Las centrales sindicales del Mercosur y la Unión Europea unifican rechazo al acuerdo y piden participar de las negociaciones

En el marco del 30° aniversario del bloque regional, las confederaciones presentarán hoy un “Foro Laboral” con la presencia de funcionarios y diplomáticos. El sector gremial plantea reparos por los derechos humanos, laborales y ambientales que quedarán afectados por el tratado firmado en 2019

El sindicalismo se rearticula a escala internacional y plantea su rechazo al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

El 30° aniversario de la firma del Tratado de Asunción que dio a luz al Mercosur tendrá como novedad el puntapié de una iniciativa sindical a nivel internacional. Ante la presencia de funcionarios y diplomáticos, las centrales obreras de los bloques del Cono Sur y de la Unión Europea lanzarán hoy un “Foro laboral”, con el objetivo de rechazar los términos de la asociación birregional Mercosur-UE y presionar para que los representantes del movimiento obrero tengan participación en las negociaciones.

Al igual que la cumbre de presidentes del Mercosur, que será encabezada por el presidente Alberto Fernández, el lanzamiento del Foro Laboral será de manera virtual, a partir de las 12 de este viernes. Los conductores del evento son la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS) y la Confederación Europea de Sindicatos (CES). En lo formal, las dos entidades representan a las principales organizaciones del sindicalismo de los países de ambas áreas económicas, entre las que se incluye la CGT y las CTA argentinas.

La CCSCS y la CES ratificarán, ahora de manera unificada, su oposición al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea que se selló el 28 de junio de 2019, tras veinte años de negociaciones. Los sindicatos argumentan que fueron vetados -junto a los empresarios- de participar del diseño del tratado internacional, lo que “desconoce el rol democrático” que tienen este sector de la sociedad como “agentes fundamentales del desarrollo sostenible”.

En una declaración conjunta, la Coordinadora del Cono Sur como la Confederación Europea deslizaron un grupo de críticas al acuerdo Mercosur-UE, entre ellas, la no inclusión de garantías de “protección ambiental y el respeto de los derechos humanos y laborales”, la exclusión de los sindicatos en el “monitoreo y garantía del respeto de los compromisos con las normas laborales internacionales fundamentales” y la falta de un “Foro Laboral específico que supervisaría la implementación de la dimensión laboral”, como la ausencia de sanciones y controles en materia laboral.

Además, tampoco “considera las sensibilidades y asimetrías de las dos partes”, como el riesgo que implica para las industrias nacionales del Mercosur y el sector agrícola de la Unión Europea; carece de una “exención general para los servicios públicos” en lo que respecta a liberalización de servicios, y no incluye “mecanismos efectivos para promover las pequeñas y medianas empresas, como el apoyo financiero y la transferencia de tecnología”, entre otros aspectos.

Las entidades sindicales se hacen eco de los temores que genera el tratado de libre comercio en la actividad productiva. Consideran que existe un “sesgo comercial” que abandonará el mandato de profundizar la relación histórica entre el Cono Sur y el Viejo Continente, que tenía la intención de generar un modelo desarrollo sostenible y con justicia social. Por eso, instan a los representantes de la Unión Europea y del Mercosur a “tener debidamente en cuenta las preocupaciones de los trabajadores y trabajadoras”.

Alberto Fernández encabeza la presidencia pro témpore del Mercosur.

El sindicalismo ante la integración

El ala sindical de la puja comercial hará una demostración de presencia este viernes ante las autoridades políticas que llevan adelante las conversaciones. La actividad será encabezada por el uruguayo Fernando Gambera, titular de la Coordinadora del Cono Sur y dirigente de la central PIT-CNT; y el italiano Luca Visentini, por parte de la CES. Habrá también apoyo gremial global, como la secretaria general de la Confederación Sindical Internacional (CSI), Sharon Burrow, la entidad sindical más grande del mundo que aglutina a organizaciones de 163 países y representa formalmente más de 200 millones de trabajadores.

Entre los diplomáticos el nombre más destacado es el de Pablo Grinspun, embajador argentino para la Unión Europea; el director de Asuntos Internacionales del Mercosur, Darío Celaya; y Gerardo Corrés, director de Relaciones Internacionales del Ministerio de Trabajo. También habrá funcionarios de la contraparte del Viejo Continente, como referentes de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo.

Al menos desde 2016, las organizaciones sindicales de Europa y el Cono Sur presentaron numerosas notas con planteos a las autoridades políticas, pero no prosperaron ni pudieron torcer la orientación del acuerdo UE-Mercosur. Después de la firma del acuerdo marco en 2019, recordada por el anecdótico llanto de festejo del ex canciller Jorge Faurie en el gobierno de Mauricio Macri, se abrió un período de revisión legal y de ajuste del texto, para ser luego traducido y aprobado por cada parlamento de los países adherentes.

Sin embargo, la versión final de ese documento no se cerró y el acuerdo de integración entró un terreno de incertidumbre, con el cambio político en Argentina desde la llegada del gobierno de Alberto Fernández, y el rechazo del brasileño Jair Bolsonaro a adecuarse a una política ambiental sustentable. El golpe más fuerte lo dio la propia Unión Europea, que oficializó su negativa a firmar los términos del acuerdo tal como están.

La intención de los negociadores es destrabar y modificar el capítulo ambiental, a raíz del impacto que tendrían las exportaciones primarias en la Unión Europea y las débiles regulaciones en relación al cambio climático. El ambientalismo está organizado políticamente y con capacidad de movilización en Europa. Esos cambios no serían suficientes para convencer a todos los protagonistas, sobre para quienes velan por resguardar los intereses industriales en el Mercosur.

Con el lanzamiento del Foro Laboral, la Coordinadora intenta recuperar el protagonismo que llegó a tener en los años noventa en el Mercosur, cuando el bloque daba sus primeros pasos. Se creó en 1986, casi en espejo al Mercosur: su primera tarea fue intervenir en la integración. Era otra etapa del mundo y de la globalización, donde la mayoría de los países confluían hacia el multilateralismo y a los organismos de libre comercio tras la finalización de la Guerra Fría.

Por entonces, el agrupamiento sindical pudo torcer el curso de algunas negociaciones del bloque regional y tuvo éxito en la inclusión de una dimensión laboral. De esa intervención de alta diplomacia se creó que Subgrupo de Trabajo (SG11), la primera institución laboral del organismo; y se sancionó la Declaración Sociolaboral del Mercosur, primero en 1998 y luego en 2015, uno de los pocos institutos con capacidad de regulación de las relaciones laborales en la región. En 1999, cuando el Mercosur enfrentaba su primera crisis por la devaluación del real y la fuerte caída del comercio intrabloque, la Coordinadora fue uno de los pocos grupos con iniciativa para defender al organismo. Desde el siglo XX en adelante hubo pequeñas reformas, y el bloque perdió vitalidad. En 2021 el contexto es otro. Tanto el Mercosur como la Unión Europea están debilitados por la crisis generada por el coronavirus, las divisiones políticas internas y el antiglobalismo.

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