La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó a la justicia que le devuelvan, de manera urgente, el manejo de sus sociedades y hoteles. El pedido fue formulado por su abogado, Carlos Beraldi, en el cual reclamó la finalización de las intervenciones judiciales de las empresas Los Sauces SA, Hotesur SA, el hotel Los Sauces y el ‘condominio de Máximo y Florencia Kirchner’ en un plazo máximo de 60 días.
El pedido se hizo ante el juez del Tribunal Oral Federal 5, Daniel Obligado, el mismo que permitió que Amado Boudou accediera a prisión domiciliaria al comienzo de la pandemia. Beraldi, además, requirió que los interventores presenten un informe final y que un equipo técnico audite el trabajo de los auxiliares de la justicia para determinar la situación patrimonial de las sociedades y el condominio.
“Hacemos hincapié, una vez mas, en los perjuicios civiles y comerciales que se están operando en este fuero, totalmente ajeno a esas materias. Por eso surge un interrogante: ¿Quién se hará cargo de esos perjuicios?”, sostuvo Beraldi en la presentación a la que accedió Infobae.
Para la abogada Silvina Martínez, denunciante en la causa, “se trata de una maniobra que busca, por un lado, recuperar el control de los hoteles y las propiedades de la familia Kirchner como el ingresos de los alquileres de esos inmuebles”. También, dijo, “apunta a demorar, todavía más, el inicio del juicio oral y público de la causa que tiene a la vicepresidenta acusada de formar asociación ilícita dedicada al lavado de activos de fondos del Estado”. En ese marco, hizo una presentación ante el TOF 5 para evitar que se haga lugar al pedido.
El caso Hotesur investiga el alquiler que realizaron las empresas de Lázaro Báez de habitaciones de los hoteles de la familia Kirchner. Los hoteles eran gerenciados por la firma Hotesur, y la Justicia sospecha que esos cuartos permanecieron vacíos, pero se se simularon las contrataciones como una manera de facturar y de que ingresara dinero blanco a las arcas de los Kirchner. A criterio de los investigadores, el dinero con el que Báez pagó era en realidad una devolución por los contratos viales que recibió de obra pública en Santa Cruz -algo que está siendo juzgado ahora en el debate oral de obra pública en donde Cristina Kirchner está acusada junto a Lázaro y los ex funcionarios Julio De Vido, José López y Carlos Néstor Kirchner, entre otros-.
Fue la primera causa que se abrió en la Justicia cuando Cristina Kirchner aún era presidenta, por una denuncia de la entonces diputada Margarita Stolbizer. Después, llegó el caso Los Sauces, cuando Cristina Kirchner ya había dejado de ser jefa de Estado. Allí se investiga una maniobra similar a la de Hotesur, pero con el el pago de alquileres de inmuebles en Puerto Madero y Río Gallegos que realizaron Báez y Cristóbal López a la firma Los Sauces, de los Kirchner.
El caso Los Sauces fue elevado a juicio en 2018. Hotesur pasó a esa etapa en febrero de 2019. Sin embargo, hasta el momento no hay certeza de cuándo se realizará el debate oral. El año pasado se especulaba con que podría ser sobre el final de 2021, pero hasta ahora no hay certezas sobre ello.
En ese contexto, aparece ahora la presentación de la defensa de Cristina Kirchner. Allí se repasó que el 30 de septiembre de 2019 Obligado resolvió prorrogar las intervenciones dispuestas en el marco de la causa “Los Sauces” sin fijar un plazo determinado, “haciendo saber a los interventores (Raquel) Moyano y (Jordan) Kristoff que deberían rendir cuentas sobre su gestión los días 30 de cada mes. De igual manera se resolvió con relación a la intervención que pesa sobre Hotesur S.A., la cual se mantiene sin un plazo definitivo de culminación”. Asimismo detalló que “la obligación mensual impuesta por el Tribunal a los interventores sólo fue cumplimentada de manera parcial” ya que algunos de los informes “no fueron presentados o bien fueron aportados al proceso en forma extemporánea”.
“Ahora bien, más allá de lo expuesto precedentemente, lo cierto es que Los Sauces S.A. y el ‘Condominio Máximo Carlos Kirchner y Florencia Kirchner’ se encuentran intervenidos desde hace aproximadamente cuatro años, mientras que Hotesur S.A. lo está desde hace más de tres años. Lamentablemente, tal como lo hemos puesto de manifiesto en reiteradas presentaciones, los resultados obtenidos hasta la fecha corroboran, de manera objetiva y sin resquicio de duda, que no se ha cumplido con ninguno de los supuestos propósitos que se invocaron en la etapa instructoria para justificar la procedencia de estas inusuales medidas en sede penal. Ello así, pues la intervención de sociedades civiles o comerciales en sede penal no registra antecedentes y sólo se entiende en el marco del verdadero estado de excepción al que fue sometida la familia Kirchner”, afirmó Beraldi.
Según la defensa, “en lo que se vincula al plano de la gestión comercial, debemos destacar que varios inmuebles de gran valor, pese al extenso tiempo transcurrido, se mantienen sin ser alquilados o bien están ocupados por inquilinos que desde hace meses no pagan el correspondiente canon locativo (vgr., hotel Los Sauces Casa Patagónica y departamentos del edificio Madero Center)”. Y agregó que “en lo que respecta al hotel Alto Calafate, según lo expone el propio interventor Altman, el alquiler abonado por la locataria sería sustancialmente inferior a su valor de mercado, a lo que se suma la existencia de importantes saldos que no habrían sido cobrados y que -siempre según sus dichos- serían irrecuperables, por haber operado los respectivos plazos de prescripción”.
Asimismo, tanto las sociedades como el “condominio” registran cuantiosas deudas en concepto de impuestos inmobiliarios, tasas y expensas, las cuales además vienen generando importantes intereses resarcitorios y punitorios que deberán ser satisfechos al momento en que todo este descalabro comience a ser normalizado. El abogado destacó que previo a las intervenciones jamás se habían registrado pasivos.
“El segundo de los supuestos objetivos perseguidos por las medidas, esto es, la debida preservación de los inmuebles, tampoco fue cumplido. Basta con recordar que el hotel Los Sauces Casa Patagónica quedó en una situación de incertidumbre (al parecer, no se sabía si estaba o no alcanzado por las intervenciones judiciales); ello derivó en que Máximo Carlos Kirchner debiera afrontar en forma personal el pago de los salarios de los empleados a cargo del mantenimiento y la custodia del inmueble en cuestión”, se aseguró.
Según resaltó Beraldi, una de las propiedades que pertenecen al “condominio” fue intrusada y destrozada; además, al día de la fecha se desconoce a ciencia cierta el estado en que se encuentran varias de las propiedades de Los Sauces S.A. c. “Desde el punto de vista organizativo, los interventores de Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. han incumplido con sus obligaciones más elementales”, afirmó la defensa y agregó: “las intervenciones generaron contingencias sumamente costosas, ya que los administradores han reclamado honorarios a su favor por cifras millonarias”.
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