A cinco años de los Panama Papers, cuáles son las causas que siguen abiertas en la Justicia argentina por el uso de firmas offshore

Hace cinco años, el 3 de abril de 2016, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) y más de 100 socios de medios de todo el mundo comenzaron a publicar, en simultáneo en más de 80 países, una investigación que provocaría “un terremoto”, como anunció la columnista de CNN Frida Ghitisen en ese momento. “Las réplicas continuarán durante meses, incluso años por venir”, predijo la periodista norteamericana. No se equivocó.

Las revelaciones de los Panama Papers en múltiples notas e informes periodísticos alrededor del mundo expusieron, por primera vez a escala global, cómo políticos, empresarios, financistas, figuras del deporte y celebrities habían ocultado y movido dinero en jurisdicciones offshore, a través de empresas pantalla con nombres de fantasía, manejadas supuestamente por prestanombres panameños.

La investigación se basó en la filtración de 11,5 millones de documentos internos del estudio Mossack Fonseca, con casa matriz en Panamá y sucursales en otras 40 ciudades y paraísos fiscales del mundo, que cerró sus puertas definitivamente en 2018 por el escándalo.

Los Panama Papers echaron luz sobre un negocio que - si bien era legal en lo formal - venía siendo utilizado desde hacía décadas para evadir impuestos, esconder bienes en un divorcio, lavar o esconder dinero proveniente de negocios ilícitos y, en el peor de los casos, del crimen organizado.

Los documentos filtrados y analizados por más de 370 periodistas expusieron los negocios y manejos financieros opacos de líderes mundiales, y de más de un centenar de políticos y funcionarios públicos alrededor del planeta.

Media década después, las revelaciones de esta investigación que hizo crujir las entrañas del mundo offshore siguen teniendo impacto en el mundo político, empresarial y financiero internacional. Gobiernos de distintos países impulsaron reformas a su legislación, presionados, asimismo, por organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero (GAFI) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que vienen reclamando más transparencia financiera.

El dinero recuperado

A cinco años de que estallara el escándalo mundial, por las revelaciones de los Panama Papers se recuperaron más de USD 1.360 millones en multas y dinero que comenzó a tributar impuestos al fisco. En los últimos dos años, diez países - incluidos Australia, Bélgica, Dinamarca, Alemania e Italia- informaron haber recuperado más de USD 185 millones. Y Noruega, por primera vez, reveló que recuperó casi USD 34 millones.

La cifra total se estima que es superior, ya que las autoridades fiscales de muchos países –c omo el nuestro - no revelan información sobre los acuerdos alcanzados con particulares y empresas en materia tributaria.

En Argentina, según la investigación llevada adelante en 2019 por el equipo argentino de ICIJ - integrado por Infobae, La Nación y Perfil-, el dinero identificado alcanzaba, al menos, USD 104 millones, incluyendo bienes y accciones en el exterior. Ese monto fue blanqueado por argentinos ante la AFIP a partir de la amnistía fiscal lanzada por el Gobierno de Mauricio Macri a mediados de 2016.

A esta cifra se suman otros USD 73 millones de propiedades en el exterior pertenecientes al ex secretario privado ya fallecido de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, que fueron identificados por la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Justicia argentina, pero que aún no fueron recuperados para el Estado.

Decenas de investigaciones fiscales contra personas y empresas permanecen abiertas en todo el mundo.

La causa contra la familia Macri

En Argentina aún hay varias causas que tramitan en la Justicia local como consecuencia de los Panama Papers.

Una de ellas es por presunta evasión fiscal contra los hermanos del ex presidente Macri, Gianfranco y Mariano. Se trata de un desprendimiento del expediente principal en el que el ex mandatario, junto con sus hermanos, ya fue sobreseído en la investigación por posible lavado de dinero y evasión impositiva vinculados a las sociedades offshore Fleg Trading, radicada en Bahamas, y la panameña Kagemusha.

El tramo que continúa abierto contra los hermanos de Macri se abrió a partir de que, en una segunda filtración de documentos de los Panama Papers en 2018, surgiera que no declararon USD 4 millones en una cuenta en Suiza a nombre de la sociedad offshore BF Corporation SA.

En marzo hubo dos novedades en el expediente. A mediados de mes, la AFIP pidió ser querellante, solicitud que fue aceptada por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante. La causa está abierta desde hace casi tres años, por lo que el interés de la AFIP - a cargo de Mercedes Marcó del Pont - generó algunas suspicacias en los Tribunales de Retiro, ya que el organismo no había sido denunciante en su origen. Otros, sin embargo, mencionan una resolución del organismo dictada en 2019, durante el Gobierno de Cambiemos, que establece en qué casos puede solicitar constituirse como querellante, y la evasión agravada es uno de ellos.

