Luego de días de incertidumbre y tras semanas de virtual acefalía en el Ministerio de Justicia, finalmente Martín Soria asumió al frente de esa cartera en reemplazo de Marcela Losardo, quien no estuvo presente en el acto ni tampoco compartió una reunión de transición con el ministro entrante. El dirigente rionegrino renunció este fin de semana a su banca como diputado nacional por su provincia y se prepara para encarar tres objetivos claves para el Gobierno. Su designación fue publicada este lunes en el Boletín Oficial.
En un acto breve que se llevó a cabo en el Museo del Bicentenario, el presidente Alberto Fernández le tomó juramento a Soria, que estuvo acompañado por su hermana María Emilia, intendenta de General Roca, y un pequeño grupo de familiares.
Antes de iniciar la ceremonia el Presidente recordó a Marcela Losardo, su íntima amiga y socia en el estudio jurídico, a la que eligió para ocupar la cartera de Justicia. “Le quiero agradecer a Marcela por el gran trabajo que hizo. Hizo un trabajo que tuvo que ver exactamente con lo que yo le pedí”, sostuvo.
Losardo se fue en medio de una batalla dialéctica que la vicepresidenta Cristina Kirchner inició contra la Justicia. La ex ministra no se sentía cómoda y le pidió al Presidente dejar su cargo. En su lugar ingresó Soria, un dirigente afín al kirchnerismo y de buena sintonía con La Cámpora, además de un militante de las principales acusaciones de la vicepresidenta contra la Justicia.
En el acto hubo presencia del “albertismo” y de dirigentes que pertenecen al sector más duro del kirchnerismo. Una suerte de equilibrio simbólico en el acto de asunción para ocupar un puesto muy sensible, debido a la proyección de reformas que tiene estipulada el Gobierno sobre los diferentes sectores de la Justicia.
Estuvieron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros de Educación, Nicolás Trotta, de Infraestructura, Gabriel Katopodis, de Defensa, Agustín Rossi, y de Trabajo, Claudio Moroni. Junto a ellos se sentó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
También estuvieron, el secretario de la Presidencia, Julio Vitobello; el secretario de Comunicación, Juan Pablo Biondi; y el secretario de Energía, Darío Martínez, dirigente neuquino que tiene una relación de amistad con Soria. Además, se hicieron presentes los senadores Oscar Parilli, Martín Doñate y Mariano Recalde, que también es integrante del Consejo de la Magistratura.
Por parte de la Justicia estuvieron presentes el presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea, y su vicepresidente, Alberto Lugones. Además, estuvo en el Museo del Bicentenario quien será el segundo de Soria en el Ministerio de Justicia, Juan Martín Mena.
Soria, de 45 años, está casado, tiene dos hijas, fue intendente de la localidad rionegrina de General Roca en los períodos 2011-2015 y 2015-2019, y candidato a gobernador de su provincia en 2019. Desde diciembre de ese año integra las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Juicio Político y Justicia del Congreso. En esa tapa tuvo su acercamiento más fuerte al kirchnerismo.
También formaba parte de la Bicameral de Implementación del Código Procesal Penal Federal. Con anterioridad, fue legislador provincial entre los años 2007 y 2011.
Abogado recibido en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 2004, comenzó a trabajar en la Justicia nacional en lo criminal y correccional federal en 1996 y en 2004 fue designado relator en la Cámara Federal de Apelaciones de Río Negro.
El Poder Ejecutivo postergó para hoy la ceremonia de asunción del flamante ministro ya que priorizó el tratamiento de reforma del Impuesto a las Ganancias que culminó este domingo en la Cámara de Diputados. Con el ingreso formal de Soria al Ministerio de Justicia, Alberto Fernández buscará cerrar el nuevo capítulo de la crisis iniciada a partir de su polémico discurso de endurecimiento ante el Poder Judicial, durante la Asamblea Legislativa.
Su banca en representación de la provincia de Río Negro será ocupada por el ex intendente de la localidad provincial de Campo Grande, Pedro Dantas, quien hasta ahora presidía la sede de ANSES en Cipolletti. Una vez en funciones, Soria pondrá la mira en sus prioridades como titular de la cartera de Justicia: impulsar en el Congreso la modificación del Ministerio Público Fiscal, ocupar los cargos vacantes de juzgados y fiscalías, y aprobar la reforma judicial.
El Decreto 225/2021 con su oficialización fue publicado este lunes. Tras asumir formalmente en la cartera de Justicia, su primer desafío será lograr los votos necesarios para aprobar la ley de modificación de la Procuración, con el fin de nombrar un nuevo titular en lugar de Eduardo Casal, quien ocupa ese puesto de manera interina.
Según los cálculos del flamante ministro, al oficialismo le faltan entre seis y siete votos para sacar la ley. En ese sentido su plan es acercar una oferta al bloque de Consenso Federal. El ofrecimiento será la posibilidad de quitar el discutido artículo del proyecto del Senado que modifica la mayoría para los jury de enjuiciamiento. En el actual contexto político judicial, la reforma de ese mecanismo, a través del cual se revisan las conductas de los fiscales y se define si se los expulsa o se los multa, pondría en jaque al procurador interino, Casal, y a los fiscales Eduardo Taiano y Carlos Stornelli.
Soria se sumará al pivot de poder kirchnerista junto al viceministro Mena, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y su medio hermano, Gerónimo Ustarroz, representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, órgano clave para la Justicia sobre el que hay una especial expectativa por la tarea de analizar el desempeño de los jueces federales, aquellos que investigaron y juzgan a la vicepresidente Cristina Kirchner por las causas de corrupción, y de hacer los concursos de jueces y fiscales en el Poder Judicial. Una de sus prioridades será empujar a máxima velocidad la ocupación de las vacantes.
Al frente de la cartera de Justicia, según pudo saber Infobae, Soria también avanzará con el objetivo de lograr la reforma judicial. Mientras tanto, mantendrá en sus cargos al viceministro camporista Juan Martín Mena, a quien desde el entorno de Losardo apuntaban como encargado de limar su poder; y al polémico secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, también cercano a Cristina Kirchner. Los destinos de la interventora del Servicio Penitenciario Nacional, María Laura Garrigós de Rébori –abogada y una de las fundadoras de Justicia Legítima– y de la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, aún son desconocidos. La primera en irse fue Laura Marcela Marrazzo, quien estaba a cargo de la Secretaría General de Justicia y Derechos Humanos.
Marrazzo llegó al Ministerio a un cargo que no existía y que fue creado con el objetivo de limitar el poder de los funcionarios más cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner. La Secretaría General de Justicia y Derechos Humanos estaba por arriba de la Secretaría de Justicia, a cargo de Mena, y de la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Pietragalla. Pero el nuevo espacio no gravitó en la estructura de poder. Continuaría la modificación de la estructura de funcionarios dispuestos por Losardo.
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