Cristina Kirchner pedirá la nulidad de la causa por el Memorándum con Irán

La vicepresidenta Cristina Kirchner pedirá la nulidad de la causa judicial del Memorándum con Irán luego de que trascendieran las reuniones de jueces con el entonces presidente Mauricio Macri. Así lo confirmó a Infobae el abogado de la ex jefa de Estado, Carlos Beraldi.

La revelación de las visitas de los jueces de Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos y Mariano Borinsky a la Quinta de Olivos y la Casa Rosada activaron la presentación que realizará la defensa de Cristina Kirchner y de otros de los involucrados en el expediente.

Es que el rol de Hornos y Borinsky fue clave a la hora de reabrir la causa que nació con la denuncia del fiscal Alberto Nisman en enero de 2015. Esa denuncia, cuando Cristina Kirchner aún era presidenta, fue desestimada, pero a fines de 2016 fue reabierta en una causa paralela que recayó en manos del juez Claudio Bonadio y a pedido de la querella de la DAIA. El voto de Hornos y Borinsky en Casación fue clave.

Beraldi se presentará mañana ante el Tribunal Oral Federal 8, en donde tramita la causa del Memorándum, para asumir la defensa de Cristina Kirchner. Es que Beraldi es abogado de la vicepresidenta en todas sus causas, menos en esta. Hasta ahora, la ex jefa de Estado estaba asesorada legamente por Roberto Boico, quien juró la semana pasada como juez de la Cámara Federal porteña.

Beraldi confirmó a Infobae que, asumida la defensa, pedirá la nulidad de la causa. Además precisó que reclamará que la tramitación de ese incidente se lleve en una audiencia pública y televisada. Forma parte de la estrategia que viene sosteniendo la vicepresidenta: exhibir ante la sociedad cómo ha operado lo que, a su criterio, fue el “lawfare” que funcionó en su contra durante el macrismo.

A criterio de Beraldi, “la información sobre estas visitas pone al descubierto una serie de presunciones que fuimos teniendo durante el desarrollo de las causas contra Cristina Fernández, que nos llevaban a la conclusión de que estaban direccionadas por el poder político”.

“Nosotros hemos planteado desde el comienzo la nulidad de estos procesos, por las interferencias del poder político que nos privaban de una garantía básica en un proceso como es el juez imparcial”, dijo el abogado. Con esta información sobre las visitas a Macri, la defensa renovará esos pedidos. “Estas visitas frecuentes y casi en manada que hacían funcionarios judiciales que luego intervenían en instancias de los expedientes de Cristina y que de manera invariable resolvían en contra de la ex presidenta, nos muestran la situación en la que estuvo durante casi cinco años el Poder Judicial”. El defensor de Cristina Kirchner afirmó también en declaraciones radiales que “hay que avanzar en procesos de juicio político respecto de cada uno de estos magistrados”.

En el mismo sentido, el secretario de Justicia Martín Mena, también procesado en la causa del Memorándum, apuntó contra las decisiones de Hornos y Borinsky. “Estos jueces y fiscales no sólo intervinieron en causas para garantizar la impunidad de Mauricio Macri y funcionarios de su gobierno, sino que son los espadachines de la persecución política que hubo en los últimos años contra Cristina Kirchner y sus funcionarios”, afirmó.

Mena sostuvo que si tenían una relación social con el entonces presidente debieron haberse excusado en las causas en las que intervinieron y en las que el Poder Ejecutivo tenía un rol activo. “Pueden tener relaciones sociales desde hace años; pero lo que no se puede es tener las dos cosas al mismo tiempo”.

Todo ocurre en el marco de la causa que se abrió a raíz de la denuncia de Alberto Nisman, el fiscal de la causa AMIA que apareció muerto el 18 de enero de 2015 en el baño de su departamento, con un tiro en la cabeza. Cuatro días antes de su muerte, Nisman había radicado una denuncia contra la entonces presidenta Cristina Kirchner y varios de sus funcionarios. Aseguró que el Memorándum firmado en 2013 con Irán era en realidad un plan de impunidad para que los iraníes acusados de ser los ideólogos del atentado contra la mutual judía –que mató 85 personas– quedaran impunes.

