministros de la Corte Suprema llegados al Palacio de Talcahuano durante el gobierno de Mauricio Macri aparecen en el estudio que se hizo sobre el teléfono de Rodríguez Simón y que ya fue incorporado al expediente. Allí el trabajo de Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado Poder Judicial (DAJUDECO) buscó los números con los que Rodríguez Simón había tenido al menos 15 llamados en tres años y medio por considerarlos habituales. Entre llamados a funcionarios y allegados, se encontraron más de 50 llamadas con el número de Rosenkratz, viejo amigo de “Pepín” desde antes de ser propuesto por Macri para llegar al máximo tribunal.

También se detectaron 17 comunicaciones con el juez Rosatti antes de que el santafesino llegara la Corte Suprema, aunque el propio Pepín subrayó en una presentación en el juzgado de Servini que varias de esas comunicaciones con el ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner estaban duplicadas (tenían la misma hora y el mismo día), al igual que lo que sucedía con otros interlocutores. Por eso impugnó la pericia, su llamado a indagatoria -fijado para el 26 de mayo- y la orden de prohibirle la salida del país que dictó la jueza.

La Cámara Federal tendrá que analizar las apelaciones de Rodríguez Simón. Hoy, el juez Eduardo Farah -que regresó a Comodoro Py tras el fallo de la Corte Suprema por los traslados- decidió excusarse de intervenir en este expediente. Es que el juez ya se excusó de intervenir en la causa por la llamada “mesa judicial” que sigue la jueza María Capuchetti, en donde se investiga si jueces fueron “presionados” en el Gobierno de Mauricio Macri. En ese expediente, Farah declaró como testigo antes de su regreso a Comodoro Py contando cómo lo trataron los medios y la política después de su fallo en donde entendió que De Sousa y su socio Cristóbal López debían ser investigados por una evasión impositiva y no por una defraudación al Estado y ordenó liberarlos, en un fallo que enojó al propio Macri.

“Siendo ésta la primera vez que me toca intervenir en el marco de la causa, advierto la concurrencia de motivos que imponen mi excusación. Me explico: La instructora (Servini) ha identificado hechos que, a su modo de ver, conforman circunstancias relevantes a investigar de la hipótesis acusadora. Sus definiciones al respecto (que constan, entre otros actos, en la diligencia ordenada el 29 de octubre de 2020), revelan que, dentro de ese núcleo de situaciones, ha incluido extremos análogos a aquellos que motivaron que, en el marco de otro expediente (CFP 8991/2019, es decir, la mesa judicial), yo fuera convocado a declarar como testigo en los términos del art. 250 del Código Procesal Penal de la Nación”, escribió. En base a ello, dijo Farah, “por imperativo legal” entendió “inexorablemente” que debía excusarse.

Valga aclarar que el juez Farah también se excusó de intervenir en la causa por la llamada mesa judicial, al igual que lo hizo también hoy su colega y presidente de la Cámara Federal Martín Iruzun. Al recién llegado Roberto Boico -hasta hace unos días abogado defensor de Cristina Kirchner- también fue recusado por uno de los ex funcionarios de Macri denunciado en la causa. El juez Boico aún no se pronunció sobra ese pedido. No obstante ahora, habrá que sortear a un juez de la Sala I de la Cámara Federal para que analice si son válidos estos planteos de apartamiento.

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