La oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió un duro reporte sobre la situación de los Derechos Humanos en la Argentina entre 2019 y 2020, donde se mencionan casos de presuntos abusos institucionales, entre ellos, la desaparición del joven Facundo Astudillo Castro en la provincia de Buenos Aires, el asesinato de Valentino Blas Correas en Córdoba, el homicidio de Jorge Martín Gómez en la Ciudad de Buenos Aires, la situación en las cárceles, y las detenciones “arbitrarias” durante la cuarentena. Allí, el gobierno de Joe Biden advierte sobre la “impunidad”, la “corrupción” y la actuación de un “sistema judicial lento y politizado que impide los esfuerzos para investigar abusos”.
El informe, que es anual y abarca a todos los países del mundo, fue publicado el lunes. En la primera sección del apartado sobre Argentina, titulada “Respeto por la integridad de las personas incluyendo la libertad”, el reporte señala que “hubo varios reportes de que el Gobierno o sus agentes cometieron asesinatos arbitrarios o fuera de la ley” y menciona el caso de Valentino Blas Correas, el joven de 17 años asesinado en Córdoba, y el homicidio de Jorge Martín Gómez en la Ciudad de Buenos Aires. También señala que el Comité contra la Tortura de la Comisión de la Memoria de Buenos Aires reportó 134 muertes en 2019 debido al “exceso de fuerza policial” en el área metropolitana de Buenos Aires. Y cita a una ONG que reportó que hubo 401 muertes ese año causadas por las fuerzas policiales. “Ambas organizaciones coinciden en que las investigaciones sobre violencia policial y el uso de la fuerza letal en la provincia fueron limitadas”, sostuvo el reporte.
El reporte también refiere al caso de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, en abril. En la sección titulada “Desapariciones”, señala que ocurrió “poco después de que la policía lo hubiera arrestado por violar la cuarentena contra el COVID-19″. En otro pasaje, dice: “La ley argentina prevé la prohibición de la tortura y se la pena con castigos similares a los de los homicidios, pero hubo reportes de que la policía y los oficiales de prisión torturaron prisioneros”. Y concluye: “La impunidad sigue siendo un problema significativo en las fuerzas de seguridad de todos los niveles. La corrupción y un sistema judicial lento y politizado impide los esfuerzos para investigar abusos. El Gobierno generalmente denuncia el reporte de abusos y hace esfuerzos para entrenar a las fuerzas militares y de seguridad en todos los niveles acerca de los derechos humanos, incluyendo un entrenamiento online en la pandemia”.
El gobierno de Estados Unidos también apunta con dureza sobre la situación en las cárceles. Concluye que “frecuentemente son duras debido a la sobrepoblación, la pobre atención médica y las condiciones no sanitarias”. Y señala que “hubo reportes de transferencias forzadas y uso recurrente del confinamiento en soledad como método de castigo, particularmente en la provincia de Buenos Aires, que alberga a más de la mitad de la población encarcelada del país”.
En un pasaje, informa que en agosto de 2019, la policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a tres vendedores ambulantes africanos por vender bienes de contrabando y que “grupos locales que representan a trabajadores informales denunciaron que los arrestos fueron innecesarios e involucraron el uso excesivo de la fuerza”. Y cita un informe de 2019 de Naciones Unidos que “notó cómo los migrantes de África, especialmente los vendedores callejeros, fueron reportados como los ejes de arrestos arbitrarios y violencia policial”.
Además, señala que organizaciones de derechos humanos denunciaron arrestos arbitrarios y “no registrados” en el marco de la cuarentena nacional contra el COVID-19: “Se acusó a la policía de no registrar las detenciones, de tratar a los detenidos con fuerza excesiva y de ubicarlos en lugares de detención que amenazaban su salud”. En este contexto, cita el caso de la mujer que fue arrestada en Bariloche por pasear a su perro.
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