La destitución de un alto mando de la Marina y los 45 días de arresto “riguroso” impuesto por el Consejo de Guerra al ex Jefe de Estado Mayor de la Armada, Marcelo Srur -entre otros- por el naufragio del ARA San Juan junto a sus 44 tripulantes el 15 de noviembre de 2017 podría impactar en la causa que investiga la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez.
En principio hay que aclarar que la resolución del tribunal militar no es vinculante. Sin embargo, la magistrada ya solicitó esas actuaciones y una de las querellas también la agregará al expediente.
Una resolución de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia le ordeno a Yañez que siga investigando las posibles responsabilidades del entonces presidente Mauricio Macri, de su ministro de Defensa, Oscar Aguad y también del ex jefe de la Armada en el naufragio.
Ninguno de los tres fue procesado por la magistrada. Yañez tenía previsto enviar la causa a juicio oral a más tardar mañana, es decir, después de que se conociera el fallo del tribunal militar. Pero una presentación de la defensa del Contraalmirante (R.E.) Luis Enrique López Mazzeo, procesado en la causa penal, obliga a que el expediente vuelva al tribunal superior.
El tribunal militar no destituyó al ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, que fue pasado a retiro durante la gestión de Aguad y Srur al frente de esa fuerza armada. En cambio lo sancionó con 15 días de “arresto riguroso” por “no haber dado cumplimiento a la orden impartida por el Jefe de Estado Mayor General de la Armada (Srur) de no ausentarse de la sede de su Comando juntamente con su Oficial de Operaciones, pese a estar en conocimiento de la avería inicial del submarino ARA San Juan, con el agravante de hacerlo para supervisar actividades de carácter subsidiario en el noreste del país”.
A Srur, contra quien se había especulado que podía perder su estado militar, también se le aplicaron 45 días de arresto, entre otros motivos por “haber informado en forma incompleta al Ministerio de Defensa los sucesos iniciales acontecidos con el submarino ARA San Juan, impidiendo de esta forma también proporcionar información a los familiares de los tripulantes, con el agravante de no comparecer ante la opinión pública demostrando falta de compromiso y diligencia, con el consecuente menoscabo de la imagen institucional de la Armada Argentina”.
También fue penado con otros 30 días por otras faltas, pero no se suman, así que serán 45 días de arresto riguroso los que también deberá cumplir.
Que solo haya sido sancionado con la “destitución” por “encontrarlo incurso en la falta disciplinaria gravísima”, al capitán de navío Claudio Villamide, que era quien estaba a cargo del comando de la fuerza de Submarinos, podría hacer que la jueza Yañez siga manteniendo su postura de no imputar a Macri y Aguad, pero, eventualmente, cambiar de opinión sobre el almirante Srur, algo que su defensa descarta de plano.
La justicia de Caleta Olivia sí tenía como procesados, entre otros, a López Mazzeo y Claudio Villamide, ya que ambos estaban a cargo del submarino siniestrado.
“Desde la técnica jurídica no tiene ni debe ser vinculante la decisión del Consejo de Guerra, así como ni lo fue el informe de la bicameral. Ahora bien, desde la situación en que está la jueza de Caleta Olivia sería burdamente evidente que no tenga en consideración este decisorio teniendo en cuenta que está dispuesto por ley y la sanción puede ser cuestionada en la justicia aunque sea la contencioso administrativa federal”, sostuvo ante Infobae Luis Tagliapietra, abogado querellante y padre del oficial Alejandro Tagliapietra, una de las 44 víctimas del hundimiento.
Y agregó: “Oportunamente la jueza Marta Yañez solicitó la copia del expediente y la han notificado de cada movimiento del mismo por lo que le remitirán copia de la sentencia también y por supuesto lo vamos a usar como prueba, inclusive todo lo producido en estas audiencias que fueron reservadas, ahí podré ver por ejemplo si hubo contradicciones entre lo que declararon en sede judicial, en la Comisión Bicameral y en el Consejo de Guerra. Así que más allá de la influencia que pueda tener efectivamente, será muy útil para empujar esa investigación”.
Sin embargo, no todos los representantes de los familiares de los tripulantes razonan igual que Tagliapietra. La abogada Valeria Carreras y Laura Chávez, quienes están al frente de la segunda querella junto a Lorena Arias y Fernando Burlando, expresaron: “No vamos a utilizar en la causa de Caleta Olivia la resolución del Consejo de Guerra. Tampoco nos va a influir. Explico el por qué: ninguna de las cosas que se debatieron, ninguna de las falacias que se introdujeron, en el debate del Consejo de Guerra es vinculante. Tampoco tuvimos la oportunidad de controlarlo y cotejarlo. Y por los trascendidos se desvirtuó la prueba lograda en sede judicial. En absoluto esta querella va a utilizar lo que diga, resuelva o halla dicho el Consejo de Guerra”.
Recién en cinco días hábiles el tribunal militar dará a conocer los argumentos por las que resolvió las penas y las absoluciones. Recién en ese momento la jueza federal, como las querellas, tendrán los elementos a la vista y si en ellos hay nuevas pruebas que podrían incriminar al almirante Srur.
Sobre Macri y Aguad no habría ningún elemento ya que el Consejo de Guerra solo entendía razones militares.
Ahora la pelota está, una vez más, en la justicia civil. Los dolientes observan atentamente los pasos que dará Yañez, ya que elevará la causa a juicio oral faltando las pericias sobre las fotos que se tomaron del submarino a más de 900 metros de profundidad por la empresa Ocean Infinity, que lo encontró un año después de su hundimiento.
Para los abogados que representan a las víctimas, esa pericia es clave y por eso se oponen a la elevación a juicio.