Como publicó Infobae en diciembre de 2019, Amarante había resuelto rechazar el pedido de sobreseimiento realizado por la defensa de Gianfranco Macri por “falta de acción” en base a que la Fiscalía -que debía promover la investigación- había dictaminado en favor de no impulsar la acusación. La entonces fiscal subrogante Gabriela Ruiz Morales había argumentado que los hermanos de Macri se habían acogido a la última amnistía fiscal dictada en 2016 cuando el fundador del PRO era presidente, y ya habían exteriorizado ese dinero no declarado ante el fisco.

Gianfranco Macri ingresó al blanqueo en diciembre de 2016 reconociendo ser el dueño de BF Corporation SA, una firma registrada en Panamá en septiembre de 2009, a través de la cual regularizó ante la AFIP una cuenta en el Banco Safra de Suiza.

El magistrado consideró en 2019, al rechazar el sobreseimiento, que era “prematuro” el pedido y consideró necesario profundizar la investigación.

La decisión fue apelada por la abogada de Gianfranco Macri, Andrea Casaux, pero la Cámara en lo Penal Económico le dio la razón al juez. El tribunal de alzada también rechazó el pedido de recusación del magistrado.

La Justicia está ahora tratando de determinar el origen de los fondos exteriorizados en el blanqueo, y para eso desde la Fiscalía Nro. 6, subrogada ahora de Germán Bincaz, le pidió una serie de informes adicionales a la AFIP. “Se solicitaron todas las presentaciones realizadas por los hermanos Macri para tener un panorama más acabado”, señaló una fuente con acceso al expediente.

Los investigadores buscan precisar si el dinero podría haber sido de Franco Macri, el fundador del holding familiar ya fallecido, o de Gianfranco, y si hubo una maniobra defraudatoria previa, o cuál fue su origen. También, si el dinero evadido fue superior al declarado ante el fisco al momento de regularizar los fondos.

Según fuentes judiciales, Amarante quiere determinar, además, si Gianfranco Macri, como hermano del entonces presidente, estaba habilitado a acogerse a la amnistía fiscal. En ese sentido, hay quienes sostienen que el blanqueo, al contemplar el perdón de un delito previsto en el código penal como la evasión, solo puede ser dispuesto por el Congreso, y no alcanza un decreto presidencial como el que dictó Mauricio Macri.

La otra novedad en la causa, es que a mitad de marzo y justo tres días antes de que Mariano Macri tuviera que declarar como testigo en la causa de los parques eólicos, su abogado hasta ese momento, Hugo Juvenal Pinto, renunció. Si bien el letrado, ante la consulta de Infobae, no explicitó los motivos, el paso al costado habría tenido que ver con la decisión de Mariano de haber concedido una larga entrevista en varios encuentros al periodista Santiago O’Donnell, volcadas luego en el libro “Hermano”.

Su nuevo defensor, que recién se presentó esta semana en el expediente, es Carlos Martín Giménez. La demora en la presentación de un nuevo abogado -pasaron casi dos semanas - desconcertó a los investigadores, y se desconoce cuál será ahora su estrategia de defensa judicial.

En lo que fue leído por los investigadores judiciales como una muestra más de la disputa familiar entre hermanos, Mariano Macri había rechazado con anterioridad la pretensión de la aplicación del régimen de blanqueo del 2016 solicitado por la Fiscalía. Ante la consulta de Infobae, Juvenal Pinto explicó poco antes de renunciar: “Pedimos el sobreseimiento de Mariano y rechazamos la pretensión de aplicación del blanqueo del 2016, porque era dinero de dudosa procedencia. Lo pedimos no por una razón formal, sino porque es inocente”. El menor de los hermanos Macri buscó así despegarse de esos USD 4 millones sobre los que la Justicia puso la lupa, pero aún sigue vinculado a la investigación.

“Acá hay una disputa familiar que incluye lo monetario y que excede el expediente judicial”, admitieron fuentes judiciales, quienes deslizaron que Mariano Macri habría sugerido que “el dinero no era específicamente de esa empresa“. Sin embargo, advirtieron que “la investigación debe circunscribirse al objeto procesal”, o sea, a esos USD 4 millones de la cuenta en Suiza a nombre de la firma BF Corporation.

Al declarar como testigo el 16 de marzo pasado ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi en la causa en la que se investiga si hubo irregularidades a partir de la concesión de parques eólicos durante el gobierno anterior, Mariano Macri se desdijo de lo que le había dicho al periodista Santiago O’Donnell y dijo no tener información sobre el tema. Según las entrevistas grabadas y volcadas en el libro, el menor de los Macri había afirmado que Gianfranco habría actuado como “testaferro” del ex presidente en el negocio de la familia con las energías renovables.

