Jueces y fiscales trabajan en los detalles finales de lo que va a ser una nueva pelea con el gobierno de Alberto Fernandez: una demanda para pedir la inconstitucionalidad de la resolución de la ANSES en la que intimó a más de 200 magistrados y funcionarios que ya tienen la jubilación otorgada a presentar su renuncia. En el listado hay nombres de jueces y fiscales que ocupan cargos clave para el poder.
La acción será iniciada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN), presididas por Marcelo Gallo Tagle y Carlos Rívolo, respectivamente. La semana pasada, el mismo día que Martín Soria fue anunciado como ministro de Justicia, las entidades aprobaron el primer borrador de la acción. La idea es presentarse en el fuero contencioso administrativo federal los primeros días de esta semana, antes del feriado del miércoles por el día nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
“En otro contexto no estaríamos litigando, haríamos algo más administrativo”, le dijo a Infobae una de las personas que trabaja en la demanda. El contexto es lo que jueces y fiscales entienden como un ataque al Poder Judicial en su conjunto y a algunos jueces en particular. La lista incluye los proyectos de reforma -que se tratan en el Congreso- a la justicia federal y al Ministerio Público Fiscal, el discurso del presidente Fernández en el Congreso -”El Poder Judicial está en crisis, parece vivir en los márgenes del sistema republicano”-, el alegato de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa de dólar futuro - “Estamos en un momento muy grave institucional de la Argentina, no pueden seguir comportándose como una corporación”-, las críticas de Soria – ”Tenemos una Corte que fue complaciente cuando algunos camaristas tiraron todas las teorías jurídicas que aprendimos en la facultad por la ventana, como las prisiones preventivas”-, y las intimaciones de la ANSES.
La acción judicial coincidirá con la llegada de Soria al Ministerio de Justicia, donde se prevé que asuma a fines de la próxima semana. En el mundo judicial quieren que no se lea como un mensaje al flamante funcionario. “La demanda la venimos anunciando desde que la ministra era Marcela Losardo”, se ataja un juez. Pero inevitablemente los hechos se unen y significarán un foco de conflicto.
Paralelamente a la demanda y la asunción de Soria, el tema será tratado en el Consejo de la Magistratura de la Nación, encargado de la administración del Poder Judicial. La oposición presentó una nota para pedirle a la ANSES que deje sin efecto las notificaciones porque son una intromisión al Poder Judicial. El oficialismo comparte la idea que la ANSES no puede pedir renuncias pero busca un tono menos enfático. La decisión se tomará el jueves. Pero hay consenso en hacer una declaración -el Consejo ya no tiene facultades sobre las jubilaciones- que será un mensaje político del oficialismo y la oposición tal vez juntos.
La acción contra la ANSES será la segunda demanda que las asociaciones de jueces y fiscales presentan contra una iniciativa del Gobierno. La primera fue hace pocos meses, en diciembre, contra el nuevo régimen de jubilaciones del Poder Judicial. Apenas asumió, Alberto Fernández propuso una reforma al sistema judicial de jubilaciones que en marzo fue aprobado por el Congreso Nacional.
La ley 27546 hizo varios cambios. Elevó del 11 al 18 por ciento el aporte sobre el sueldo de los integrantes del Poder Judicial; mantuvo el 82 por ciento para la jubilación pero con el cálculo sobre las últimas 120 remuneraciones mediante una comisión que todavía no se creó; y elevó para los hombres la edad para retirarse de 60 a 65 años de manera escalonada año tras año hasta llegar en 2025 a los 65. El objetivo es paliar el déficit del sistema. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y el entonces director de Anses, Alejandro Vanoli, sostuvieron en el Congreso que el promedio de las jubilaciones de jueces y fiscales era de entre 300 y 400 mil pesos. La ANSES hoy está a cargo de Fernanda Raverta.
Las reforma jubilatoria fue el primer enfrentamiento de jueces y fiscales con el gobierno nacional. Desde el Poder Judicial aceptaron algunos cambios pero rechazaron las críticas de que tienen un régimen deficitario y señalaron que el Poder Ejecutivo no presentó esos números. Así a fines del año, AMFJN y AFFUN pidieron la inconstitucionalidad de la reforma. Lo hicieron en una causa que presenta una particularidad: no tiene juez. El caso se inició en la justicia en lo contencioso administrativo federal y ya pasó por media docena de magistrados que se excusaron de intervenir porque explicaron que están alcanzados por el régimen de jubilaciones y eso los afecta a la hora de decidir. Cuando todos los magistrados de primera instancia del fuero se excusen -si no es que alguna acepte- la Cámara resolverá cómo continuar.