La denuncia de Nisman fue desestimada por el juez Daniel Rafecas y por los jueces de la Cámara Federal porteña, por dos votos a uno. El entonces fiscal de la Cámara Federal Germán Moldes apeló, pero el fiscal de Casación Javier de Luca no sostuvo el recurso por entender que no existió delito. La Sala I de Casación, con los votos de Ana María Figueroa, Gustavo Hornos y Luis Cabral, confirmó en mayo de 2016 el cierre de la denuncia.

Pero en Comodoro Py apareció una denuncia por traición a la patria para la entonces ex presidenta, el ex canciller Héctor Timerman y los legisladores que habían votado el Memorándum con Irán. Cayó en el juzgado de Claudio Bonadio. Hasta allí llegó una prueba presentada nueva: la grabación de una llamada entre el entonces canciller Héctor Timerman y el ex titular de la AMIA, Guillermo Borger, en la que ambos se referían a la supuesta responsabilidad de Irán en el atentado y el hecho de que el famoso Memorándum de Entendimiento fuera declarado inconstitucional.

El hecho escaló hasta Casación. Los jueces Hornos y Borinsky, como jueces subrogantes de la Sala I, fueron recusados por la defensa de Timerman, diciendo que ambos jueces estaban excusados de intervenir en el expediente sobre el ataque terrorista, su encubrimiento y los temas asociados. El planteo fue rechazado por los magistrados. El 29 de diciembre de 2016, Casación –con los votos de Hornos, Borinsky y Figueroa– resolvió ordenar la reapertura de la causa y apartar del expediente al juez Daniel Rafecas, al considerar que su decisión de rechazar la reapertura de la denuncia fue “prematura, arbitraria y parcial”. Momentáneamente el expediente estuvo en el juzgado de Ariel Lijo hasta que finalmente el caso quedó anexado a la denuncia que tramitaba Bonadio.

El 7 de diciembre de 2017, el juez Bonadio procesaba y ordenaba la detención de Cristina Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman, el ex secretario legal y técnico Carlos Zannini, el piquetero Luis D’Elía, el ex jefe de Quebracho Fernando Esteche y el lobista iraní Jorge Khalil. Sin prisión preventiva, fueron procesados el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, hoy senador; la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona; el ex funcionario del Ministerio de Justicia Juan Mena, que hoy es viceministro de esa área; el diputado nacional Andrés Larroque, ahora a cargo de Desarrollo Social en la provincia de Buenos Aires; el ex vicecanciller Eduardo Zuain y el agente de inteligencia Alan Bogado.

A todos los acusaba de encubrimiento y traición a la Patria. Cristina Kirchner no fue presa porque en octubre de 2017 se había convertido en senadora y tenía fueros. Precisamente, sobre eso habló la ex presidenta en su indagatoria en el juicio oral en la causa de Vialidad. En tanto, a Timerman se le concedió la prisión domiciliaria por razones de salud.

La Cámara Federal confirmó los procesamientos (sin la figura de traición a la Patria) y las detenciones ese mismo diciembre de 2017. En enero, el entonces juez Sergio Torres le concedió la libertad a Timerman para que pudiera viajar al exterior a tratarse. El caso pasó rápidamente a un tribunal oral. El 24 de marzo de 2018, fueron liberados Zannini, D’Elía y Khalil por orden del TOF y con aval de la fiscalía porque no había riesgos de fuga ni entorpecimiento. El único que quedó preso fue Esteche, ex líder de Quebracho, por una condena previa. Sin embargo, salió en libertad después de las PASO cuando estaba por cumplir dos años de preventiva.

El 30 de diciembre de 2018 falleció Héctor Timerman. La Corte Suprema confirmó en marzo de 2019 la prisión preventiva de la ex presidenta, al rechazar un recurso extraordinario porque no se trataba de una sentencia definitiva. La defensa de Cristina Kirchner nunca solicitó la excarcelación, como otros acusados.

El caso está ahora ante el Tribunal Oral Federal 8, con la intervención de los jueces Gabriela López Iñíguez, José Michilini y Daniel Obligado. Las defensas vienen reclamando que se le tome declaración testimonial a Ronald Noble, el ex jefe de Interpol que siempre desmintió que estuvieran en riesgo las alertas rojas. Interpol hasta ahora no autorizó su testimonial. Para los acusados, esa prueba era clave para hacer caer la causa. Ahora, la aparición de estas visitas de jueces en Olivos plantean un nuevo escenario para renovar el pedido.

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