Santa Fe y un intendente opositor se rebelaron ante la disposición del Gobierno sobre el trabajo remoto de los empleados de la administración pública

Con la idea de frenar el impacto de la segunda ola de Covid-19 en el país, el Gobierno dispuso en los últimos días unas serie de medidas (en esta nota está el detalle de cada una de ellas) como, por ejemplo, que todos los empleados de la administración pública realicen su trabajo de manera remota durante tres días, que se acoplan a los feriados de jueves y viernes de Semana Santa, y el fin de semana.

En las últimas horas el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, se rebeló ante esta resolución y aseguró que en la ciudad de Mar del Plata las oficinas municipales no cerrarán. “Ya todos aprendimos cómo cuidarnos y no tenemos que aflojar. Desde el Municipio seguiremos controlando que se cumplan los protocolos, y tenemos que continuar las tareas previstas”, señaló a través de las redes sociales. Y agregó: “No podemos parar la ciudad”.

De acuerdo con lo que informaron ayer tanto el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, como la ministra de Salud, Carla Vizzotti, la ciudad balnearia no integra el listado de distritos que registraron un alza en la cantidad de casos de COVID-19 y que encendieron todas las alarmas del Gobierno.

El gobierno de la provincia de Santa Fe, en tanto, informó a toda la plantilla de agentes estatales provinciales que no hay cambios previstos para el desarrollo de las próximas jornadas laborales. A través de un comunicado se informó que si bien se está siguiendo atentamente la progresión de casos de coronavirus en varios puntos del país, la evaluación sanitaria en curso no muestra indicadores para variar la modalidad de trabajo de las empleadas y empleados públicos santafesinos.

Además del teletrabajo en el sector estatal, el Gobierno recomendó ayer a los gobiernos provinciales tomar como referencia dos parámetros de riesgo que aparecen en artículo 4 del DNU 167/2021, que prorroga la emergencia sanitaria. “La situación epidemiológica es preocupante, se ve un aumento sostenido del número de casos en la mayoría de los departamentos del país”, resaltó Vizzotti.

Respecto a los parámetros: cuando el cociente (resultado de dividir) entre el número de casos confirmados acumulados en los últimos 14 días y el número de casos confirmados acumulados en los 14 días previos, sea superior a 1,20, y cuando el número de casos confirmados acumulados de los últimos 14 días por 100 mil habitantes, sea superior a 150, las autoridades provinciales quedarán habilitadas para tomar medidas restrictivas por la noche.

Según explicaron los funcionarios, hay 45 departamentos de 13 provincias que se encuentran en mayor riesgo, ya que superaron los parámetros de los dos indicadores. Mientras que hay cuatro departamentos de cuatro provincias que presentan una incidencia mayor de 150 y, ya que se trata de grandes aglomerados urbanos, constituyen un “riesgo elevado”.

Los distritos donde aumentaron la razón y la incidencia se ubican en las provincias de Buenos Aires (Avellaneda, Berazategui, Campana, Cañuelas, Chivilcoy, Ensenada, Esteban Echeverría, Florencio Varela, General Alvarado, General San Martín, Hurlingham, José C. Paz, La Plata, Lanús, Malvinas Argentinas, Morón, Necochea, Olavarría, Pilar, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Trenque Lauquen, y Vicente López); Chaco (Departamento de Mayor Luis J. Fontana).

También Córdoba (Departamento de Tercero Arriba); Corrientes (Goya); Entre Ríos (Colón); Mendoza (Luján de Cuyo); Misiones (Montecarlo); San Juan (San Juan capital); Santa Cruz (Deseado); Santa Fe (Castellanos, Constitución, Rosario, San Lorenzo, San Martin); Santiago del Estero (Santiago del Estero capital) y Tucumán (San Miguel de Tucumán, Lules, Tafí Viejo, Yerba Buena).

Los distritos donde el indicador de la razón permanece estable, pero es alta la incidencia y conforman grandes urbes, son la Ciudad de Buenos Aires y las capitales de Córdoba, Corrientes y Misiones.

En función de lo expuesto, el gobierno nacional recomendó a los gobiernos provinciales y municipales de esos departamentos implementar medidas intensivas, localizadas y transitorias, teniendo en cuenta las actividades definidas como alto, mediano y bajo riesgo.

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