A mediados del mes pasado, la ANSES -que con la nueva ley está a cargo de la jubilación del Poder Judicial hasta entonces a cargo del Consejo de la Magistratura- empezó a enviar cartas documentos a jueces, fiscales, defensores oficiales y funcionarios que ya tenían la jubilación otorgada.
En el texto el organismo les decía que tenían 30 días para presentar su renuncia y acogerse a la jubilación o caso contrario su trámite sería archivado. Se encendieron las alarmas. La primera fue política. En el listado había algunos integrantes del Poder Judicial a los que el gobierno nacional criticaba especialmente. Entre ellos los jueces de la Cámara Federal Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun, los de Casación Federal Eduardo Righi y Liliana Catucci, la magistrada federal y electoral María Servini, los fiscales federales Carlos Stornelli y Eduardo Taiano, el procurador general interino, Eduardo Casal, entre otros. De lograrse las renuncias son lugares clave para ocupar en el tablero del poder político-judicial. El listado incluye a más de 200 integrantes del Poder Judicial. Pero el número total no está claro. La AMFJN le pidió a la ANSES conocer ese listado pero no obtuvieron respuesta.
Desde hace años es una polémica por qué jueces y fiscales tiene la jubilación otorgada y sin embargo siguen en sus cargos. “Es una práctica de siempre que la ley nos permite”, explican muchos sin más, cuando otras personas deben jubilarse apenas concluyen el trámite. Para muchos la jubilación tiene un efecto paraguas. Están protegidos antes cualquier problema judicial que puedan tener que los ponga cerca de un juicio político. Si eso ocurre presentan la renuncia y si es aceptaba se jubilan. En cambio, si un juez o fiscal es destituido por mal desempeño pierden la jubilación.
La segunda alarma era por la incertidumbre del futuro del trámite administrativo. “La redacción de la circular era lo suficientemente ambigua para pensar cualquier cosa”, explica un magistrado. ¿Qué significa archivar el trámite? Algunos creen que el único efecto es que queda suspendido hasta que el juez se jubila, otros que se debía arrancar de cero y los más pesimistas que en rigor si no se jubilaban ahora cuando lo hagan iba a ser con la nueva ley que es más perjudicial.
Por eso las entidades van a la justicia. Quieren tener la certeza del alcance de la resolución de ANSES. Pero el objetivo de la demanda será el más alto: que sea declarada inconstitucional, tanto en el pedido de renuncia como en el archivo del trámite. Jueces y fiscales señalan que la ANSES no puede pedirle la renuncia a los integrantes del Poder Judicial porque estarían pasando por encima de la Constitución Nacional que fija los motivos por los que un juez deja de serlo. También señalan que quiénes se jubilaron con el régimen anterior no pueden hacerlo con el nuevo ya que sería retrotraer una ley. Algunos de los jueces intimados le contestaron a la ANSES con el rechazo al planteo, como el procurador Casal. Otros no lo hicieron a la espera de la presentación judicial de las asociaciones.
“Es una forma más de hacernos sentir el rigor del poder”, analiza un juez sobre los motivos de la resolución de la ANSES. “El segundo es hacerse de vacantes en lugares importantes”, agrega.
La intervención del Consejo
La semana próxima está previsto que el Consejo intervenga en el caso. El organismo ya no tiene ninguna facultad sobre las jubilaciones judiciales, pero quieren dar un mensaje.
La oposición presentó la semana pasada un proyecto para que se le pida a la ANSES que deje sin efecto las notificaciones a las jueces y fiscales ya que son “una perturbación a la tranquilidad de espíritu de los magistrados judiciales y una lesión al principio de independencia del Poder Judicial de la Nación”. El planteo lleva la firma del diputado del PRO Pablo Tonelli, de los jueces Juan Manuel Culotta y Ricardo Recondo, de la senadora de la UCR Silvia Giacoppo y de los abogados Carlos Matterson y Diego Marías.
El tema se trató en el último plenario del Consejo. El oficialismo pidió postergar el tema hasta analizar en profundidad una respuesta que envió la ANSES pero compartió con la oposición que no puede pedirle la renuncia a los integrantes del Poder Judicial. Se diferenció sobre la facultad del organismo en la regulación de las jubilaciones y su trámite. En esa línea la diputada peronista Graciela Camaño presentó su propio proyecto. “Ahí posiblemente se encolumne el oficialismo”, explicó un consejero.
La comisión de Labor del Consejo se reunió el jueves y analizaron el tema. Se decidió que será tratado y resuelto en el plenario del próximo jueves a las 10 horas. “Buscaremos un consenso para que sea unánime. Pero la diferencia está en el tono del rechazo”, explica un consejero. La oposición quiere dar un mensaje contundente. “Queremos estar alineados con la demanda de las asociaciones judiciales”, explica uno de los consejeros de la oposición.
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