Si el líder de La Cámpora y jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Máximo Kirchner, finalmente se convierte en el nuevo presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense en mayo hay un tema subrayado en la agenda partidaria y en el que los intendentes esperan en el mediano plazo una acción concreta: encontrar un camino para dejar sin efecto la ley que limita las reelecciones indefinidas para intendentes, diputados, senadores, concejales y consejeros escolares.
La ley se aprobó en agosto de 2016 cuando María Eugenia Vidal mantenía un acuerdo de gobernabilidad con el Frente Renovador de Sergio Massa y tuvo el acompañamiento, incluso, de algunos intendentes del peronismo con los que se había acordado una reforma política que nunca avanzó más que el casillero de las reelecciones indefinidas. Ahora los jefes comunales tienen a su favor que Kirchner está en contra de esa ley, el peronismo es gobierno y el fin de la norma también es materia de debate en la oposición.
Hay dos caminos para explorar el tema que en los últimos meses del 2020 volvieron a la escena cuando la ola de contagios de coronavirus empezaba a bajar. Hacer una presentación judicial en conjunto exponiendo las fallas de la ley por ser retroactiva ya que considera el período de gobierno 2015-2019 como un mandato en curso o modificar la ley vía Legislatura. El presidente Alberto Fernández había remarcado frente a intendentes que no acompañaba la norma que ponía como tope dos períodos de gobierno.
Ahora, los intendentes esperan un gesto del líder de La Cámpora. “Máximo ya dijo que está en contra de la ley. Nosotros queremos que la gente elija, pero es algo que habrá que consensuar”, adelantó un intendente kirchnerista ante la consulta de Infobae.
Si lo que se busca es explorar el camino legislativo, el consenso sería con el Frente Renovador de Sergio Massa. También, en principio, debería cambiar la composición en el Senado bonaerense donde Juntos por el Cambio tiene mayoría numérica y no acompañaría en su totalidad una modificación. Tampoco lo haría hoy el bloque massista.
Hay una posición que sostiene que en realidad la ley beneficia a La Cámpora porque es una herramienta para mostrar posibles candidatos propios en territorios gobernados desde hace año por el pejotismo. Pero no es tan así. Cuando se votó esa ley, el entonces bloque del Frente para la Victoria donde estaban los legisladores de La Cámpora, fue por la negativa e incluso con un fuerte cruce verbal en el recinto con el bloque que en ese momento integraban referentes de los intendentes peronistas que sí habían dado quórum para que la ley se votara afirmativamente con el peso de Cambiemos y el Frente Renovador.
Pero pasaron cinco años y la foto cambió. Hoy los intendentes y La Cámpora se muestran más en sintonía detrás de la figura de Kirchner -como quedó evidenciado con el armado de la lista para la interna del PJ bonaerense que hasta el momento se haría frente a la lista de Alberto Samid- y esperan que la relación se sostenga hacia el armado de listas legislativas.
En el ejecutivo de Axel Kicillof sostienen que el tema se debería resolver en la Legislatura o vía judicial y por ahora eligen correrse de la discusión, aunque cuando los grabadores se apagan algunos funcionarios deslizan a modo personal que hay que respetar la voluntad popular.
Son 95 de un total de 135 intendentes e intendentas de Buenos Aires que no podrán ir por un nuevo período de gobierno en 2023: 51 de Juntos por el Cambio, 40 del Frente de Todos y cuatro de fuerzas vecinalistas.
“Hay distintas miradas al respecto, están quienes creen que la ley limita el derecho que tiene la gente de elegir libremente a sus candidatos, hay quienes piensan que se debería interpretar la ley habida cuenta de que en la República Argentina no hay retroactividad de las leyes y que debería empezar a regir recién en el 2019. Está discutido y hay gente de todos los partidos”, le cuenta a este medio un intendente peronista de la Primera sección electoral.
El mismo jefe comunal aclaró que hoy el tema central es la vacunación y la reactivación de la economía, pero que “en estas semanas y estos meses sí va a empezar a hablarse sobre qué hacemos con esa ley”.
La ley es totalizadora y abarca a dirigentes de todos los espacios políticos. Algunos intendentes que no podrán ir por un nuevo mandato son de comunas de peso territorial. Martín Insaurralde (Lomas de Zamora-FdT), Julio Garro (La Plata-Jxc), Alberto Descalzo (Ituzaingó-FdT), Néstor Grindetti (Lanús-JxC), Gustavo Posse (San Isidro-JxC), Héctor Gay (Bahía Blanca-JxC), Mariano Cascallares (Almirante Brown-FdT), Miguel Lunghi (Tandil-JxC), Mario Ishii (José C.Paz-FdT), Mario Secco (Ensenada-FdT), Ezequiel Galli (Olavarría-JxC), Juan Zabaleta (Hurlingham-FdT) o Jorge Macri (Vicente López-JxC).
El problema que reconocen algunos jefes comunales con la ley vigente es que no tienen sucesor o sucesora natural para ir a una elección. Por caso en Ituzaingó se intentó ir con Pablo Descalzo, hijo del intendente Alberto Descalzo y actual jefe de gabinete del municipio, como candidato pero a la hora del cierre de listas el plan se canceló. También ocurre una situación similar en Ezeiza donde el intendente Granados tendría que elegir entre su hijo Gastón Granados o su esposa Dulce Britos de Granados para ir por la sucesión. La escena se repite en otros municipios donde todavía no aparecen sucesores naturales.
En algunos municipios se viene pensando en la necesidad de una salida obligada: por ejemplo la apuesta de Jorge Macri es la actual concejal y ex diputada nacional Soledad Martínez quien encabezó la lista de concejales en las últimas elecciones.
La ley desdibuja la grieta y hoy con el peronismo k en el gobierno un sector de la oposición, sobre todo los intendentes radicales empiezan a mirar hacia el otro campamento a la espera de una avanzada contra la norma.
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