A fines de octubre y por unanimidad, el Senado aprobó la prórroga hasta 2024 de la ley que promueve la producción de biocombustibles. La iniciativa fue motorizada por una kirchnerista de alineamiento directo con Cristina Fernández de Kirchner: la santafesina María de los Angeles Sacnum. Pasó el tiempo y contra lo que se esperaba, Alberto Fernández no la incluyó en el temario de sesiones extraordinarias, a pesar del pedido de opositores, de la propia legisladora oficialista y de gobernadores peronistas. Quedó frenada en Diputados. Y como respuesta, se anuncia ahora otro texto, a cargo de Máximo Kirchner, de previsible y cercano impacto económico. El Congreso ya expone esa tensión, con sorpresa y malestar en la Cámara alta, batalla abierta en Diputados y mensaje bastante claro de jefes provinciales del PJ al Presidente.
La magnitud del tema está implícita en el consenso fuera de la común en el Senado, hace apenas cinco meses: el “régimen de regulación y promoción para la producción y uso sustentable de biocombustibles” alcanza a más de cincuenta industrias en diez provincias. El esquema nació en 2006 y tanto referentes del oficialismo como de la oposición señalan que debe ser actualizado, pero con búsqueda de acuerdos que incluyan a los sectores productivos y contemplen además el cuidado medioambiental. Se trata, enfatizan, de rediscutir la matriz energética del país. Eso explicaría una prórroga de mediano plazo -cuatro años- para dar la discusión necesaria.
En el medio, legisladores de distintas fuerzas -sobre todo los que venían reclamando la aprobación en Diputados del proyecto avalado por el Senado- advertían sobre una “renovado lobby” de empresas vinculados a la producción petrolera y de algunos representantes de provincias del Sur. En esa línea, resulta llamativo el cambio que asoma. El oficialismo podría pasar de darse casi todo el tiempo de la actual gestión para discutir una nueva norma a la urgencia de resolverlo ya, sin prórroga y antes de que venza el actual régimen, en mayo.
En rigor, el brusco giro quedó en claro frente a la insistencia y disgusto por la falta de tratamiento del proyecto expresados por algunos referentes de Juntos por el Cambio y los legisladores que integran el Interbloque Federal, empezando por quienes se referencia en Roberto Lavagna y los peronistas cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti.
Y esa vuelta de tuerca política, a pesar de los tiempos políticos y legislativos que van apremiando, es hasta ahora un enunciado. Se habla de “ideas” y de un supuesto borrador en manos de Máximo Kirchner, sobre el cual trascendió poco pero nada menor: se bajarían los niveles de corte -es decir, el porcentaje de biocombustible-, quedarían fuera del sistema o con niveles muy acotados las “grandes” empresas y se favorecería, según el enunciado, a pymes del sector, algunas de las cuales serían distintas sociedades pero no necesariamente ajenas entre sí. Se verá si la idea prospera.
Por lo pronto, el trascendido encendió la alarma porque podría generar un fuerte conflicto con un sector de peso en la agroindustria. Y ya circulaban advertencias, entre senadores y diputados, sobre el impacto en materia de empleo. En algunos casos, como el de Tucumán, frente al inicio cercano de la zafra. No es el único ejemplo. Córdoba también está especialmente preocupada y eso explica el impulso de Schiaretti a los legisladores del peronismo cordobés. Y algo parecido ocurre en Santa Fe, una provincia en la que la gestión peronista de Omar Perotti debe atender varios frentes sensibles.
No fue casual el papel de la kirchnerista Sacnum, que hacia fines de enero había reclamado sin éxito al Presidente el tratamiento de la prorroga en extraordinarias. Bastante evidentes fueron los mensajes enviados ayer mismo por senadores oficialistas, aprovechando el debut de la Comisión de Agricultura y Ganadería. Desde el presidente del bloque del Frente de Todos, José Mayans, hasta el sanjuanino Rubén Uñac y la tucumana Beatriz Mirkin. También, el sanluiseño Adolfo Rodríguez Saá y el chaqueño Antonio Rodas, alineado con Jorge Capitanich. Buena parte del arco peronista. Y provincias de peso en el armado territorial del PJ.
Ese es un punto relevante para lectura del Presidente. El reclamo formal de esos senadores fue expuesto como la necesidad de precisiones de sus propios colegas de Diputados sobre cuál sería el nuevo plan. Algunos señalaron la necesidad de ratificar la prórroga y luego discutir una nueva ley. Varios expresaban a la vez cierta molestia contenida porque se trató de un proyecto con apoyo total de todos los bloques que nunca fue tratado.
El Gobierno dejó correr el tiempo de manera riesgosa, tal vez por cuestiones domésticas. La oposición impulsa para mañana una sesión especial de Diputados con el fin de tratar la prórroga ya sancionada por el Senado. La cita es motorizada por Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal, y tal vez cuente con alguna adhesión más. Difícil que logre el número para sesionar, pero es una advertencia sobre los márgenes estrechos con que cuenta el oficialismo.
No se sabe aún cuál sería el proyecto alternativo frente al texto que hace rato remitió el Senado. Por lo pronto, en el Gobierno no descartan mantener la prórroga al menos hasta que avance otra ley. La nueva iniciativa demandaría consenso político y tratativas con sectores productivos si se pretende un camino allanado. Por ahora, asoma un panorama político difícil en el arranque del año electoral, un calendario que corre en la competencia con la oposición y también en el juego de equilibrios internos.