La investigación contra Grindetti

Otro de los casos revelados por los Panama Papers involucró al intendente de Lanús, Néstor Grindetti. La Justicia de Instrucción porteña todavía investiga su participación como apoderado de Mercier International, una sociedad registrada en Panamá, cuando Grindetti se desempeñaba como secretario de Hacienda de la ciudad de Buenos Aires.

Cinco años después de las revelaciones, la causa permanece abierta pero con avances mínimos. Grindetti, imputado en el caso, no fue indagado. El juez Diego Slupski, titular del Juzgado de Instrucción Nº 19, espera la respuesta de un exhorto enviado a Panamá que intenta averiguar si hubo movimientos de fondos vinculados a dicha sociedad.

Las autoridades panameñas ya contestaron -en otro exhorto- que Mercier International prácticamente no había tenido movimientos en ese país. Después de pedir información a los bancos locales, precisaron que se registró un movimiento de dinero menor de unos USD 5000, correspondiente al pago de gastos administrativos.

La Justicia también recibió una respuesta desde Uruguay. El estudio Chadicov, que participó en el armado de Mercier International, dijo no haber tenido ningún tipo de contacto con Grindetti. El bufete uruguayo se puso en contacto luego con Mossack Fonseca para radicar la sociedad en Panamá.

Los documentos de bufete panameño detallaron que Grindetti había sido beneficiario de un poder para operar una cuenta de esta firma en Suiza cuando era funcionario porteño, entre 2010 y 2013. El actual intendente de Lanús no la consignó en su declaración jurada como secretario de Hacienda de la Ciudad. En su descargo dijo que la firma nunca operó y que desconocía la existencia de la cuenta, por la cual no habría pasado dinero.

El “misterio” de Val de Loire

Otra investigación producto de los Panama Papers que la Justicia argentina aún no cerró es la referida a la misteriosa sociedad offshore Val de Loire, firma que fue accionista del Hipódromo de Palermo (HAPSA), y respecto de la cual siguen los interrogantes sobre su verdadero dueño.

El socio mayoritario de Hipódromo, Federico de Achával, siempre negó ser el controlante en las sombras de Val de Loire, a pesar de que los intermediarios uruguayos así lo identificaron en un documento que giraron a Panamá en agosto de 2014. La firma fue cerrada a principios de 2017 después de estallado el escándalo.

El juez federal Sebastián Casanello sigue tratando de reconstruir “la ruta del dinero” de los USD 70 millones que HAPSA envió al exterior, a través de una serie de préstamos, a Val de Loire. Esta sociedad offshore fue creada en el estado norteamericano de Nevada, considerado una suerte de paraíso fiscal dentro de Estados Unidos. Los fondos fueron luego depositados en Alemania y Suiza.

Con ese objetivo le pidió colaboración a la Unidad de Información Financiera (UIF) para que reconstruya el circuito del dinero, más allá de Val de Loire, y aporte información de inteligencia sobre cómo se fondearon esos préstamos y cuál fue el origen de los fondos. El informe de la UIF -solicitado durante la actual gestión- está pendiente.

De Achával no fue indagado hasta ahora. En su momento, Casanello dictaminó que por tratarse de una presunta evasión fiscal, debía ser investigada por el fuero Penal Económico, pero la Cámara resolvió que el expediente permanezca en su Juzgado, y que profundice la investigación por presunto lavado.

Aún no hay una hipótesis de cuál sería el origen ilícito de los fondos que De Achaval habría lavado, mediante el giro al exterior del dinero y el uso de sociedades offshore.

El debate sobre las offshore

Las revelaciones de los Panama Papers pusieron en la agenda pública y en la discusión política de Argentina la utilización de sociedades offshore y su posible utilización para cometer delitos. Si bien en un primer momento hubo quienes defendieron su legalidad y el debate giró sobre la omisión de consignarlas en las declaraciones juradas de los funcionarios públicos y ante la AFIP (el organismo recaudador de impuestos), luego avanzó sobre su uso - aun siendo legales - con fines ilícitos, como la elusión de impuestos, la fuga de divisas al exterior y el lavado de dinero.

La visibilización del uso de las offshore contribuyó a que Argentina avanzara en la firma de acuerdos para el intercambio de información financiera de argentinos con cuentas en el exterior no declaradas. También a que la AFIP dirigiera esfuerzos hacia la localización de esos activos, en muchos casos, a nombre de sociedades pantalla, y pusiera la lupa en el rol de los intermediarios financieros y las triangulaciones con jurisdicciones off shore, como mecanismo para dificultar la identificación de los beneficiarios finales detrás de transacciones millonarias.

En plena pandemia, en septiembre del año pasado, hubo incluso un proyecto de ley presentado por la diputada Fernanda Vallejos para excluir de medidas de apoyo económico por parte del Estado en el marco de la emergencia por COVID 19 en los casos de empresas vinculadas o ubicadas en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación.

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